No podemos negar que los pasos de cebra tienen una utilidad grandísima. Permiten que los peatones pasen de acera en determinadas zonas y de una forma segura, sin mayores peligros. Aunque también tienen sus desventajas. Sin embargo, continuamente se investigan nuevas formas y artilugios para dotar a estos de distintas formas de hacerlos más seguros, como señales luminosas.

Uno de los problemas de los pasos de cebra es que, al tratarse de pintura, al cabo de un cierto tiempo, comienzan a borrarse, lo que dificulta su visibilidad. Recientemente, una niña de apenas 10 años demostraba que se pueden hacer nuevos pasos de cebra, más luminosos que los actuales, y con menos problemas. Todo ello, con originalidad.

Hace varios días, se decidía intentar obtener ideas nuevas. Concretamente, lo que se hizo fue preguntar a niños sobre lo que ellos mejorarían. Y una de estas ideas fue la de hacer mejores pasos de peatones. Acto seguido, IBM, la popular empresa, desarrolladora de todo tipo de productos elecrónicos, montaba un paso de cebra artificial en una calle transitada.

El invento no se parecía mucho a los demás pasos de cebra, ya que este consistía en una serie de láminas que, cuando detectaban a un peatón, se iluminaban, indicando el paso y permitiendo cruzar a los que quisieran hacerlo. Algo que, por supuesto, ha conseguido divertir a la gente, y hacer las zonas mucho más seguras para los viandantes, al evitar los problemas de los pasos de cebra que normalmente se colocan en las urbes.

Al parecer, tal y cómo podéis ver en el vídeo que hay más arriba, la idea ha sido un éxito en los sitios en los que se ha colocado, aunque desconocemos si la implementarán en las ciudades. Nosotros nos quedamos con su originalidad.

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François Leiser es un viejo conocido de la policía española. “Abortado un tráfico ilegal de divisas de 50 millones”, decía una noticia publicada por el diario Abc el domingo 1 de mayo de 1977. Leiser, ciudadano belga, era el dueño de la casa de cambio Kirschen, en Amberes, en el barrio de las joyas y los diamantes, desde la que dirigía un entramado de tráfico y contrabando de divisas. En nuestro país contaba con la ayuda de colaboradores españoles, como el que fue arrestado por la brigada de investigación de delitos monetarios en la operación de la que daba cuenta Abc en los años setenta. En 1986, Leiser fue detenido en Bélgica por algo similar: estuvo involucrado en un mediático caso de fraude fiscal relacionado con joyerías, comercio de piedras preciosas y exportaciones prohibidas de oro a Suiza para blanquear el dinero de los clientes de su casa de cambio.

Veinticinco años después, el belga Leiser ha aparecido en el sumario judicial de la Operación Emperador —el mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los últimos años, que ha destapado una macroorganización criminal china afincada en España— como el “jefe de la organización internacional” dedicada a la evasión fiscal. Leiser, El Súper o El Jefe, aparece en la cúspide de una trama perfectamente organizada que lleva décadas operando y que tiene un objetivo muy concreto: lograr que empresarios, profesionales liberales y ricos en general de toda Europa puedan mover su dinero al margen de los Estados y de las Haciendas de cada país. Sin pagar un solo impuesto. El único gasto es la comisión (entre el 2% y el 3%) que se llevan Leiser y los suyos. A su lado, en Suiza, su mano derecha, un trabajador del banco HSBC, Marc Pérez, se asegura de que las transferencias funcionen como un reloj.

Leiser convierte cantidades millonarias de una cuenta en Suiza, difícilmente trasladables si el dueño no quiere pagar impuestos, en una bolsa con billetes pequeños que llega a la puerta del millonario de turno como si hubiera llamado al Telepizza. Al menos 45 empresarios españoles y familias adineradas han utilizado sus servicios, según el recuento hecho por este diario de los distintos informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía que aparecen en el sumario de la Operación Emperador. Y es solo el principio. Probablemente el material hallado en poder de los miembros de la trama detenidos destape una cifra aún mayor de grandes fortunas españolas que han utilizado los servicios de esta multinacional de la evasión de capitales.

“Fincas”, “camisetas”, “fotos”, “parcelas”, “hectáreas”, “libros”, “botellas de vino”, “un Don Quijote”... cualquier término es válido para pedir dinero por teléfono sin hablar de euros ni de cantidades que puedan ser fiscalizadas en una escucha telefónica de la policía. Notarios, empresarios, jinetes, consultores, gestores, miembros de la alta sociedad... recibían el dinero en la puerta de su casa o acudían a algún hotel de lujo o cafetería para recogerlo. Para reconocerse, en ocasiones, utilizaban un símbolo de estatus como el Financial Times. Un notario de Cataluña, por ejemplo, acudió a su cita tranquilamente con su periódico bajo el brazo.

La mayor parte de los intermediarios y clientes desconocen que gran parte del dinero que recibían procedía de una organización china. Por eso no se saben relacionados con la Operación Emperador. Por eso, ante las llamadas de los periodistas preguntando por su participación en la trama, responden: “Imposible que yo aparezca involucrado. No conozco a ningún chino”.

Se trata de dos tramas distintas. Leiser jamás ha sido un subordinado de Gao Ping ni de ningún otro de los cabecillas chinos arrestados en la Operación Emperador. Su organización es totalmente independiente, y la trama china no es más que uno de los clientes de Leiser; un cliente muy importante, eso sí. Ambas tramas se encuentran porque se necesitan: el belga necesita dinero en efectivo para sus acaudalados clientes y Gao Ping y los suyos lo tenían a puñados y quiere sacarlo del país sin pagar impuestos. Una feliz coincidencia de intereses.

Entre la trama china y Leiser hay dos personas: Rafael Pallardó, que trabaja para la trama china y que es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero negro que ganan cada mes, y Malka Maman (española de origen israelí), La Sobrina, representante en España de la organización de Leiser cuya labor es buscar “donantes” y “receptores”. Maman funciona como una especie de banco que recibe dinero de una gente y lo entrega a otra —en efectivo o a través de transferencias— a cambio de jugosas comisiones. Tanto los receptores como los donantes deben pagar a Leiser.

Los donantes son “empresarios de gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico”, como los miembros de la comunidad china y sus diferentes negocios, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a sus países de origen sin pagar impuesto alguno. Los “receptores” son empresarios y personas acomodadas con grandes sumas depositadas en paraísos fiscales que quieren disponer de ellas sin que Hacienda se quede con un solo euro.

La trama de Leiser ofrece a los “receptores” distintos servicios. Uno de ellos es el de los “correos belgas”: una serie de personas que transportan por carretera el dinero desde el paraíso fiscal donde tenga la cuenta el cliente hasta España —por supuesto, sin declarar nada, y arriesgándose a ser interceptados en la frontera con 400.000 euros en el coche—. Otra opción es entregarles en cualquier ciudad española las cantidades que previamente otros “donantes” han facilitado a la trama. Los “receptores” deben transferir esa misma cantidad a donde digan los “donantes”: a cuentas en sus países de origen o a las de algún paraíso fiscal.

Los clientes chinos de Pallardó son el perfecto ejemplo de donante. Necesitaban sacar cada mes de España cuatro o cinco millones en efectivo, y para ello, Pallardó urdió, según los informes policiales, “un completo entramado empresarial, financiero y económico para sacar dinero y evitar la tributación”. Usaba distintas fórmulas: enviaba directamente a China el dinero a través de correos humanos que lo llevaban escondido; mandaba remesas de no más de 3.000 euros cada una a través de distintas personas —que muchas veces usaban documentación falsa—; y él mismo llevaba en persona cantidades millonarias a Andorra para que desde allí se transfirieran a China. La ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 supuso un gran problema para sus actividades, de forma que acabó buscando empresarios españoles que quisieran dinero en efectivo. Los buscó por sí mismo y también a través de Malka Maman. Se convirtió, así, en uno de los grandes clientes de Leiser.

Dentro de esta multinacional de la evasión fiscal a gran escala, aparecen multitud de intermediarios; españoles y de origen israelí. Todos se encargan o bien de captar clientes para Maman, o bien de buscarla a ella cuando en sus negocios —gestorías, notarías, corredurías de seguros...— alguien manifestaba necesidad de “liquidez”. No se trata de algo esporádico ni extraordinario, sino que el sumario revela un mundo organizado y muy acostumbrado a hablar como si tal cosa de cómo mover capitales sin pagar impuestos.

El jefe de la organización en España no sería Malka Maman, sino Isaac Cohen, El Gordo, nacido en Melilla, aunque su relación con Leiser no está del todo clara. Por otro lado, también trabaja para la trama Eli Levy, hijo de Malka, veinteañero, que hacía de repartidor de efectivo para los clientes de su madre. Karnit Vega, La Niña, israelí, se encargaba de recibir los faxes de los clientes “receptores” que acreditaban que las transferencias a los “donantes” se habían realizado correctamente. La Niña gestionaba la facturación.

Por otro lado, hay intermediarios como Mesod Muyal Pinto, El Abuelo, Salvador Yeshua Harari o Gabriel González Andersson, Roy, con cartera propia de clientes, que contactaban con Malka cuando lo necesitaban. El “reputado joyero” y “experto diamantero” Menachem Casif, de nacionalidad española y nacido en Israel, también colaboraba con la organización desde su relevante posición como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Todos, al igual que Eli Levy y Karnit Vega, están imputados en el caso Emperador.

Muchos españoles recurrían también a Malka como intermediarios, ofreciendo sus propios clientes. Lo hacían los también detenidos Javier Eduardo Rosón, Vicente María Gregorio Abelló, Fermín y Pedro Lecanda o el propio Pallardó, el nexo de la trama de Leiser con la organización china. Los Lecanda, por ejemplo, hacían de intermediarios para sus propios clientes de su correduría de seguros pero también pedían dinero en efectivo para ellos mismos, según los informes policiales. Rosón tenía una estructura propia, tenía una buena cartera de “receptores” y contaba además con la ayuda de un gestor de la banca suiza: Frédéric François Mentha.

Junto a Leiser, en el entramado internacional, aparecen dos personas: el empleado del HSBC Marc Pérez, “artífice financiero”, “encargado de dar cumplimiento a las órdenes de Leiser” y de realizar transferencias internacionales, según los informes policiales; y Annie, que transmitía instrucciones a Malka y que se encargaba también de gestionar el servicio de los “correos belgas”.

Leiser, el jefe de todo, no ha sido hallado por la policía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó una orden de detención internacional contra él. Pero, por ahora, prosigue su carrera de más de 40 años actuando como un profesional de los movimientos de capital al margen de la ley y del Estado. Siempre al servicio de los más ricos, sean chinos, españoles, belgas o de cualquier otro lugar.

A los más adinerados de España la crisis no parece afectarles. Sus ganancias han crecido una media del 8,4% durante 2012.

Según relata el diario El Mundo, las 200 mayores fortunas de España, lejos de menguar, continúan su agigantada marcha, creciendo hasta el 8,4% en este año. 

