Escándalo de los ERE en Andalucía

Los tres primeros comparecientes en la comisión de los ERE anuncian su silencio

Alguno de los imputados se limitará a leer una declaración sin admitir preguntas

La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el fraude de los ERE ha comenzado sin respuestas a las preguntas formuladas. Los tres primeros comparecientes, imputados en la causa judicial, rehúsan someterse al interrogatorio por parte de los diputados de la Cámara para aclarar los detalles de su implicación en el caso.

La razón aducida es que su testimonio ante la comisión podría perjudicarles debido a que están acusados en la vía penal. Los comparecientes, el exdiputado socialista Ramón Díaz, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exjefe de servicio en la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois están obligados a decir la verdad, a diferencia del juzgado, donde pueden mentir para defenderse.

Ramón Díaz se ha negado a responder las preguntas de los diputados. La comisión delibera ahora si le obliga a escuchar las preguntas que le formulen o le permiten marcharse. "Ha habido una injusta relación entre los ERE y el fraude", sostiene.

En cualquier, la comisión de investigación se ha iniciado descafeinada para obtener respuestas por parte de los protagonistas del fraude. Cada una de las 23 comparecencias que se celebrarán esta semana y la próxima constará de tres horas, pero en el calendario se han pospuesto la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla.

José Manuel Carrión, abogado del exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, ya avanzó ayer que su cliente leerá un comunicado de unos 30 minutos para hacer una defensa cerrada de su papel en la tramitación de los ERE. Nada de responder las preguntas de los grupos políticos presentes en la comisión, PSOE, IU y PP. La citación de Mellet para acudir a la comisión era genérica: “Para informar a esta comisión sobre cuantos extremos pueda proporcionar sobre las ayudas sociolaborales durante 2001 y 2010”. Pero el testimonio de Mellet se limitará a aclarar su papel en la tramitación de los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007, aunque solo el primero de ellos contó con subvención de la Junta.

La juez Mercedes Alaya acusa al exdirector de la empresa municipal de participar en la inclusión de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en el ERE de Mercasevilla en connivencia con la consultora Vitalia. Sin embargo, Mellet está imputado en los cuatro sumarios vinculados al fraude, entre ellos un próximo juicio que afronta este otoño sobre un intento de soborno a dos empresarios hoteleros.

Mientras, el exdiputado del PSOE Ramón Díaz, uno de los últimos imputados en el caso y antigua mano derecha del ex director general Javier Guerrero en Empleo, también avanzó ayer su silencio a través de su abogado, Manuel Navarro. La intención de Díaz es leer un comunicado en el que recuerde su confianza en la justicia y justifique su silencio ante la causa judicial abierta que ya investiga los hechos.

Por último, el ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois ya adelantó el pasado domingo que se acogería a su derecho para no prestar declaración ante la comisión parlamentaria al ser “incompatible” con su condición de imputado. “El ordenamiento jurídico sitúa en posición diferente a quien declara ante una comisión de investigación parlamentaria y a quien lo hace en calidad de imputado ante un juez. Esa incompatibilidad debe ser resulta obviamente a favor de la declaración judicial”, opinó su abogado Juan Carlos Alférez.

Los comparecientes están obligados por ley a acudir ante la comisión parlamentaria. Sin embargo, no existe obligación para que declaren y pueden guardar silencio si lo estiman conveniente.

Por otra parte, el presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio García (IU), informó ayer de que la exconsejera de Economía durante una década (1994-2004) y exministra Magdalena Álvarez no podrá acudir la semana que viene como compareciente ante el grupo de trabajo debido a sus compromisos como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su declaración estaba prevista para el próximo 28 de agosto, pero coincide con una reunión de Álvarez en Luxemburgo, por lo que será pospuesta.

En la próxima reunión del 5 de septiembre la comisión decidirá la fecha de comparecencia de Álvarez, lo cual deja una puerta abierta a una segunda ronda de citaciones, un extremo que ningún miembro de la comisión confirma aún.

Mientras, el resto de los 24 comparecientes han sido notificados para que acudan al Parlamento excepto el empresario y exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años, Ángel Rodríguez de la Borbolla. El hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla no ha podido ser localizado al encontrarse en el extranjero, según justificó García. Ningún miembro de los Cuerpos de Seguridad ha podido localizarle durante las últimas semanas para entregarle su citación en su domicilio de la Sierra Norte de Sevilla, a pesar de la colaboración de la Delegación del Gobierno, destacada ayer por García.

La comisión de los ERE arranca con amenazas y alegatos de los investigados

Dos comparecientes anuncian acciones legales y tachan de coacción el interrogatorio

El exparlamentario del PSOE Ramón Díaz ha rehusado responder a las preguntas de la comisión parlamentaria sobre los ERE y se ha enfrentado al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), e incluso ha amenazado con abandonar la sala. Su abandono del interrogatorio hubiera supuesto un delito de desobediencia, dada su obligación a comparecer, por lo que este recordatorio le ha convencido para permanecer mientras los tres grupos parlamentarios le formulaban las preguntas.

