Andalucía y Cataluña se plantan en la hora crucial del salvamento del euro

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba, con el voto en contra de Asturias y Canarias y la ausencia de Andalucía y Cataluña, un objetivo de deuda sobre el PIB nacional para el conjunto de las comunidades autónomas del 15,1% en 2012 y del 16% en 2013. Ha sido precisamente la ausencia de Andalucía y Cataluña lo que ha marcado el Consejo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha manifestado al respecto que estas ausencias "son lo de menos" y que los puntos del día se han aprobado con una "mayoría aplastante".

El Consejo, el órgano de coordinación de la política económica entre el Gobierno y las comunidades, se está convirtiendo en un escenario donde los responsables autonómicos expresan su malestar con las duras exigencias del Gobierno. La consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, se ha levantado esta tarde de la mesa donde estaban sentados el resto de consejeros y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su desacuerdo con el límite de deuda impuesto por el Ejecutivo para el próximo año. Fuentes presentes en la reunión cuentan como la responsable de finanzas de Andalucía ha pedido la palabra nada más comenzar la reunión para pedir que se flexibilice el objetivo de deuda. Al ver que su reclamación no era atendida ha dicho que "era injusto" y que Andalucía está recibiendo un trato "discriminatorio".

Uno de los puntos del orden del día del Consejo de Política y Fiscal que se ha celebrado hoy es "estudio de la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la aprobación para cada una de las comunidades para el periodo 2013-2015". El Gobierno pretende fijar un objetivo global de deuda para el conjunto de las comunidades en el 16% del PIB. No obstante, el objetivo es conjunto por lo que cada comunidad tendrá su propio límite que Hacienda ha calculado en función de unas variables, como el PIB, la desviación de deuda sobre la media y el esfuerzo de reducción del déficit. Así Andalucía en 2013 tendrá que reducir su deuda del 15,1% del PIB al 13,2%, según confirmó la consejera antes de abandonar el encuentro. "Estoy sorprendida de lo que ha pasado hoy en la reunión. En la reunión de Griñán con el señor en La Moncloa [en alusión al encuentro de ayer entre el presidente de la Junta y el jefe del Ejecutivo] parecía que existía una voluntad de cooperación y lealtad institucional. A los objetivos que se plantean para Andalucía, no solo el objetivo de déficit, que estamos en contra, además se suma un objetivo de deuda que genera un nivel de exigencia superior a aquellas comunidades con un endeudamiento menor".

La consejera andaluza visiblemente molesta aseguró antes de abandonar la sede de Hacienda: "Es inconcebible que tengamos que ajustarnos tanto en el déficit y en el endeudamiento comunidades que estamos por debajo de la media. A efectos prácticos, Andalucia debe hacer un presupuesto con un superávit de cerca de dos puntos de PIB. Lo que supone a Andalucía una petición desproporcionada cuyo objetivo es doblegar la voluntad de los andaluces y obligarnos a hacer un recorte indiscriminado e ilógico con servicios y prestaciones como la sanidad y la educación y eso no lo hemos aceptados. Ante eso vamos a hacer un recurso de inconstitucionalidad inmediata sobre los asuntos que aquí se adopten". Y agregó: "En dinero supone cerca de 3.000 millones, dos puntos del PIB de superávit. En el PIB de Andalucía tres puntos son 3.000 millones. Partimos de la voluntad de Andalucía de contribuir a los objetivos de estabilidad". Otras comunidades como Asturias también se han quejado por el objetivo de deuda.

Montoro ha insistido en que "Cataluña y Andalucía están siendo apoyadas en términos de liquidez" y ha rechazado que haya tratos discriminatorios. En alusión a los comentarios del consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que ha acusado al Gobierno centraL de los impagos de Cataluña, el ministro ha reprochado que lance "mensajes equívocos a los ciudadanos" y le ha aconsejado que se responsabilice de su propia gestión en lugar de buscar otros responsables.