Encabeza la lista Amancio Ortega, presidente del grupo Inditex, que ha visto cómo su empresa mantiene su liderazgo sin gastar ni un céntimo en publicidad. De hecho, su fortuna ha crecido un 64% en Bolsa, hasta los 43.000 millones de euros, lo que supone la suma de las otras 99 fortunas españolas.

Otra de las grandes fortunas de España, Juan Roig, presidente de Mercadona, también revalida sus 6.000 millones de euros que le conceden el título a la cadena de supermercados de empresa con más ganancias sin cotización en Bolsa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado este sábado a Kabul en un viaje sorpresa a Afganistán para visitar a las tropas españolas, la primera que realiza a una misión en el exterior desde que ocupa el cargo, hace ahora un año.

Allí ha puesto como ejemplo el trabajo que hacen los militares españoles en el exterior y ha asegurado que si todo el mundo trabajara como ellos "con empeño" las cosas "irían mejor". No obstante, ha avanzado que la situación mejorará en 2013 y 2014 "será año ya de crecimiento económico y creación de empleo".

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en la base española 'Ruy González de Clavijo' en Qala-i-Naw ante cientos de militares, en la última parada de su primera visita a las tropas españolas en el exterior, que también le ha llevado a Herat y Kabul.

Rajoy se ha mostrado "impresionado muy favorablemente" por la labor que desarrollan los militares españoles fuera de España, que ha podido conocer "de primera mano" en esta visita. De hecho, ha asegurado que aunque ha estado "muy poquito tiempo" ha aprendido "mucho" en este viaje.

"He visto que hay gente que hace su trabajo con ilusión, con ganas y con empeño y eso es muy reconfortante", ha dicho, antes de referirse a la difícil situación económica que atraviesa España. "Sabéis que España vive un momento difícil. Si todos trabajáramos con empeño, cumpliéramos con nuestras obligaciones y dijéramos 'voy a hacer lo que yo tengo que hacer sin importarme lo que hagan los demás' las cosas irían mejor", ha afirmado.

Dicho esto, ha avanzado que en 2013 la situación estará "mejor" y ha avanzado que 2014 "será año ya de crecimiento económico y creación de empleo". Rajoy ha pedido a los militares que mantengan "el ánimo" en la "recta final" de su misión en Afganistán y les ha deseado que pasen unas felices fiestas. "Igualmente", le han respondido a voz en grito los militares, que le han despedido con un sonoro aplauso.

Apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Son los delitos por los que el juez ha citado como imputado a Ramoncín, que fue consejero de la SGAE entre los años 2000 y 2007.

El cantante José Ramón Márquez, conocido como Ramoncín, tendrá que declarar el próximo 14 de enero en el marco del caso SGAE por haber facturado supuestamente a esta entidad 170.552 euros de manera irregular o por servicios inexistentes

"Cuando vea al juez y me diga que sospecha de mí no tendré ningún inconveniente en hablar de esta pesadilla. No hay que olvidar que es una imputación para hablar con todas las garantías", ha dicho el músico en declaraciones a El País.

Para la imputación, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha basado en un informe de la Guardia Civil en el que se han analizado facturas por 170.552,56 euros emitidas por el antaño denominado 'Rey del Pollo Frito' y por su editora musical, Jupiter Musical S.L. al grupo SGAE entre 2004 y 2012.

En él se han analizado facturas emitidas por el cantante o por su editora musical Júpiter Music S.L. al grupo SGAE entre 2004 y 2012, por un valor total de 170.552 euros.

Según este informe, se generan dudas sobre la forma de contratación observada y, en algunos casos, sobre la realidad de los servicios o productos por los que el grupo SGAE retribuyó al cantante.

En el escrito del instituto armado aparecen además correos electrónicos entre el cantante catalán y el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, el presunto cabecilla de la supuesta trama de desvío de dinero de este organismo.

El ex directivo de la SGAE afirmaba hace un año a El País: "Me arrepiento de haber dado la cara en vez de tomar el sol como otros".

UN PROGRAMA QUE NUNCA SE EMITIÓ

Entre las operaciones supuestamente irregulares que habría realizado Ramoncín se encontrarían, según fuentes jurídicas, la factura correspondiente al programa de televisión El creador que Ramoncín cargó a la sociedad Portal Latino S.L., que se sospecha que no se llegó a emitir.

En la causa también constan correos electrónicos entre el cantante y Neri, de los que, según la Guardia Civil, se deduciría que fue este último quien asumió la decisión de pagar por el programa.

El juez instructor también sospecha de otra factura según la cual la empresa de Ramoncín habría facilitado a la SGAE una herramienta informática denominada Caja Fuerte Virtual, de la que no consta contrato por parte de la gestora de derechos de propiedad y cuya existencia no ha podido ser acreditada por los investigadores.

Las citadas fuentes han añadido que Ramoncín, que había sido citado a declarar como testigo, finalemente comparecerá como imputado para que pueda acudir a la Audiencia Nacional en compañía de un abogado y garantizar de esta forma su derecho de defensa.

12 EXDIRIGENTES DE LA SGAE IMPUTADOS

Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

El procedimiento también se sigue contra Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; Enrique Loras, exdirector general; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

También están imputadas tres familiares de Ramos -su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez- y otros dos de Rodríguez Neri -su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez-.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri

El viernes pasado, el día que Newtown dejó de ser un lugar idílico de Nueva Inglaterra que sólo había tenido un asesinato en diez años para engrosar la fúnebre lista de los asesinatos de masas con arma de fuego que tan tristemente característicos son de Estados Unidos, Elmar Uly comprobaba las ventas de su empresa, BulletBlocker. Uly supo de la masacre de Connecticut porque se sorprendió de un incremento en el negocio que primero fue del 200%, luego del 300% y ha alcanzado el 400%.

“Puse la televisión y la tragedia estaba en CNN”, ha relatado el dueño de Bullet Blocker, empresa que nació tras la masacre de Columbine en 1999, en la que 13 estudiantes fueron asesinados por otros dos.

Lo que BulletBlocker vende como su nombre ya insinúa en inglés son mochilas a pruebas de tiros, o lo que es lo mismo, mochilas para ir al colegio o el instituto que hacen las veces de chalecos antibalas. Uly cuenta que tras Newtown ha recibido muchas llamadas además de peticiones por internet y que muchos agentes del orden o del FBI se han interesado en esas mochilas para sus hijos. El precio medio de una de ellas es de 199 dólares.

BulletBlocker no es la única compañía dedicada a tan extraña comercialización. Hace seis meses, la empresa Amendment II lanzaba al mercado el mismo producto. Sus ventas han alcanzado la estratosfera desde Newtown: se han disparado un 500%. En este caso, se ofrece seguridad y tres diseños alternativos: una de princesas de Disney, una de la película Los Vengadores y una gris para adolescentes. Su precio oscila entre los 200 y los 300 dólares.

Como reconoce Derek Williams, presidente de Amendment II (Segunda Enmienda, la que hace referencia en la Constitución americana al derecho a portar armas), la venta de mochilas antibalas tiene un nicho muy pequeño de mercado, por lo que cualquier aumento de las ventas es muy significativo. “Pero hay días que hemos llegado a vender 200 y tener peticiones de muchas más”, lo que sí es un cambio importante. “Nada parecido sucedió tras Aurora [el tiroteo en Colorado que el verano pasado costó la vida a 12 personas en un cine]”, expone Williams. “Creo que en esta ocasión es porque se trata de un colegio, de niños”. Williams tiene seis hijos y todos ellos poseen mochilas a prueba de balas, que se pueden utilizar además como escudos protectores en un tiroteo para protegerse de un tirador.

“No enseño a mis hijos que los tiroteos suceden cada día en los colegios, pero sí les digo que si oyen disparos que se protejan con la mochila y corran lo más rápido y lejos posible”.

Al menos media docena de empresas más se dedican al negocio de "proteger a los estudiantes". Tras los asesinatos en la Universidad Virginia Tech en el año 2007, en el que 33 personas perdieron la vida, incluyendo al autor del tiroteo, fue la empresa MJ Ballistic la que cobró notoriedad, con una oferta de mochilas blindadas que, según la compañía, cumplían los estándares de seguridad del Ejército norteamericano.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta práctica. Algunos colegios de Miami (Florida) han prohibido a los estudiantes que lleven estas mochilas como medida de precaución.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado los Presupuestos para 2013 que incluyen el plan de privatización sanitaria.

Las partidas destinadas a sanidad han sido aprobadas con los votos a favor del PP. PSM e IU han votado en contra y UPD se ha abstenido (esta formación se ha abstenido en la votación de todas las partidas). Con estas medidas, el Gobierno de Madrid dice que ahorrará más de 500 millones de euros.

La semana que viene se realizará la votación acerca de la externalización de la gestión de seis hospitales públicos, incluida en el plan de ahorro en Sanidad que se pondrá en marcha el próximo 1 de enero.

Con esta externalización, el Gobierno pretende ahorrar más de 200 millones de euros, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria. Sin embargo, cuando el Gobierno regional presentó su proyecto de presupuestos, anunció la extensión del modelo de hospitales privados con financiación pública (aplicado en Valdemoro, Torrejón y Móstoles) a otros seis hospitales más (Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Henares, del Sureste y el del Tajo). Para defenderlo, afirmó que el coste de la asistencia sanitaria es de 600 euros por habitante, y que aspira a reducirlo con la externalización en 159 euros (a 441 por habitante).

Es decir, si Madrid tiene 6.489.680 habitantes, estaríamos hablando de un pretendido ahorro de hasta 1.000 millones de euros. No obstante, hoy se ha rebajado sustancialmente esta aspiración.

Desde 2008, la Comunidad de Madrid ha aplicado recortes presupuestario por valor de 4.600 millones de euros, el último de ellos, de 1.000 millones, se aprobó en julio.

La aprobación de la otra medida polémica relacionada con la sanidad, el euro por receta, se aparca una semana para tramitarla dentro de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como ley escoba de las autonomías.

"No va a privatizar nada"

Victoria ha vuelto a pedir a los sindicatos que no "enarbolen la bandera de la mentira" para rechazar el plan de ahorro sanitario de la Comunidad, ya que, ha recalcado, el Gobierno regional "no va a privatizar nada", sino que va a externalizar la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud que "seguirán siendo públicos". No obstante, la mitad de los directores de Atención Primaria, en huelga, han decidido dimitir por la privatización del 10% de la gestión de los centros de salud.

El portavoz ha asegura que ha habido que suspender "casi 5.000 intervenciones quirúrgicas" y se han perdido "más de 31.000 consultas" y ha admitido que esto está retrasando los "tiempos de atención a los pacientes".

Según Victoria, la Consejería de Sanidad llevará a cabo su plan de ahorro si los sindicatos no le presentan medidas "rigurosas y cuantificadas", pues ha dicho que las que la Mesa de Sanidad ha presentado hasta ahora "no tienen solvencia ni rigor" para poder aplicarlas.

