Pescanova entra en concurso de acreedores

Pescanova está ahogando a Pescanova. En un consejo que duró más de doce horas, los vocales pidieron explicaciones ayer al presidente de la compañía, que no aclaró cuál es la dimensión del agujero de la multinacional y que no responde a las peticiones de dimisión de una parte del órgano de Gobierno. La empresa se tambalea desde que el pasado 1 de marzo presentó el preconcurso, se negó a formular sus cuentas y reconoció que había enmascarado deuda. Sin embargo, lejos de poner luz, su presidente, Manuel Fernández de Sousa, sigue liando la madeja. La empresa aún no ha publicado sus cuentas pese a que hoy vence el plazo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le otorgó a la compañía gallega para presentar los datos. Ayer no las formuló y Pescanova S. A. decidió pedir el concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, para tratar de preservar “la continuidad empresarial”.

Pasada la medianoche, la compañía comunicó a la CNMV que ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con los bancos acreedores y ante el riesgo de un mayor deterioro de la situación financiera, el consejo ha solicitado el concurso. La empresa quiere negociar un convenio con los bancos que permita salvar la empresa.

La compañía, además, ha decidido despedir a la firma auditora, BDO, y contratar otra nueva, aunque ello deberá autorizarlo un juzgado. La empresa considera que concurre “justa causa” para revocar el mandato, aunque no señala cuál. Pero, al tiempo, Pescanova ha acordado contratar, de forma inmediata, entre las principales firmas de auditoría, un auditor forensic que revise las cuentas de 2012. A diferencia de un auditor tradicional, los forensic indagan posibles fraudes o indicios de delito como los que podrían haberse cometido en Pescanova.

Hasta ahora, en la sede de la empresa en Vigo, la firma auditora BDO trabajaba en revisar las cuentas de la compañía. A su vez, la banca acreedora, muy preocupada porque ya ha pasado más de un mes desde que se declaró el preconcurso de acreedores y Pescanova todavía no se ha sentado a negociar, contrató a KPMG para estudiar los números. Sin embargo, ninguna de las dos firmas recibe demasiada colaboración por parte de la compañía gallega y no ha accedido todavía a toda la documentación, según fuentes cercanas a la empresa.

No parecen estar surtiendo efecto las amenazas de la CNMV. El supervisor bursátil mantiene la cotización suspendida desde el 13 de marzo y tras una enorme volatilidad que hizo que en dos semanas las acciones pasaran de 17,40 euros a 5,95 euros. Además, advirtió de que había iniciado una investigación sobre la empresa por posible “abuso de mercado”, lo que significa que en la empresa se podría haber usado información privilegiada o haber manipulado los precios. Y le dio un ultimátum para que hoy ofreciera información sobre esa doble contabilidad confesa.

Sin embargo, las cuentas están muy lejos de ser formuladas y mucho menos auditadas. La compañía, formada por un intrincado entramado de sociedades en varios países y con unos 10.000 empleados, no cumplió el plazo para presentarlas. Una tormenta perfecta aceleró el derrumbe: por una parte, vencían créditos que Pescanova necesitaba refinanciar, algo que la banca vio con recelo. Además, la auditora, que nunca llegó a revisar los números de 2012, advirtió a la compañía de que faltaba información relevante. Y a todo esto se sumaron las enormes diferencias dentro del consejo de administración, protagonizadas sobre todo por José Carceller, el consejero a través del segundo mayor accionista de Pescanova, la cervecera DAMM, que ayer se reprodujeron en un consejo en que algunas fuentes hablaron de “guerra abierta”.

Ni la banca acreedora ni los consejeros han visto todos los números de 2012. Según fuentes cercanas a la compañía, empieza a vislumbrarse dónde se generaron esas “discrepancias” por una doble contabilidad: la compañía podría haber estado enmascarando deuda a través de empresas en las que oficialmente no tenía el control y solo poseía participaciones minoritarias, y por tanto, que no tenía obligación de incorporar a sus cuentas consolidadas. Sin embargo, podría controlarlas mediante sociedades pantalla.

De momento, todo son hipótesis. El auditor BDO nunca puso antes pegas a su contabilidad ni comunicó sospechas, pero su misión era revisar las cuentas, no detectar fraudes. Si se comprueba que los hay, los directivos pueden acabar en los tribunales.