Este es el primer Consejo que se celebra después de que tres comunidades autónomas hayan expresado su intención de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico. En el anterior, del 12 de julio, el Gobierno hizo público el endurecimiento de los objetivos de déficit para las autonomías: Se rebajaba del 1,1% del PIB al 0,7% en 2013, y del 1% al 0,1% para 2014. El fijado para 2012 es del 1,5%. Cuando las comunidades gobernadas por el Partido Popular siempre habían actuado en bloque, en esta ocasión se rebelaron, y varias amenazaron con abstenerse. Galicia cedió, pero, sí se abstuvieron Extremadura y Castilla León.

En el pasado Consejo, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias, que no están gobernadas por el PP, votaron en contra. Cataluña y Asturias ya han manifestado su intención de mantener la misma posición, si no se flexibilizan los objetivos de déficit.

La Comunidad Valenciana —con una deuda superior al 20,5% de su PIB— fue la primera en solicitar la ayuda del FLA. Con serias dificultades desde hace un año para poder hacer frente a sus compromisos, Valencia no ofreció en un principio la cifra exacta de la cuantía que solicitará para su rescate. Después, el consejero de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad Valenciana, Máximo Buch, puso un número a las necesidades de la Generalitat: 1.500 millones de euros de cobertura del déficit y otros 2.000 millones para cubrir vencimientos de deuda, hasta finales de 2012. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, adelantó además el pasado jueves 25 de julio, que el déficit del segundo trimestre del año se estimaba en 1,09%, 0,39 puntos más alto que en el primero. Aún así, Fabra insistía en su compromiso de cumplir el objetivo marcado por el Estado en 1,5%.

El 23 de julio, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, confirmó que su región tiene previsto acogerse en septiembre a la ayuda del Gobierno, con una petición de 300 millones de euros. Valcárcel se apresuró entonces a negar el término "rescate" y auguró unas condiciones "durísimas" por parte del Ejecutivo.

Cataluña anunció que se acogería al FLA el pasado 24 de julio para poder realizar los pagos a proveedores y a empleados públicos. Con una deuda que asciende a 42.000 millones, es la comunidad a la cabeza en términos de endeudamiento. Cataluña necesita refinanciar los casi 5.500 millones de vencimiento a los que se enfrenta en la segunda mitad de 2012. Tan solo un día después de solicitar el rescate, el Parlament dio luz verde a la petición de que Cataluña tenga su propia Hacienda, con un modelo de financiación similar al concierto económico vasco. El consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Collel, advirtió de que el Gobierno catalán no estaba dispuesto a tolerar "condicionantes políticos" por el rescate.

Los analistas han apuntado que Castilla-La Mancha será una de las comunidades autónomas que acudan al FLA. Autoridades del Gobierno regional han terminado por admitir que esta posibilidad no se descarta, si bien no se necesita de "manera urgente". El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado este lunes que su comunidad no se plantea por el momento acudir al fondo de rescate, en espera de observar la evolución de los mercados financieros.

Las condiciones que se han fijado para aquellas comunidades que pidan la ayuda vienen reguladas por el Real Decreto 21/2012. La presentación de un plan de ajuste deberá realizarse en los 15 días siguientes a la adhesión al Fondo estatal. Se deberá modificar el plan, en el caso de ya tenerlo, con la inclusión de los recortes o nuevos impuestos que se tengan que introducir. En los cinco primeros días de cada mes, las comunidades deberán remitir a Hacienda las actualizaciones de los planes para garantizar su cumplimiento. El adelgazamiento del sector público de las autonomías —con la desaparición de empresas públicas, despido de trabajadores y reducción de sueldos— es otro de las condiciones que el FLA fija.

Además, el rescate del FLA también limita a las comunidades en la emisión de valores y en la concertación de créditos en el extranjero, operaciones que no podrán realizar, salvo permiso expreso del Gobierno. Otra condición es que se ceden al Estado, con cargo al crédito concedido, la gestión del pago de sus vencimientos de deuda.

Gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Fondo de Liquidez Autonómica cuenta con una provisión de 18.000 millones de euros. Hay una aportación de 6.000 millones de euros de Loterías y Apuestas del Estado; 4.000 millones proceden del Tesoro y los bancos contribuirán con 8.000 millones de euros.