A ello hay que añadir que se externalizarán todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento) de todos los hospitales madrileños.

Incluso se prevé la posibilidad de abrir hasta un 10% los centros de salud a los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades para gestionarlos, tal y como ocurre en Cataluña.

Dentro de todos los cambios en la sanidad madrileña, el hospital de La Princesa, al final, no se convertirá en el geriátrico que se había anunciado después de una campaña de protestas que suscribió Ana Botella, y el Carlos III, sí se transformará en un hospital de media y larga estancia.

No obstante, y a pesar de las externalizaciones y la extensión de los hospitales privados con financiación privada, el presidente regional, Ignacio González, afirma: "La sanidad en Madrid va a seguir siendo universal, gratuita y de máxima calidad".

Recortes

Los recortes de gasto ascienden a 2.700 millones, que podrían ser menos, hasta 1.424 millones, si se cumplen todas las medidas recaudatorias previstas por el Gobierno regional para 2013: la venta de patrimonio (742), ingresos patrimoniales del Canal de Isabel II (150 millones), aumento en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y otros tributos (170 millones) y el incremento de las liquidaciones del Sistema de Financiación (190 millones).

Por el camino, Educación se queda con 4.230 millones: pierde 554 sobre los presupuestos de 2012 (434 sobre las cuentas enmendadas en julio de 2012). Asuntos Sociales, con 1.249 millones, tiene 39 menos (29 en relación con julio) y para Sanidad van 7.108 millones, 61 menos que los anteriores presupuestos (69 millones más si lo comparamos con julio).

Para ello, además de la venta de patrimonio, subida de tasas y precios públicos, se reducen las subvenciones un 54%, excluyendo a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, se acaba con la cooperación internacional salvo en situaciones de emergencia y se recorta el presupuesto en transportes e infraestructuras un 21%. Esta partida era de 487 millones hace un año, enmendada en julio en 128 millones hasta los 359 y ahora se queda en unos 283 millones.

Las cuentas regionales presentan una reducción de gasto del 7,7%, con la idea de cumplir el déficit público del 0,7% del PIB fijado por el Gobierno para las Comunidades. Madrid cerró 2011 con un desfase del 2,2%, lejos del objetivo del 1,5% y aún más lejos del 1,13% anunciado inicialmente por el Gobierno regional.

Aunque muchas veces hemos visto imágenes privadas de celebridades filtradas porque a alguien se le perdió un celular con las dichosas fotos, en este caso no fue un descuido el que llevó la vida íntima a la esfera pública.

El hacker Christopher Chaney (36) fue sentenciado a 10 años de cárcel después de ser hallado culpable de hackear las cuentas de correo, acceder a los computadores e intervenir los electrónicos decenas de celebridades y otras mujeres, incluyendo entre ellas a Scarlett Johansson, Christina Aguilera, Mila Kunis y Renee Olstead.

Chaney obtuvo fotos privadas de varias de estas mujeres, incluyendo imágenes que Johansson había tomado de sí misma desnuda para enviarlas a su novio. Las fotos aparecieron online.

“He sido realmente humillada y avergonzada. Creo que las acciones de Christopher Chaney son pervertidas y censurables”, dijo Johansson. Varias de las mujeres afectadas solo fueron identificadas por sus iniciales. Entre ellas, hay dos que no son celebridades, incluyendo a una ex-compañera de trabajo de Chaney cuyas fotos desnuda fueron publicadas en la web y enviadas por correo a su padre.

El juez James Otero afirmó que este tipo de acciones son iguales al acoso físico, y que el acusado demostró una “cruel insensibilidad hacia las víctimas”. Aunque la Fiscalía buscaba seis años de prisión para Chaney, Otero dijo que estaba preocupado de que el hombre no pudiera controlar su comportamiento, aumentando el tiempo de prisión y bajando la compensación monetaria a USD$66.179.

Chaney fue capturado en octubre de 2011 después de un año de investigación sobre los hackeos a celebridades. En su computadora se hallaron numerosas fotos privadas y un documento que reunía información personal de las víctimas.

La Fiscalía hizo un llamado a las personas a preocuparse por la seguridad de sus sistemas electrónicos. En realidad, parece que la mejor decisión es no tomarse fotos con poca ropa, aunque eso no evita que haya gente que invada la privacidad para obtener otro tipo de información íntima o personal que está en el derecho de cada uno mantener.

Link: Hacker gets 10 years in prison for Johanssen, Aguilera photo leaks (CBC News)

El programa de televisión ‘Envoyé Spécial’ de France 2 –el canal  de televisión público francés– realizó una investigación a la fábrica de Foxconn en la ciudad de Zhengzhou, encargada de manufacturar el iPhone 5, infiltrando a un periodista entre los trabajadores de la empresa y encontrando prácticamente los mismos problemas de siempre.

Según el reportaje, los empleados de la empresa ocupaban dormitorios que estaban recién en etapa de construcción y no tenían ascensores, agua potable o electricidad (donde incluso aparece un jefe de la empresa afirmando que ocho empleados murieron por el fuego causado por un cortocircuito), aparentemente porque se enfocaron en la fabricación de las líneas de producción a expensas de construir buenas condiciones habitacionales.

El reportero también se encontró con estudiantes, que si bien eran mayores de edad, estaban contratados con salarios extremadamente bajos y no deseaban trabajar ahí, pero los administradores de sus escuelas les dijeron que perderían sus diplomas si no aceptaban ese trabajo.

Además, muchos trabajadores afirmaron que gran parte de su salario mensual de US$ 290 se iba en pagarle a la compañía por los dormitorios, seguros y comida (uno en particular afirmó que sólo obtuvo US$ 340 tras un año de trabajo). Incluso hay empleados que deben pagar US$ 7 por un test psicológico para identificar a empleados suicidas.

Links:

-Foxconn : enquête sur la face cachée d’Apple (France 2)
-French reporters infiltrate Foxconn iPhone 5 factory, find few of the vaunted changes (Engadget)

Un tiroteo en un colegio de Connecticut se cobró este viernes la vida de 27 personas, entre ellas 20 niños de entre cinco y diez años, y el pistolero, además de seis adultos que trabajaban en el centro. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana en la localidad de Newtown (100 kilómetros al noreste de la ciudad de Nueva York) apenas media hora después del inicio de las clases. Dos de los menores llegaron con vida al hospital pero murieron minutos después. La agencia Associated Press ha identificado al asesino como Adam Lanza, de 20 años, cuyo cadáver fue hallado dentro de una de las aulas, aunque no se ha confirmado si se quitó la vida o fue abatido.

El asaltante llevaba consigo entre dos y cuatro armas de fuego y vestía un chaleco antibalas cuando inició su sangriento asalto al colegio Sandy Hook, una localidad donde sólo se había registrado un homicidio en la última década. Según las autoridades locales, todas las armas empleadas por Lanza estaban registradas a nombre de su madre.

La policía encontró además en una vivienda de la familia un cadáver que ha resultado ser el de la madre de Lanza, pese a que en un primer momento se afirmó que era una de las fallecidas en la escuela, donde trabajaba como maestra. La directora del colegio y el psicólogo del centro también han fallecido en el tiroteo, que comenzó en los pasillos y se desarrolló en dos aulas.

Las autoridades también detuvieron al hermano del autor de la matanza, Ryan, cuyo nombre fue citado en los primeros momentos como responsable.

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, quien tuvo que dejar de hablar debido al llanto al recordar que la mayoría de las víctimas eran niños de entre cinco y diez años, recordó que "hemos vivido esta situación ya demasiadas veces". Secándose las lágrimas, el mandatario afirmó que hay que "tomar medidas significativas para impedir que esto vuelva a suceder". Antes de abandonar el recinto, Obama, que más que como un presidente afirmó hablar como un padre, ha dicho que "esta noche, Michelle y yo abrazaremos a nuestras hijas un poco más fuerte y les diremos que las queremos".

El tiroteo tuvo lugar pasadas las 9.30 de la mañana (15.30 en la Península) y hasta una hora después todavía quedaban menores dentro del colegio, según los medios locales. Las autoridades cerraron el acceso a todos los colegios de la zona por precaución y pidieron a los padres que no se acercaran a la escuela asaltada hasta que la situación estuviera controlada. Los estudiantes fueron evacuados a una zona segura casi dos horas después del ataque.

Los primeros testimonios eran escalofriantes. “Estaba en el gimnasio y oí unos siete disparos, y entonces el profesor nos pidió que nos escondiéramos en una esquina y nos agrupáramos”, relató un alumno a las cadenas de televisión. “Volvimos a oír esos ruidos y todos empezamos a llorar. El profesor de gimnasia nos dijo que fuéramos a la oficina, donde no nos podría encontrar nadie. Luego llegó un policía que nos ordenó que corriéramos fuera”.

"La policía nos dijo que nos abrazáramos los unos a los otros, nos cogiéramos de la mano y cerráramos los ojos. Solo los abrimos al salir del colegio", explicó una niña al diario Hartford Courant.

Una madre relató a la televisión que el lugar parecía "una zona de guerra". Su hijo le contó que las balas les volaban por encima de la cabeza cuando se encontraban en el pasillo y que un profesor le empujó y le metió en una clase.

Alexis Wasik, de ocho años, declaró a la cadena de televisión CNN que la policía hizo un recuento de todos los menores antes de dejarles abandonar la escuela, y que debían caminar acompañados de otro alumno. "No entendemos cómo ha podido entrar nadie en el colegio, es casi imposible", se preguntaba el padre de la menor. Wasik afirmó que todos los padres habían recibido una llamada de la policía informándoles de lo sucedido en el centro y de los procedimientos a seguir para recoger a sus hijos.

Los usuarios deberán pagar entre 20 y 40 euros por acceder a la prestación ortoprotésica suplementaria, que incluye muletas, collarines, fajas, férulas y audífonos, así como sillas de ruedas, que suponen una tercera parte de todos los productos.

Así se recoge en el borrador de la orden ministerial, que establece la actualización del catálogo de prestaciones y los límites máximos de la aportación del usuario, y que será aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud, el próximo día 20. La aportación de los ciudadanos será por prescripción y no por producto. De tal forma, que una prescripción puede incluir, por ejemplo, una silla de ruedas y unas muletas.

El borrador precisa que en el caso de que un usuario requiera varios productos de tipos diferentes, todos ellos se indicarán conjuntamente constituyendo a todos los efectos una única prescripción. Para los productos pertenecientes a los subgrupos de aportación reducida, los ciudadanos pagarán un 10% del producto, con un límite máximo de 20 euros.

En este apartado se incluyen audífonos, prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos y un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas), entre otros.

Para los restantes productos, entre los que se encuentran las muletas, los asegurados activos y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, abonarán un 50%, con un tope de 40 euros por prescripción. Los pensionistas pagarán un 10%, con un límite máximo de 30 euros.

