La fiscalía pedirá la pena capital para los soldados que quisieron matar a Obama

La fiscalía pública norteamericana pedirá la pena de muerte para los tres de los soldados del Cuerpo de Infantería de EE UU acusados de tramar una cadena de atentados terroristas, que hubiera culminado con el magnicidio del presidente Barack Obama, y en cuya planificación mataron a un compañero de filas y a la pareja sentimental de éste. Con el cuarto soldado implicado pactarán una pena menor, ya que colaboró con los fiscales y delató a la milicia.

El fiscal del distrito del condado de Long, en Georgia, reveló el jueves que presentará 13 cargos, los más graves por homicidio y pertenencia a banda criminal, contra dos soldados —Isaac Aguigui, de 19 años, y Christopher Salmon, de 25— y el sargento Anthony Peden, de 25 años. Los tres estaban destinados a la base de Fuerte Stewart. Se les incrimina, eminentemente, por el asesinato del soldado retirado Michael Roark, de 19 años años, y su novia, Tiffany York, de 17.

El 5 de diciembre, unos pescadores encontraron los cuerpos de Roark y York en una zona boscosa en el condado de Long, al sur de la ciudad de Savannah. Presentaban dos disparos en la cabeza. Entonces nadie relacionó las muertes con la cercana base militar de Fuerte Stewart. Allí, los cuatro integrantes de la milicia habían amasado todo un arsenal: 87.000 dólares en pistolas, fusiles y materiales explosivos. Sus planes a largo plazo: sembrar el caos y descabezar al Gobierno norteamericano.

Los soldados querían comenzar por colocar explosivos en una de las muchas plazas de Savannah. Luego, envenenarían los huertos de manzanos del Estado de Washington. El objetivo final, llegar a Washington para asesinar a Obama, y tomar la Casa Blanca. Su ideario ha sido definido por los fiscales de “anarquista”. “Decían querer devolverle el poder al pueblo”, alegó el ministerio público, que ha presentado los cargos criminales.

Aunque los imputados son soldados, les juzgará la justicia ordinaria. La justicia militar no ejecuta a un reo desde 1961, aunque hay ocho uniformados norteamericanos que esperan en el corredor de la muerte, en la prisión de la base de Fuerte Leavenworth, en Kansas. La pena de muerte es legal en Georgia. Allí se ajustició el año pasado a Troy Davis, un reo que defendió su inocencia, en un juicio por homicidio plagado de irregularidades, hasta el momento mismo de su muerte.

También se han presentado cargos por homicidio contra Heather Salmon, esposa de uno de los soldados, aunque la fiscalía ha avanzado que contra ella no se pedirá la pena de muerte. En la milicia operaba un cuarto soldado, el delator, Michael Burnett, de 26 años. Este compareció ante el juez el jueves, y testificó que Roark, el exsoldado asesinado, había ayudado a la milicia en la compra de armas pero, desencantado con sus compañeros, había abandonado el ejército y la trama.

El soldado Aguigui, el más joven de todos, líder de la milicia, decidió aniquilar a Roark para evitar que acudiera a las autoridades. Le ejecutaron de un tiro en la cabeza, en el bosque. A su novia la mataron en un coche. Los familiares de ambas víctimas interrumpieron la vista oral el jueves en repetidas ocasiones, llamando asesinos a los soldados detenidos. A Aguigui se le investiga ahora por la muerte de su mujer en circunstancias no aclaradas, en julio de 2011. Por ello, el soldado cobró un seguro de vida de 500.000 dólares que empleó para comprar armas para la milicia.