Díaz ha implorado en repetidas ocasiones a la comisión que le permitiera ausentarse mientras se le preguntaba. Después de deliberar durante media hora, la comisión le ha obligado a permanecer y escucharlas. Pero cuando el exparlamentario ha oído la decisión de la sala, su respuesta ha sido sorprendente: Díaz ha amenazado a la comisión con emprender acciones judiciales contra los parlamentarios, porque considera que el interrogatorio puede ser una coacción.

El presidente de la comisión le ha explicado que la sala no iba a variar su postura, y después de tensos momentos e intercambio de amenazas veladas y un apercibimiento por parte de la sala para que guardara silencio, Díaz ha cedido. “Solo le pido que excuse mi presencia. Solamente le estoy diciendo eso”, ha insistido. García ha respondido: “Esta comisión entiende que no se conculcan ninguno de sus derechos porque usted escuche las preguntas”.

El presidente le ha preguntado si tenía algún problema físico o psíquico que le forzara a abandonar la sala. Pero Díaz lo ha descartado: “Me encuentro perfectamente. Estoy tranquilo y no tengo problema físico o psíquico (…) Las preguntas van a causarme un terrible daño y solo las contestaré ante la juez Alaya”. La negativa de responder de Díaz es producto del consejo de su abogado, que considera que responder puede perjudicarle en el proceso judicial abierto por los ERE. Los otros dos comparecientes, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el ex jefe de servicio de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois anunciaron que no iban a responder a las preguntas de la comisión.

En una intervención previa de cinco minutos, el parlamentario ha argumentado que existe una “injusta relación entre el fraude y los ERE”, así como que el proceso judicial no ha podido demostrar hechos delictivos cometidos por él.

A continuación, Díaz ha escuchado serio y con gesto de enfado las preguntas de los diputados en silencio, hasta que el PP le ha inquirido sobre si había cobrado comisiones ilegales. “Es una acusación directa y le ruego que la retire”, ha pedido el exparlamentario imputado. El diputado popular Rafael Salas le ha respondido: “Esto es un debate político y estoy en mi obligación de interrogarle. No retiro la pregunta toda vez que Izquierda Unida también la ha formulado”. IU había preguntado lo mismo con el concepto “sobresueldo”.

La diputada de IU Alba Doblas ha cuestionado a Díaz sobre su relación con el intermediario Juan Lanzas, sus vínculos con la inclusión de intrusos, y los procesos de selección de aseguradoras para los ERE.

Pero también le ha preguntado sobre si existieron presiones internas en el PSOE para que se convirtiera en parlamentario y así ser aforado, además de si conocía que existiera una financiación irregular del partido socialista.

El PSOE ha querido formular sus preguntas por escrito, pero el presidente ha rechazado esta intención y ha aclarado que la comisión es presencial y las preguntas solo se formulan de manera oral. Por tanto, el PSOE no ha formulado preguntas a Díaz.

Este ha agradecido el gesto de sus excompañeros de filas.

La juez Mercedes Alaya acusa a Díaz de forzar la inclusión de varios intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en diferentes ERE que tramitó desde la Consejería de Empleo.

A continuación, el ex jefe de servicio en la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois también se ha negado a declarar ante la comisión parlamentaria. El funcionario ha aclarado que su abogado le ha aconsejado no declarar ante la causa judicial abierta por los ERE y que consideraba una coacción el interrogatorio y el hecho de tener que estar presente. “Jamás he sido asesor ni responsable en los ERE, tal y como se ha publicado”, ha señalado. Diz-Lois ha matizado que ha sido uno de los cuatro jefes de servicio en la Dirección General de Trabajo y uno de los seis directores de finanzas en la Agencia Idea.

Tanto IU como PP le han preguntado por el sistema de pagos cruzados, sobre si conoció los informes negativos de la Intervención General y si ha cobrado alguna comisión. Ante esta última pregunta el compareciente ha señalado que la cuestión podía vulnerar su derecho al honor, ya que la comparecencia está siendo retransmitida.

El exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet tampoco respondió a las preguntas planteadas por los diputados de la comisión. Con una actitud más agresiva que el funcionario Diz-Lois pero sin llegar al enfrentamiento del exparlamentario Ramón Díaz, Mellet leyó un alegato de 17 folios para defender su inocencia. Durante el interrogatorio incluso llegó a responder una pregunta para matizar una acusación sobre la tramitación del ERE de 2003 de Mercasevilla. “Me he sentido vilipendiado y víctima de un escarnio provocado por una grabación absolutamente inconstitucional”, ha dicho Mellet.

El ex alto cargo se refería a la grabación que le va a costar enfrentarse a su primer juicio por una grabación en la que supuestamente exigía comisiones ilegales a dos empresarios hosteleros. Durante su intervención, Mellet ha insistido que no tuvo contacto directo con las aseguradoras y que no realizó ningún cálculo actuarial para los prejubilados de la empresa municipal en los ERE de 2003 y 2007. Los diputados han incidido durante su interrogatorio en los múltiples indicios de irregularidades que contienen los sumarios que instruye la juez Mercedes Alaya.