El borrador recoge, asimismo, que las comunidades autónomas podrán establecer el préstamo, alquiler y recuperación de los artículos. El objeto de esta orden es regular la prestación ortoprotésica suplementaria realizada mediante dispensación ambulatoria y sujeta a aportación del usuario, según lo previsto en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril.

Lo que decía hace dos semanas el Ministerio de Sanidad de que "lo que se da gratis seguirá siendo gratis"respecto a los fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales ya no es así. Camuflada en la última regulación de las pensiones, el Ministerio de Sanidad ha introducido una modificación –y una complicación- al régimen en que se dispensan 17 medicamentos en las farmacias de los hospitales: se cobrará por ellos. Eso sí, como se trata de medicamentos para enfermedades crónicas (leucemia, hepatitis B, C, otras enfermedades víricas) se pagará un máximo de 4,13 euros por envase.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad indicó a este periódico que el proyecto, que aún debe ser aprobado, lo que hace es dar la vuelta a una decisión que adoptó el Consejo Interterritorial en octubre cuando gobernaba el PSOE. Entonces se decidió que 12 medicamentos que se vendían para estas patologías en las oficinas de farmacia pasaran a los hospitales “para un mayor control”. Luego siguieron otros cinco. Además, aunque eso no lo diga en la versión oficial, la venta de estos medicamentos, muy caros la mayoría, tenía problemas para las oficinas de farmacia ya que estas pagan un porcentaje de sus ingresos a la Administración, por lo que si comercializaban estos productos les aumentaba la cantidad de lo que tenían que devolver.

“Lo que se hace es volver a la situación anterior”, insiste la portavoz de Sanidad. El ministerio no entra en cómo organizarán los hospitales el cobro, ya que eso es “competencia de las comunidades”.

No hay otra explicación que la recaudatoria para la medida. Con este proceso se ha quitado unos ingresos a las farmacias, que pasan a la Administración. Pero en el caso de estas enfermedades no se puede esgrimir la idea de que se trata de encauzar al usuario hacia un uso racional, ya que solo se los dan si los receta un médico del hospital y se trata de enfermedades muy graves en las que hay pocas alternativas terapéuticas. El ministerio no ha incluido en el borrador un cálculo de lo que va a ingresar con esta medida.

El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, José Luis Poveda, mostró ayer su sorpresa por la medida por varios motivos. Por un lado, porque no se ha evaluado el impacto recaudatorio que tendrá la iniciativa, unos ingresos que considera poco relevantes comparado con la molestia que genera a los afectados al tener que pagar por ellos. Poveda señala que se aplicaría a entre un 10% y un 15% de los pacientes que acuden a los servicios de farmacia hospitalaria. “Son pocas personas y poca recaudación”. Además, sostiene que tampoco se ha evaluado el coste que implicará tener que poner en marcha unidades de cobro en los servicios de farmacia hospitalaria, algo que nunca se ha hecho.

“Me parece que es una medida que requiere una reflexión previa que no hemos tenido la oportunidad de compartir con el Ministerio de Sanidad”, comenta Poveda. “Lo más lógico sería habernos solicitado una evaluación del número de pacientes afectados o de la recaudación que se podría obtener”, explica. En lugar de ello, la sociedad de farmacia hospitalaria se ha encontrado con la propuesta ya elaborada encima de la mesa. “Esperamos que se puedan abordar estas cuestiones en el periodo de alegaciones que se ha abierto”, añade.

Además, la decisión tiene otra lectura: abre la puerta a que se cobre en las farmacias hospitalarias. En ellas se dispensan fármacos para enfermedades muy graves y complicadas (antivirales para el VIH, hormona del crecimiento, fármacos para la esclerosis). La nueva regulación abría la puerta a que se cobrara por ellos, aunque el ministerio insiste en que no va a ser así. Ahora la infraestructura para ello va a estar lista, con lo que se estará un paso más cerca de intentar ingresar también por esa vía.

Según la lista que ha hecho pública Europa Press, los fármacos afectados son varios tratamientos contra el cáncer de mama (Tyverb y la quimioterapia oral Xeloda); el cáncer de pulmón (Tarceva e Iressa); el cáncer renal (Votrient, Nexavar, Afinitor y Sutent); tumores cerebrales (Temodal, Temomedac y Temozolomida); el cáncer de próstata (Zytiga); leucemias (Tasigna, Sprycel, Glivec y Siklos); linfomas (Zytiga); antivirales para hepatitis C (Ribavirina, Pegintron, Pegasys, Rebetol, Copegus, Victrelis e Incivo), hepatitis B (Zutectra), citomegalovirus (Valcyte) y prevención de virus respiratorios en niños (Synagis). Además, otros fármacos son Enbrel y Cimzia (indicados para tratar varias artritis el primero y la reumatoide el segundo); Bondronat (para la osteoporosis); Stelara (psoriasis); Xolair (para el control del asma); Visudyne (para la degeneración macular asociada a la edad); Dificlir (para la diarrea); Samsca (para la hiponatremia); Mirena (DIU para la menorragia idiopática); Elonva (estimulador del desarrollo folicular en tratamientos de reproducción asistida), y el test Lactest, para detectar la intolerancia a la lactosa. Suman más de 17 nombres, porque varios de ellos tienen la misma composición.

El hospital de Collado Villalba, uno de los cuatro centros con gestión enteramente privada que ha promovido el Gobierno regional en los últimos años, va a costar el año que viene más de 900.000 euros al mes pese a estar cerrado. Tras varios retrasos —inicialmente se dijo que se inauguraría en 2011—, estaba previsto abrirlo este verano, pero la Comunidad de Madrid decidió retrasar su puesta en marcha para ahorrarse los 21,9 millones que le destinaba el Presupuesto de 2012. Esta cantidad fue una de las que se eliminó de las cuentas en el ajuste de 1.000 millones que acometió el Ejecutivo en junio pasado.

Pero el hospital, que gestiona Capio, está ya construido. El 1 de enero de 2013, es decir, dentro de poco más de dos semanas, la concesionaria lo pondrá a disposición de la Administración. A partir de entonces empezará a generar gastos que el Gobierno regional tendrá que pagar durante todo el año, pese a que el hospital no prestará servicio. Se trata de gastos “para asegurar que la infraestructura se mantiene adecuadamente hasta su entrada en funcionamiento”, asegura una adenda al contrato firmada el 1 de octubre pasado a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Cada mes Capio recibirá 775.591 euros (con IVA, 938.465) en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparaciones, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros.

El anexo al contrato especifica que durante el “periodo transitorio” la concesionaria estará obligada “al debido mantenimiento y cuidado de la infraestructura hospitalaria”. También especifica “los servicios complementarios no sanitarios a realizar [...] en el porcentaje imprescindible para el correcto estado del edificio”. De todas las cantidades, la más abultada, 680.260 euros, corresponde al epígrafe “otros costes”. Un portavoz de la Consejería de Sanidad explicó ayer que se trata de “la amortización de la inversión realizada”, que se empieza a pagar en cuanto acaba la obra.

La cuota mensual multiplicada por 12 meses supone 9,3 millones de euros en 2013. Sumado el 21% de IVA, resultan 11,25 millones de euros. Según la Consejería de Sanidad, lo que falta hasta los 12,7 millones de euros que le destinan los Presupuestos del año que viene corresponde a los días de actividad que tendrá el hospital a finales de año, dado que está previsto inaugurarlo el 15 de diciembre de 2013, según la adenda del contrato.

Esperanza Aguirre puso la primera piedra del hospital el 17 de diciembre de 2010. Un par de meses antes, el 1 de octubre, la Comunidad y Capio habían firmado el contrato de gestión de servicio público para la atención sanitaria de 110.000 habitantes de Collado Villalba y otros siete municipios de la sierra, lo que les evitaría desplazarse a El Escorial o al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. La inversión prevista era de 108 millones de euros. El contrato se firmó por 1.817 millones de euros durante 30 años. Aguirre llegó a declarar la obra como de “interés general” para acelerar los trámites.

“Un problema claro de estos modelos de colaboración público privada es que la Administración adquiere compromisos que llevan a esta situación absurda de pagar por tener un hospital que no atiende pacientes”, asegura el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand. Su formación pidió a la Asamblea de Madrid una copia de la modificación del contrato del hospital de Collado Villalba, que les remitieron el pasado 5 de diciembre. En una intervención en la Asamblea el 17 de octubre, la viceconsejera Belén Prado habló de la adenda, pero no mencionó los gastos que se iban a generar en 2013; únicamente señaló que el plazo de duración de la concesión no se ve alterado por el hecho de mantener el hospital cerrado un año. “En la Comunidad de Madrid se han inaugurado dos hospitales cuando ya estábamos inmersos en una crisis económica profunda por los compromisos adquiridos con las empresas concesionarias”, critica Normand.

El hospital de Villalba tendrá 140 habitaciones individuales, nueve quirófanos, 12 puestos de cuidados intensivos, 12 de diálisis, y otros 12 de neonatología, según la Comunidad. Cerrado, su presupuesto para 2013 es superior a lo que costó en 2012 el Instituto de Cardiología, que cierra el 31 de diciembre: 8,7 millones de euros.

Gastos mensuales

• Seguridad. 50%. 13.685 euros
• Desinfección y desratización. 25%. 168 euros.
• Limpieza. 15%. 10.189 euros.
• Mantenimiento de viales y jardines. 100%. 2.648 euros.
• Reparaciones y mantenimiento. 25%. 19.198 euros.
• Seguros. 100%. 9.305 euros.
• Suministros. 20%. 21.269 euros.
• Tributos. 100%. 18.860 euros.
• Amortización. 100%. 680.260 euros

El Ministerio de Sanidad ya ha puesto precio al copago del traslado no urgente en ambulancia: cinco euros por trayecto. Es la tarifa general que recoge el último borrador sobre la orden del Gobierno por la que se regulará la aportación de los pacientes al transporte sanitario no urgente. La orden se aprobará previsiblemente en el próximo Consejo Interterritorial (donde están representadas todas las comunidades autónomas y el Gobierno) previsto para el jueves 20 de diciembre y extiende el copago a los enfermos crónicos, oncológicos y que precisen hemodiálisis.

El copago en el transporte sanitario se fijó en el decreto ley de medidas urgentes en materia sanitaria aprobado por el Gobierno central el pasado mes de abril. En él se dividió la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en tres grupos: cartera básica, suplementaria y accesoria. Solo la primera quedó exenta de copago. Y el transporte sanitario no urgente, que hasta ahora era gratis en todas las comunidades, se incluyó en la cartera suplementaria, pero hacía falta una orden para regularla.

Las comunidades y el ministerio han estado trabajando en los últimos meses en la redacción de la norma y el Gobierno presentó el último borrador el pasado 5 de diciembre. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, fija las condiciones que deben cumplir los pacientes para acceder a este transporte y las cantidades que aportará cada usuario en función de su renta. Como norma general, Sanidad ha establecido una base de cálculo de 50 euros por traslado (independientemente del precio real del trayecto y de los kilómetros recorridos). El usuario pagará el 10% de esa tarifa, es decir, 5 euros por traslado. Si el desplazamiento es de ida y vuelta, cada trayecto se considera un traslado, por lo que el coste total será de 10 euros.

