Educación contrató nativos a dedo pese a tener profesores en espera

La Consejería de Educación ha contratado a 28 profesores de Reino Unido e Irlanda a dedo para dar asignaturas en inglés pese a tener docentes propios habilitados para impartir esas materias. Los nuevos docentes, que no hablan español, comenzaron a incorporarse a los institutos de secundaria de la red bilingüe de Madrid unos días antes del inicio del curso. Pese a que Educación indicó en un primer momento que no ocuparán plazas de funcionarios, las instrucciones que ha enviado a los centros señalan justo lo contrario: sí cubren esas vacantes y forman parte de la plantilla (cupo) de profesores de los centros.

Educación alegó cuando saltó la noticia la semana pasada que no disponía de profesores habilitados para esos puestos, pese a lo que reflejan sus listas de interinos. En julio, se publicaron los listados oficiales con 98 aspirantes habilitados para dar clases en inglés de Plástica, Educación Física y Tecnología, las tres asignaturas que cubren los nativos traídos por la Comunidad de Madrid.

El fichaje ha provocado el rechazo de los sindicatos, que amenazan con denuncias, y quejas de las plantillas de algunos de los centros a los que han sido enviados, que están organizando protestas en los claustros.

El programa bilingüe es uno de las propuestas estrella del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, que acaba de anunciar que todos los nuevos colegios de primaria que abran a partir de ahora tendrán esta calificación. El pasado abril, la presidenta amenazó con la “insumisión” si el Ministerio de Educación no le permitía acelerar las contrataciones de nativos, una vieja demanda de su Ejecutivo.

Cualquier profesor de la Unión Europea puede ya dar clases en un centro español si previamente prepara el máster de habilitación pedagógica (el antiguo CAP) y aprueba las oposiciones, igual que el resto de aspirantes.

No fue el caso de los 28 nuevos, contratados “en virtud de un convenio de colaboración con universidades inglesas para reforzar el bilingüismo”, según señaló el 6 de septiembre un portavoz de la Consejería de Educación que no ha mostrado ese documento a este diario hasta la fecha. Sus títulos han sido homologados por el Ministerio de Educación, un paso previo al proceso de concurso oposición para acceder al puesto.

La consejería argumentó ante las primeras quejas que fichó a los docentes (23 de Gran Bretaña y cinco irlandeses) porque “no hay quien quiera esas plazas y pueda impartirlas en los centros a los que irán”. Y añadió que se trata de contratos anuales. Trabajan más horas que los interinos (cuatro más, según la consejería) y cobran menos: 26.754 euros al año frente a 27.356, según la cifra oficial.

Como no hablan español, sindicatos y profesores se han quejado de que no podrán participar en las reuniones ni atender a los padres para contarles, por ejemplo, cómo es la evolución de sus hijos en las asignaturas o si han tenido algún tipo de complicación durante las clases. “Nos importa más que sean buenos profesores que hablen español. Por tanto, no es un requisito indispensable”, responde el citado portavoz.

Pero, ¿quién determina que son buenos profesores? Los sindicatos —CC OO y UGT señalan que denunciarán estos nombramientos y el resto de centrales que lo están estudiando— destacan que el proceso de la Comunidad de Madrid se salta el Estatuto Básico del Empleado Público y los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad”.

“No estamos en contra de que se contrate a nativos, pero deben pasar por el sistema selectivo previsto en las leyes”, señala Paco García, responsable de Educación de CC OO Madrid. “Ponerlos a dar clases no tiene encaje en el ordenamiento jurídico actual. Nadie garantiza que son los idóneos”, añade García. “La consejería ha mentido con estas contrataciones”, considera Virginia Fernández, portavoz de FETE- UGT, que destaca la “indignación de los profesores de la educación pública a los que se ha ninguneado”. Al menos dos claustros de los centros a los que han llegado estos nuevos docentes —los IES Villablanca y Villa de Vallecas— han promovido votaciones y recogidas de firmas contra el proceso. “Habrá más”, advierte Fernández.

La consejería envió un correo interno a los institutos bilingües, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que señalaba que los profesores “invitados” por “la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Educación” forman parte del cupo de docentes de los IES “puesto que ocupan una vacante que de otra manera será cubierta por un funcionario”. El citado portavoz asegura que esa instrucción hace referencia a que “en los casos donde no ha habido un funcionario habilitado dispuesto a coger la plaza se ha mandado a un nativo” que “ocupa el equivalente a un puesto de plantilla”.

Los docentes del instituto Villablanca señalaban en su carta el “más absoluto rechazo” a que se incorporen “dos personas que no cumplen los requisitos necesarios para trabajar en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid” y añaden que no quieren “ser cómplices de una situación que deteriora el sistema educativo público y supone una precarización del trabajo del profesorado”. Piden también que se informe “adecuadamente” a las familias.

En otro escrito de protesta, los docentes del Villa de Vallecas manifiestan públicamente que los nuevos profesores “han sido seleccionados de una manera arbitraria y preferente” y que “no cumplen las condiciones mínimas necesarias de conocimiento del sistema educativo español”. En su claustro extraordinario, rechazaron las contrataciones por “62 votos en contra, ninguno a favor y tres en blanco”.

El portavoz de la consejería recuerda que la contratación “es competencia absoluta de la Administración educativa, en ningún caso del claustro” y añade que “es posible” que se incorpore a nuevos nativos “aunque no está previsto”.