El borrador define el transporte sanitario no urgente como “el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria”.

Se establecen tres tipos de traslado: el que lleva al paciente desde un centro sanitario a su domicilio tras el alta hospitalaria o tras ser atendido en urgencias; el traslado “puntual” desde casa del enfermo al centro sanitario o del centro a su casa; y los trayectos “periódicos” desde el domicilio al centro y viceversa. Este tercer tipo supone que el copago se aplicará también para los enfermos crónicos o los que precisan acudir periódicamente a hemodiálisis o a recibir tratamiento oncológico y que, en los primeros borradores, estaban exentos.

En cambio, en las primeras redacciones el copago se extendía también a los traslados de pacientes entre distintos centros sanitarios, por ejemplo, cuando un enfermo necesita una prueba o una atención que no pueden facilitarle en el hospital en el que esté ingresado. Algunas comunidades pidieron a Sanidad que este supuesto quedara exento de aportación del paciente y, finalmente, el Ejecutivo central ha accedido a dejarlo fuera.

Como en el caso del copago farmacéutico, la orden fija unos topes máximos de aportación mensual en función de la renta. Y una novedad respecto al copago de medicamentos es que los pensionistas no tienen un tratamiento especial. Para la mayoría de los ciudadanos (población activa o pensionista con renta de entre 18.000 y 100.000 euros) el tope será de 20 euros al mes, el equivalente a cuatro trayectos. Si necesita más, no tendrá que pagarlos, aunque el borrador de la orden no concreta si, como ocurre con los fármacos, habrá que abonarlo por adelantado y luego la Administración devolverá las cantidades que superen este tope.

El límite mensual para los pacientes con rentas superiores a 100.000 euros anuales será de 60 euros. Y para los usuarios con rentas inferiores a 18.000, el tope será de 10 euros al mes, el mismo que para los beneficiarios de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionado por las mutuas de funcionarios. Para los pacientes que requieran traslados periódicos por un periodo superior a seis meses y con un mínimo de cuatro traslados por semana el tope será el mismo en función de su renta, pero tendrá carácter semestral en vez de mensual. Esta cláusula aliviará, por ejemplo, el copago de la mayoría de enfermos que se tengan que someter a diálisis, que acuden más de dos veces por semana al hospital y, generalmente, durante más de seis meses. Pero no a otros colectivos como los enfermos de cáncer, que pueden precisar un tratamiento de larga duración, pero menor a los seis meses, y que no van dos veces a la semana a recibirlo.

Solo quedan exentos del copago las personas afectadas por síndrome tóxico, los discapacitados que perciban una prestación social y económica, los perceptores de rentas de integración social o de pensiones no contributivas y los parados que hayan pedido la prestación.

Como en el caso de los medicamentos, son las comunidades autónomas las que hasta ahora pagan el transporte de los pacientes y las que gestionarán el copago. Sin embargo, mientras que para el copago farmacéutico las comunidades partían ya de un sistema de pago y de copago establecido, para el caso de las ambulancias, que hasta ahora eran gratis, tienen que empezar de cero. El último borrador de la orden les da seis meses de plazo para hacerlo a partir de la publicación de la orden en el BOE.

El Consejo Interterritorial de la semana que viene aprobará también, previsiblemente, la orden que regula el copago para los dietoterápicos, los productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición enteral, como algunos enfermos de cáncer, pacientes sometidos a cirugías digestivas o enfermos de Alzheimer.

Como en el caso del transporte no urgente, el último borrador, presentado también por el Gobierno el pasado 5 de diciembre, extiende el copago a los pacientes con trastornos metabólicos complejos, en general afectados por enfermedades raras, que necesitan el tratamiento durante toda su vida y para los que estos productos son, en muchos casos, la única fuente de alimentación. Estos pacientes quedaban exentos del pago en el primer borrador, pero Sanidad ha explicado a las comunidades que cuenta con un informe que concluye la imposibilidad de establecer excepciones distintas a las recogidas en el decreto ley de medidas urgentes que regula estos copagos. Es decir, solo quedarán exentos de pagar estos productos los mismos colectivos que en los otros copagos.

Los porcentajes de la aportación que le corresponde a cada paciente en función de su renta varían según el tipo de producto En un grupo de ellos, que incluye las leches hidrolizadas de lactantes con problemas de alergias o intolerancias a productos de la leche, se establecen los mismos porcentajes que para los fármacos: 60% para las rentas superiores a 100.000 euros; 50% para la población activa con rentas de entre 18.000 y 1000.000; 40% para los que cobren menos de 18.000; y 10% para los pensionistas. Para otro grupo de productos, entre ellos, los de uso mayoritario en adultos y niños con problemas metabólicos, la aportación será del 10% para todos los ciudadanos sea cual sea su renta.

Sanidad hizo un primer borrador en el que ya se alertaba de que el elevado precio muchos de estos tratamientos podría suponer que si se aplicaban unos porcentajes de copago similares a los de los fármacos la mayoría de los pacientes tendrían que abonar varios cientos de euros al mes. Para reducir estas cantidades, se han fijado unos importes máximos de aportación que, en la práctica, supone que la mayoría de los pacientes pagarán un euro al día por estos tratamientos, aunque la cantidad puede ser inferior en el caso de que el enfermo pueda alimentarse también por otros medios y los dietoterápicos supongan un complemento a su dieta.

El ministerio está también ya trabajando en la orden que regulará el copago en la prestación ortoprotésica, aunque en este caso todavía no hay un primer borrador. Pero del trabajo realizado hasta ahora por los expertos que están participando en la redacción se extraen ya conclusiones. Entre ellas, según fuentes presentes en algunas de estas reuniones, que solo tendrán derecho a silla de ruedas quienes se queden sin movilidad de forma permanente.

Qué habrá que pagar y qué no

• Se considera transporte sanitario no urgente el desplazamiento de enfermos o accidentados que no se encuentran en situación de urgencia o emergencia y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria.
• La indicación del transporte sanitario no urgente requerirá prescripción de un médico.
• La base del cálculo es de 50 euros por trayecto y sobre esta cantidad el usuario aportará el 10% de la cuantía con los siguientes topes: activos o pensionistas: 60 € mensuales para los que tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales; 20 euros mensuales para los que tengan ingresos anuales entre 18.000 y 100.000, y 10 euros mensuales para las rentas inferiores a 18.000 euros al año y para los titulares o beneficiarios de mutualidades de funcionarios.
• Las personas que requieran traslados periódicos durante más de 6 meses y lo utilicen más de 4 traslados a la semana (dos servicios de ida y vuelta) tendrán el mismo límite de aportación pero con carácter semestral, en vez de mensual. Esto, en principio, incluye a los crónicos, paciente de diálisis, oncológicos, que pagarán el transporte sanitario no urgente, según recoge el borrador que representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas debatirán el próximo jueves 20 de diciembre.
• Quedarán exentos de estos pagos los siguientes grupos:
  • Afectados por síndrome tóxico.
  • Personas con discapacidad que sean beneficiarias del sistema especial de prestaciones sociales y económicas de la ley de integración de personas con discapacidad y las que se encuentren en supuestos de exención contemplados en su normativa específica.
  • Perceptores de rentas de integración social.
  • Perceptores de pensiones no contributivas.
  • Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación.
  • Personas que requieran tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, si bien su financiación correrá a cargo de la correspondiente Mutua de Accidentes de Trabajo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina.

Un informe elaborado por la vocal Margarita Robles, y que el CGPJ discutirá este jueves, califica de "inconstitucional" la reforma del ministro de justicia

El órgano rector de los jueces le dice al ministro de Justicia que ni Franco se atrevió a ir tan lejos como él con su reforma del Código Penal. En un informe elaborado por la vocal Margarita Robles, se advierte que la prisión permanente revisable no fue instaurada en España ni en tiempos de la dictadura y podría chocar con la Constitución, porque es dudoso que "una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable con la reinserción".

El informe elaborado por Margarita Robles dice que la prisión permanente revisable "resulta de una cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el TEDH y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida", y considera "especialmente significativa la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento y el hecho de que su cumplimiento de la medida pueda hacerse en centro penitenciario, como si de una pena se tratase".

El documento será analizado el jueves por la comisión de estudios del CGPJ para ser después debatido en el pleno de la institución. El debate se produce en medio de la tensión que protagonizan los jueces con su ministro a quien ya no consideran interlocutor y frente a quien han convocado jornadas de huelga para protestar por sus últimas decisiones, sobre todo en lo relativo a la Ley de Tasas Judiciales.

Gallardón no es el interlocutor válido

Asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de "poder a poder", es decir, desde "el poder ejecutivo al poder judicial" debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo ha indicado el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, durante la concentración contra la subida de tasas judiciales que ha tenido lugar desde las 12 hasta las 13 horas frente a los Juzgados de Plaza Castilla y durante la cual todos los representantes han señalado que "no descartan una huelga de los servicios de justicia". Estas protestas se han repetido en todas las capitales de provincia de España.

"Desafortunadas" palabras del ministro

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha señalado que las palabras que el ministro de Justicia ha pronunciado en las últimas horas sobre el "conflicto" en la Administración de Justicia son "muy desafortunadas". En este sentido, Carnicer ha criticado las declaraciones en las que Gallardón afirmó este martes que las razones que motivaban las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a "intereses corporativos". "Habrá que recordarle al ministro que los servicios jurídicos sociales que hoy se consideran imprescindibles y que forman parte de la justicia gratuita han nacido de compañeros altruistas que han prestado ese servicio siempre por humanidad y jamás por intereses particulares", ha recalcado.

"No es cierto, por tanto, que este sea un problema corporativo y también es incierto que este asunto no le interese la ciudadanía" ha continuado Carnicer que ha señalado que Abogacía Española ha llevado a cabo encuestas en las que se muestra que "el 83 por ciento de la población rechaza estas tasas y cree que con los impuestos es suficiente para pagar los servicios de justicia".

¿Vivimos en una realidad artificial simulada y sostenida por máquinas? Tan cinematográfico punto de partida es un asunto muy serio para Nick Bostrom, un profesor de filosofía de la Universidad de Oxford. Bostrom publicó un documento en 2003 en el que aseguraba que la realidad podría ser una simulación computerizada.

Un equipo de científicos de la Universidad de Washington se ha propuesto demostrar o refutar la teoría de Bostrom. Su método no es otro que crear una simulación de nuestro propio universo para tratar de encontrar ‘fallos en matrix’ o, en otras palabras, patrones que demuestren que el universo es una creación de tiempo y espacio limitada por hardware y software.

Para ello, el equipo de Washington se basará en la teoría de la cromodinámica cuántica, una parte fundamental de la actual física de partículas que trata de explicar la fuerza que une a las partículas subatómicas conocidas como Quarks.

El simulador aplicará esta teoría para crear un modelo artificial en el que las leyes de la física rijan al cien por cien y por tanto sea susceptible de ser comparado con nuestro propio universo. Lamentablemente, esto no será algo que se llegue a comprobar dentro de un mes. Según Martin Savage, profesor de física de la Universidad de Washington, hasta ahora tan sólo ha logrado recrear un universo de un tamaño poco mayor que un átomo por las limitaciones de la tecnología y calculan que aún tardarán décadas en poder simular un universo estudiable.

Cuando ese universo sea una realidad, el equipo de investigadores apunta al estudio de la trayectoria de las partículas de alta energía conocidas como rayos cósmicos como un posible indicador de una realidad artificial y finita.

Bostrom apunta a que si este universo es una simulación, podría tratarse de una creación de la propia humanidad miles de años en el futuro. Savage, para añadir más leña fantástica al asunto, no descarta que si lo que vivimos es una simulación puedan existir otras simulaciones alternativas.

El diputado fue detenido el sábado tras presentarse en el lugar en el que se debían depositar 25.000 euros reclamados al presidente de Caja Navarra

"Dejo el acta de diputado para someterme a la justicia ordinaria y no perjudicar al PP, partido al que pido mi baja cautelar de militancia", explica

Cervera dice ser víctima de un montaje y ha dado explicaciones en su blog: "Sin duda, he cometido una imprudencia"

Cospedal reconoce que el "hecho reviste extrema rareza"

Santiago Cervera abandona su acta de diputado y deja cautelarmente la militancia del PP. Lo hace "para someterme a la justicia sin esperar al Supremo [deja de ser aforado] y para no perjudicar al PP, partido que me ha acogido", ha dicho el ya exdiputado, detenido durante unas horas en relación con un intento de chantaje al presidente de Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiáin.

Santiago Cervera ha negado cualquier responsabilidad sobre la extorsión que denunciaba Asiaín. "Yo soy la víctima" de "una trampa", ha afirmado.

Una historia de anónimos, sobres y chantaje

El presidente de Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiáin, presentó el miércoles 5 una denuncia ante la Guardia Civil por intento de chantaje económico. Una persona le exigía 25.000 euros a cambio de no revelar cierta información. El diario señala que "se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de la entidad financiera por su trabajo de su despacho de abogado y de las que también se había beneficiado su hijo Diego, que trabaja en el mismo bufete".

El anónimo precisaba la fecha de hacer la entrega de los 25.000 euros, el día 7 de diciembre; cómo, en un sobre cerrado, y dónde, en una ranura de la muralla cercana al Club Natación. La Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia desde ese día, que concluyó con la detención del diputado del PP cuando se disponía a recoger el sobre

Cervera fue puesto en libertad tras prestar declaración. Alega que alguien a través de un correo anónimo le había tendido una trampa, citándole en ese mismo lugar para hacerle entrega de unos papeles comprometidos para Caja Navarra.

"Esta dimisión la entiendo como un acto de integridad política. Creo que los políticos tenemos que trasladar a la sociedad que no estamos amarrados al puesto, tenemos que comportarnos con sencillez, franqueza e integridad", explicó en su comparecencia en el Congreso. "También voy a solicitar mi baja cautelar de militancia en el PP, para defenderme sin que ello implique a mi partido. Creo que es lo que más nos conviene a todos".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había anunciado este lunes que el Partido Popular había abierto un expediente informativo al diputado del Grupo Popular con el fin de "esclarecer y saber lo que ha ocurrido". Y aseguró que este asunto ha causado "sorpresa" porque "reviste mucha rareza". En rueda de prensa, Cospedal no ha querido evitar las preguntas sobre Cervera ni ha recurrido a los circunloquios habituales para esquivar temas espinosos: ha querido dejar claro que la expulsión del diputado es una de las posibilidades que se barajaban.

El diputado, contactado por eldiario.es, no ha querido hacer público ese correo electrónico que por recomendación de su abogado. Cervera sí ha publicado en su blog el siguiente artículo con su versión de lo sucedido.

Sobre lo ocurrido ayer

Santiago Cervera

 

Hace unos días recibí un correo electrónico en el que se me indicaba que podía disponer de cierta documentación sobre asuntos relativos a Caja Navarra, recogiéndola de un determinado lugar de Pamplona. En ese mensaje se me indicaba que se trataba de documentación de relevancia judicial. Respondí al correo diciendo que no me parecía la manera de facilitarme ningún tipo de información, y que si el comunicante quería enviármela podía buscar otros medios para hacerlo. Mi respuesta fue devuelta por el servidor. Ayer estuve en Pamplona por razones familiares. Tuve curiosidad por saber si la información se había depositado en el lugar que se me indicó, acudí al sitio y en efecto vi que en él había depositado un paquete aparentemente con documentación. Lo tomé, y a continuación aparecieron varios agentes de la Guardia Civil que procedieron a identificarme. Posteriormente fui trasladado ante el Juez de guardia, que escuchó mi versión de los sucedido y decretó un auto de libertad.

Cualquiera que conozca mi trayectoria política en Navarra sabrá que he sido muy crítico con lo sucedido en los últimos años en relación con Caja Navarra, y que este es un asunto que me ha interesado por su gran significancia. Antes del verano escribí un artículo en prensa en el que indicaba que algunas de las cosas sucedidas incluso merecerían la atención de la fiscalía. En fechas recientes, he hecho públicas determinadas críticas sobre asuntos ocurridos hace pocas semanas, en los cuales figuraban como protagonistas algunos de los dirigentes actuales y pasados de la Caja.

Sin duda he cometido una imprudencia, y las consecuencias las pude constatar inmediatamente. El tema tiene vertientes políticas y judiciales. Lamento mucho el perjuicio que estoy causando a mi partido. Como indiqué al Juez y a la Guardia Civil, haré todo lo necesario para aclarar el caso en toda su dimensión. En mi labor pública siempre he tenido un comportamiento íntegro, y creo firmemente que los políticos debemos representar los mejores valores en todas nuestras actuaciones.

Agradezco mucho las muestras de afecto que estoy recibiendo en el día de hoy, en unas circunstancias tan difíciles que nunca imaginé.

La jerarquía católica consiguió que los alumnos que renuncien a Religión tengan una asignatura de ética alternativa

El Ministerio de Educación ha planeado una reforma educativa a gusto de la Iglesia católica, de hecho, esta ha conseguido la que era una de sus históricas reivindicaciones. Los alumnos que no elijan religión como asignatura tendrán que estudiar una materia alternativa, Valores Culturales y Sociales, en Primaria, y Valores Éticos, en Secundaria. Además, el clero ha conseguido que se eliminara finalmente Educación para la Ciudadanía.El Ministerio reconoció la negociación

Según El País, al Ministerio de Educación, que dirige José Ignacio Wert, le cuesta admitir que ha mantenido contactos con la jerarquía eclesiástica con motivo de la reforma educativa. Pero ha terminado reconociendo que la secretaria de Estado Montserrat Gomendio se ha reunido con responsables de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, aunque no se hizo público estos encuentros a diferencia de otros mantenidos con otros sectores.Los interlocutores de Wert

El Ministerio tiene como interlocutores por parte de la Iglesia a la Conferencia Episcopal y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa). También, a la patronal católica FERE, que mantiene una actitud pragmática y centra su atención en la reivindicación de los conciertos educativos, que también se benefician con la reforma de Wert.

Ganar clientela para la Iglesia

El exsecretario de Estado de Educación del anterior Gobierno socialista Mario Bedera, en declaraciones a El País ha considerado que la existencia de una materia alternativa a Religión “es una forma de ganar clientela” para la Conferencia Episcopal.

Caída de adeptos a Religión

El objetivo es evitar la caída de adeptos a la Iglesia. Entre el curso 2000-2001 y el 2009-2010, se registró un descenso de más de ocho puntos en la selección de Religión como asignatura, según los datos del Ministerio de Educación. En primaria, se pasó en una década del 83,32% de matriculados en Religión al 74,19%. En secundaria, del 63,71% al 54,39%. Y del 47,68% al 41,14% en bachillerato. La caída es mucho mayor en la pública y a medida que los chicos crecen y ganan libertad para elegir.

La batalla por Bachillerato

La Iglesia da la batalla ahora porque en la etapa de Bachillerato gane peso Religión. El Ministerio que dirige José Ignacio Wert ha decidido ahora situar esta materia entre las 11 asignaturas optativas de esta etapa no obligatoria. De esas 11, los alumnos deben elegir dos o tres. Pero el clero no está conforme y pretende que la asignatura tenga una atención especial.

Las líneas que hace años separaban a la Agencia Central de Inteligencia y al Pentágono se han ido diluyendo gradualmente a medida que las dos guerras que Estados Unidos abrió en la pasada década han ido tocando a su fin. Cerrado el frente iraquí e iniciada la retirada en Afganistán, la Casa Blanca ha aceptado dotar a la CIA de mayor autonomía para dar caza a supuestos terroristas en el extranjero, sobre todo con un notable aumento de su flota de drones o aviones controlados de forma remota. Además, considera autorizar un incremento de la red de espías de la que dispone el Pentágono, para ejercer un mayor control sobre los refugios de Al Qaeda en la península Arábiga y el este y el norte de África.

La dilución de las fronteras que durante las últimas décadas del siglo XX tan claramente separaron a la CIA y al Pentágono ha culminado durante los mandatos de George W. Bush y, sobre todo, Barack Obama. La Agencia ha tomado cada vez parte más activa en la ofensiva contra el yihadismo internacional, y ha expandido notablemente su programa de ataques con misiles lanzados desde drones, en muchas instancias con la cooperación del Ejército norteamericano. En verano de 2011, Obama nombró al exdirector de la CIA Leon Panetta jefe del Pentágono. En movimiento inverso, un condecorado general, comandante de las misiones en Irak y Afganistán y jefe del Comando Central militar, David Petraeus, fue nombrado jefe de la CIA.

Petraeus dimitió el pasado 9 de noviembre, después de admitir una relación extramatrimonial con su biógrafa. Su legado en la CIA será duradero. Antes de salir pidió a la Casa Blanca un refuerzo de la flota de drones de la Agencia, para poder efectuar ataques más allá de los objetivos habituales en Somalia, Yemen y Pakistán. La Agencia y el Pentágono tienen sus miras puestas en Malí y Libia, dado el incremento de la actividad en la zona del grupo Al Qaeda en el Magreb Islámico. Fuentes de la inteligencia norteamericana aseguran que la flota de drones de la CIA no supera en este momento los 35. Petraeus solicitó una decena más.

“Hay una tendencia general de incremento del uso de dispositivos de ataque controlados de forma remota, y un cada vez menor uso de grandes contingentes militares. La nueva forma de hacer la guerra implica un aumento del uso de comandos de operaciones especiales y fuerzas expedicionarias y de asalto anfibio, un mayor papel de la CIA Y más analistas militares”, explica el profesor Paul Rogers, especialista en seguridad internacional de la Universidad de Bradford. “Creo que no veremos en un futuro próximo un nuevo despliegue de contingentes de más de 100.000 soldados en un teatro de guerra, como sucedió en Irak y Afganistán”, añade.

La CIA, cada vez más militarizada, tiene su propia lista de nombres a los que tiene autorización de aniquilar. En septiembre de 2011 logró un notable éxito al matar en Yemen al clérigo Anuar el Aulaki, de nacionalidad norteamericana y uno de los mayores propagandistas de la red de Al Qaeda. El Ejército también tiene su lista de objetivos legítimos, que cada martes se somete a revisión por parte de unos 100 analistas de seguridad del gobierno. Estos recomiendan al presidente la eliminación o adición de nombres a esa lista, en un protocolo que en la Casa Blanca se conoce como “martes de terror”.

Los ataques contra esos objetivos se suelen ejecutar con misiles lanzados desde drones. Desde 2002, EE UU ha ejecutado hasta 494 misiones con drones en Pakistán, Yemen y Somalia. La CIA tiene un papel protagonista en Pakistán, que nominalmente es un aliado de EE UU pero cuyos servicios de inteligencia han asistido a la insurgencia talibán huida de Afganistán tras 2001. Normalmente, el presidente Obama autoriza personalmente cada ataque en Yemen y Somalia, pero sólo se le informa de un tercio de las misiones en Pakistán. El Ejército emplea también esos aviones remotos para operaciones de espionaje y ataque en Afganistán.

La CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono cooperan en muchos de esos ataques. La Casa Blanca no ha admitido en público la existencia de su programa de drones, por motivos de seguridad nacional. Por ello, no hay indicios de si, en operaciones conjuntas, se siguen los protocolos de actuación de la CIA o de las fuerzas armadas. En muchas instancias, como el ataque del viernes en el que EE UU aniquiló en Pakistán a Abu Zaid al Kuwaiti, uno de los nuevos líderes de Al Qaeda, no queda claro inicialmente si el drone empleado es de la CIA o del Pentágono. A pesar de ese secretismo, la Casa Blanca suele incidir en sus filtraciones en el hecho de que el número de víctimas colaterales suele ser casi inexistente.

“Esa afirmación no tiene sentido”, asegura el abogado norteamericano Clive Stafford Smith, que dirige la organización de derechos humanos Reprieve. “No saben lo que hacen, porque la información de inteligencia en el caso de Pakistán, por ejemplo, viene de la gente a la que le pagan para recibir esos datos de inteligencia, que son los mismos que les ofrecen información falsa en un primer momento. El problema mayor es que los drones aterrorizan a regiones enteras, algunos de ellos planeando 24 horas al día sobre algunas comunidades”.

Tras dos guerras que han acabado siendo notablemente impopulares, y en las que han fallecido más de 6.500 soldados norteamericanos, el Pentágono también busca modos de abrir vías de futuro, centrado en tácticas antiterroristas. El 20 de noviembre, en un discurso en Washington, el secretario de Defensa avanzó la vía de ruta de la próxima década. “La campaña contra Al Qaeda tendrá lugar fuera de zonas declaradas de combate, empleando tácticas que dejen poco rastro, con operaciones de precisión”, dijo Panetta.

Para ello, el Pentágono busca reforzar su propia rama de espionaje, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés). Este mismo mes, Panetta le pidió a Obama que le permita reclutar a 1.600 nuevos espías, lo que doblaría el tamaño de esa agencia. El razonamiento: la CIA ha sido tan efectiva dando caza a terroristas en el extranjero, que el poderoso Ejército norteamericano quiere ser más como la ella, y menos como unas fuerzas armadas al uso.

Los drones de Google (pequeños aviones no tripulados y con cámaras, pero sin armas en este caso) van a ser aliados para la protección de varias especies en la sabana africana. Con una inversión de unos 5 millones de dólares, el gigante del buscador colaborará en uno de los objetivos de la World Wildlife Fund (WWF) permitiendo que la tecnología sea una alidada de los vigilantes actuales.

Con muchos animales en peligro por el valor en el mercado negro de algunas de sus partes (como rinocerontes o elefantes en África), Google facilitará el uso de tecnología avanzada (y cara) para la detección y seguimiento de estos delitos. Con ese dinero, la WWF podrá perseguir de una manera más eficiente a los cazadores furtivos.

Los “drones” se encargarán de vigilar desde el aire las zonas protegidas, y grabarán a los furtivos que se internen en ellas con el objetivo de poder detenerlos más tarde.

Además, el dinero de Google facilitará las tareas de los vigilantes en tierra, optimizará su trabajo de campo con programas específicos y también permitirá avanzar en el etiquetado y seguimiento de partes amputadas de los animales mediante kits para realizar pruebas de ADN al instante.

Pacific Construction Group, la principal constructora china, invertirá 2,7 billones de euros en derribar 700 montañas en la provincia de Gansu, al noroeste del país, para construir una nueva ciudad, según informa el británico The Guardian.

El área donde se va a desarrollar este proyecto cuenta con una superficie de unas 130.000 hectáreas y está a 80 kilómetros de Lanzhou, la capital de provincia. Lanzhou es la ciudad menos desarrollada de China y con más polución. Además, en la zona no hay suficiente agua para sus habitantes.

Se espera que el proyecto contribuya enormemente al desarrollo de la zona, y que resulte rentable y atraiga miles de millones a la economía de Gansu.

Aunque algunos han señalado el riesgo económico que entraña la iniciativa, la constructora ha querido aclararlo en una entrevista por correo electrónico con The Guardian. "El entorno de Lanzhou ya es muy pobre, son montañas desoladas que apenas tienen agua", dijo Angie Wong, una portavoz de la empresa. "Nuestro estilo de desarrollo protector traerá agua a la zona, logrará la reforestación y conseguirá que las cosas estén mejor que antes".

La primera etapa del derrumbe de las montañas, que fue recogida el martes por la revista China Economic Weekly, empezó en octubre y permitirá la construcción de un nuevo distrito urbano de casi 16 kilómetros cuadrados.

Hay políticos con sentido del humor. Y luego está la primera ministra australiana, Julia Gillard, que se ha dirigido a la nación en un discurso en el que alerta, de broma, sobre el fin del mundo.

En un vídeo grabado por una radio, Gillard promete (en inglés) como si de un discurso real se tratase -pero con una dosis de humor evidente-, que luchará hasta el final por sus compatriotas.

Mis queridos compatriotas australianos todavía vivos, el fin del mundo se acerca, (como) ha predicho el calendario maya. Ya sean zombies devoradores de carne humana, bestias demoníacas del infierno o el triunfo del K-pop (el pop surcoreano) quienes asesten el golpe final, debéis estar convencidos de una cosa: lucharé por vosotros hasta el final. Al menos, esto significará que no tendré que volver a Preguntas y Respuestas (un programa político de televisión en el que los invitados contestan a las preguntas del público). Buena suerte a todos.

El 21 de diciembre se cierra una era del calendario maya, un evento que muchos quieren ver como el fin del mundo.

Hola gamersmafios,

En nombre del staff del distrito de Actualidad, redacto esta noticia para dar a conocer los últimos cambios del staff.

Tras la marcha de Draco351 y ObiJu, hemos incorporado a las filas del staff nuevos usuarios con ganas de aportar y continuar con la gran faena que Draco y Obiju hicieron en el staff. Recordar que ambos aportaron muchísima actividad tanto en el foro del distrito como en el trabajo interno que realizó el staff con "el comentario de la semana" y otras iniciativas aún vigentes en el distrito. Por eso, agradecemos de forma pública vuestra implicación y esperamos seguir leyéndos en el foro, habeis dejado el listón muy alto!

Para ocupar estas vacantes primero incorporamos al staff del distrito al 2 veces ganador del comentario de la semana: .Shinichi.. Y tras las peticiones de los usuarios de equilibrar la balanza ideológica del staff, tenemos el placer de poder contar recientemente con RaZeR999 y Destro, ambos conocidos por la comunidad por su veteranía y respeto hacia los otros usuarios.

También recordar que como mano derecha continúa never, haciendo un trabajo excelente para el distrito de Actualidad, aportando propuestas, actividad y un apoyo incalculable. Gracias a él puedo decir que continúo con mis funciones de don con las mismas fuerzas que el primer día.

Seguiremos trabajando, ahora con un equipo renovado, para el bien del distrito de Actualidad. Cualquier critica constructiva o propuesta será bienvenida para el staff del distrito, abiertos a escuchar a todos. Por eso, os animamos a hacerlo públicamente o por privado a cualquiera de los integrantes del staff.

Bienvenidos y ánimo a los recién llegados, y fuerza para que el buen ambiente del staff se vea reflectido en la actividad en el foro!

Los rectores de las 50 universidades públicas de España plantearán el lunes públicamente la misma petición: una financiación “suficiente y sostenible”. La CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha aprobado un comunicado conjunto en el que denuncia el “deterioro irreparable” en investigación y docencia que supondrán los mermados presupuestos del Estado y de las autonomías. Las universidades quedan “en una situación cercana a la asfixia económica”, alertan. “No perderán solamente las universidades, sino que perderemos todos”, advierten.

Hace años que los campus denuncian precariedad a todos los niveles. Lo novedoso es que los rectores en pleno hagan un gesto público ante la “gravedad” de la situación, según señalan en el comunicado al que ha tenido acceso este periódico. Tras plantar en mayo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por negarse a debatir con ellos los recortes, salen a la palestra ante la inminente aprobación de unas cuentas que rebajan un 18% el dinero destinado a Educación Superior (el gasto educativo en Universidades ascendía a 10.000 millones en 2010, según los últimos datos oficiales) y recortan el 80% en los gastos no financieros en I+ D+i.

Estas reducciones “puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de actividades esenciales”. Critican la “congelación de las plantillas de recursos humanos” que llevará a España a perder el “tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento”.

“Hay una clara incongruencia entre el discurso político a favor del progreso en el conocimiento y los recortes que ejecutan”, critica Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante, quien reclama que se fijen las prioridades científicas “porque se están perdiendo puestos y no se puede garantizar la continuidad de los proyectos”.

“Estamos bajo mínimos, en caída libre y esperando que pare”, alerta Francisco Lorenzo, titular de Filología y Traducción de la Facultad de Humanidades de la Pablo Olavide (Sevilla). “No se pueden organizar equipos de investigación sin personal extra y, ni tenemos recursos ni se publican convocatorias”. Lorenzo dirige el servicio de idiomas de su facultad, que ha perdido “entre un 10% y un 20%” de su presupuesto justo cuando los alumnos deben acreditar, al menos, un nivel B1 en otros idiomas. “La paradoja es que tendríamos que hacer un esfuerzo extra por la convergencia europea y la asunción del nuevo modelo y se hace justo lo contrario”.

“Nos faltan las herramientas básicas para trabajar”, explica Juan Varela, profesor de Filología Italiana de la Complutense. “No podemos comprar libros ni garantizar la apertura de las bibliotecas y eso, en filología, equivale a no tener material de laboratorio en Química”. Varela protagonizó hace una semana, con otro centenar de colegas, una protesta para denunciar la precariedad de la Complutense: sacaron las clases a la calle. Planean repetir en marzo con el resto de universidades públicas madrileñas.

La plantilla de la Complutense ha perdido 250 profesores con los ajustes. Varela calcula que se sumarán otros 200 más en dos años al no renovar a los ayudantes doctores. Son docentes que investigan y dan clases con fondos públicos durante al menos cinco años antes de alcanzar la titularidad. “Se ha frenado esa opción, los están echando a la calle después de formarlos”.

El retraso en los pagos en la Universidad de Valencia ha llevado a otra situación perversa: tres millones de euros invertidos en nada. La Generalitat, según fuentes del rectorado, ni siquiera afronta pagos comprometidos en el presupuesto. Y el campus se ve obligado a incluir en sus cuentas oficiales una partida para hacer frente a los intereses que generan las pólizas de crédito contratadas para suplir los retrasos del Gobierno regional. “Es frustrante hacer esfuerzos y luego perder ese dinero”, comentan desde el rectorado. La única partida que no ha bajado este año es la de becas. La Universidad ha multiplicado por cuatro el dinero que destina a ayudas a los estudiantes. En total, serán 900.000 euros, tres veces menos que el dinero que se esfuma pagando intereses.

El director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, ha anunciado esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio la apertura de una investigación interna para aclarar los disparos con lanzadora (armas que lanzan unos proyectiles de unos 40 milímetros de diámetro) en la zona donde una mujer, Esther Quintana, perdió un ojo en la pasada huelga general. Prat ha dicho que "hay que estudiar qué ocurrió" y "qué agente disparó".

Las palabras del director general de los Mossos desmienten al consejero de Interior, Felip Puig, quien en sede parlamentaria aseguró que la policía catalana no había lanzado ningún proyectil en la zona donde la mujer resultó herida, y llegan después de que un vídeo desmintiera este jueves la versión oficial de los hechos. Puig llegó a señalar a los propios manifestantes como los responsables de las heridas de Quintana al sostener que estos habían lanzado objetos contundentes contra la policía. PSC e ICV ya pidieron este jueves el cese de Puig por este motivo, mientras ERC exigió que Interior aclare lo ocurrido.

Interior da ahora, sin embargo, credibilidad al vídeo y Prat asegura que el cuerpo policial valorará lo ocurrido y tomará "las decisiones oportunas a nivel interno". Pese a todo, ha tratado de disculpar a Puig por haber faltado a la verdad en sede parlamentaria y ha dicho que el consejero dio la versión que tenía basada en informes internos y que "en ningún caso fue voluntad del consejero" informar incorrectamente de lo ocurrido.

Prat ha insistido en que los mossos no dispararon en ningún caso pelotas de goma y que no intervinieron en la confluencia del paseo de Gràcia con la calle de Casp, el lugar donde se encontraba Quintana. Pero forzado por vídeo y a diferencia de Puig, que había limitado el lanzamiento de proyectiles a la zona de Via Laietana, Prat sí ha admitido que hubo lanzamientos con lanzadoras en otras zonas (en el vídeo se ve a un agente utilizar esta arma a menos de 100 metros de donde se encontraba la mujer herida), aunque asegura que estos proyectiles no pueden causar las heridas que sufrió Quintana.

Esta mujer, de 42 años, se ha querellado contra los Mossos tras haber sufrido la fractura del pómulo y la pérdida de la visión de un ojo por el impacto de un proyectil en su cara el 14-N.

Las autoridades de Guatemala han detenido este jueves en la capital del país al empresario estadounidense John McAfee, uno de los pioneros mundiales en la creación de antivirus y fundador de la compañía de seguridad informática del mismo nombre, y han anunciado que lo podrían entregar a Belice, cuya Policía quiere interrogarlo en relación con la muerte de un ciudadano de este país centroamericano.

Tras pasar un mes en paradero desconocido, McAfee (de 67 años) anunció el pasado martes que se encontraba en Ciudad de Guatemala, adonde huyó, junto a su novia, Samantha (de 20 años), desde Belice. Asimismo, adelantó a un grupo de corresponsales que solicitaría asilo político al Gobierno de Otto Pérez Molina.

"Ha entrado ilegalmente en el país y vamos a proceder a su expulsión por este crimen", declaró este jueves el ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla. La detención fue efectuada por la Policía guatemalteca y por la Interporl en el Hotel Intercontinental de Ciudad de Guatemala.

El portavoz del Gobierno, Francisco Cuevas, ha indicado que el empresario podría ser entregado a Belice y ha precisado que los trámites para la expulsión podrían completarse este mismo jueves por la mañana (según horario local, la tarde en España). No obstante, el portavoz del Departamento de Inmigración de Guatemala, Fernando Lucero, ha advertido de que se descarta una deportación inmediata.

ASILO POLÍTICO

El abogado de McAfee, Telesforo Guerra, ha declarado que su cliente ha decidido solicitar asilo político a Guatemala por dos motivos: "porque al tener frontera con Belice conoce su nivel de corrupción y porque un antiguo fiscal general guatemalteco es el tío de Samantha y ayudará con los procedimientos legales".

Además, afirmó que el empresario estadounidense "volverá a Belice una vez que su estatus de asilado político en Guatemala sea oficial", ya que su cliente considera que el país caribeño es "su casa". Guerra también reveló que ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala que apoye la petición de asilo político. La sede diplomática, por su parte, ha contestado en un comunicado que McAfee deberá atenerse al marco legal del país centroamericano.

El propósito de la Policía de Belice es interrogarlo sobre la muerte de Gregory Viant Faull, de 52 años de edad, cuyo cadáver fue descubierto a principios de noviembre por una trabajadora del hogar en el salón de su vivienda con una herida de bala en la nuca.

McAfee -programador informático y creador del antivirus McAfee VirusScan- reside desde 2008 en Belice, un país en el que ya ha sido investigado por narcotrático, posesión de armas y corrupción de menores. En 1994 abandonó la empresa de seguridad informática que él mismo había creado en 1987 y catorce años más tarde se trasladó al país centroamericano con los cuatro millones de dólares que le quedaban.

El fallecido, Gregory Viant Faull, era vecino de McAfee y había discutido varias veces con éste debido a los problemas que le causaban los perros del antiguo empresario informático. Pocas horas antes del crimen, uno de los perros de McAfee había aparecido envenenado.

Investigadores en Estados Unidos dicen haber desarrollado un nuevo tipo de lámpara que podría usarse en lugar de los tubos fluorescentes.

La luz se genera con un material hecho a base de capas de plástico, y sus creadores aseguran que es más eficiente y produce una iluminación de mayor calidad al no parpadear.Los científicos detrás de esta tecnología creen que las primeras unidades podrían fabricarse en 2013.

UN BLANCO MÁS BRILLANTE

La nueva luz ha sido bautizada como tecnología electroluminiscente inducida por polímeros (Fipel, por sus siglas en inglés) y está hecha a base de tres capas de polímeros blancos que contienen un pequeño volumen de nanomateriales, los cuales brillan cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos.

El inventor de este sistema, David Carroll, es profesor de física en la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, Estados Unidos.Carroll explicó que esta nueva lámpara plástica puede moldearse en cualquier forma y produce una luz de mejor calidad que la de los tubos fluorescentes.

Según él, el problema de los actuales tubos es que “no se acomodan al ojo humano”.

“Las personas se quejan de dolores de cabeza, y la razón es que el contenido espectral de esta luz no coincide con la del Sol. Nuestro sistema puede adaptarse al espectro solar perfectamente”.

“Lo que quiero decir es que es más brillante que los bombillos rizados y puedo producirlos con el tinte que quieran”.

AHORRO ENERGÉTICO

Cerca de 19% del consumo global de electricidad se destina a la iluminación. Por eso, el uso de lámparas de bajo consumo supondría ahorrar el equivalente a la energía generada por 600 plantas eléctricas.

En los últimos años, varios han sido los intentos de fabricar bombillos de bajo consumo. Las lámparas LED (Light Emitting Diodes) pasaron de ser luces indicadoras en aparatos electrónicos a ser ampliamente utilizadas por su brillo y eficiencia, empleadas sobre todo en grandes edificios.

Otro gran paso fueron las bombillas orgánicas LED (OLEDs), que además de una mayor eficiencia prometen una mejor luz que los bombillos incandescentes.

Su gran ventaja sobre las LED es que pueden adaptarse a diversas formas, incluyendo pantallas de televisión de alta definición.

Pero el profesor Carroll cree que las luces OLED no cumplen determinados requisitos

“No duran mucho y no son muy brillantes”, apuntó. “Hay un límite en cuánto brillo puedes obtener con ellas. Si les pasas demasiada corriente se funden”.

Luz sin calor

Sin embargo, Carroll afirma que los bombillos Fipel resuelven estos problemas.

“Lo que hemos descubierto es una nueva forma de hacer luz más que calor. Nuestras lámparas no contienen mercurio, no tienen sustancias químicas cáusticas y no se rompen, porque no están hechas de vidrio”.

El científico dice que la nueva luz es de fabricación barata y tiene un “socio corporativo” interesado en producirla. Cree que la primera serie saldrá a la venta en 2013.

También tiene fe en la durabilidad de estos bombillos. Según él, la que tiene en su laboratorio ha durado casi una década.

Alrededor de 30.000 personas, que padecían una enfermedad o infección, fallecieron en Europa el año pasado como consecuencia de tener en su organismo cepas resistentes a los antibióticos capaces de anular los efectos de estos medicamentos.

El ser humano es cada vez más resistente al efecto de los antibióticos y esto es debido, en parte, a la ingesta de residuos de medicamentos a través de la dieta, especialmente de productos derivados de los animales, como la carne o los huevos.

Así lo ha afirmado a Efe Cristina Muñoz, veterinaria de la Agencia Nacional del Medicamento, con motivo de la jornada científica “Los antibióticos en la dieta y resistencia a los mismos” que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Muñoz ha explicado que actualmente se hace un “mal uso” de los medicamentos en los animales de granja consistente en suministrarles un “antimicrobiano cualquiera” ante la aparición de síntomas de enfermedad, en lugar de identificar la causa y darle el antibiótico concreto que sea capaz de matar a esa bacteria.

“Lo que consigues así es que esa bacteria desarrolle resistencias y que queden residuos de medicamentos en los alimentos. El día que tengas una gripe y te la tengan que tratar no vas a saber por qué el antibiótico no te va a hacer efecto y a lo mejor es porque has tomado carne u otro alimento”, ha comentado.

De hecho, ha señalado, unas 30.000 personas murieron el año pasado en Europa por tener cepas resistentes a los antibióticos que impidieron que el medicamento, suministrado para tratar una enfermedad o infección, hiciera efecto.

Además, ha precisado que estos casos de resistencia supusieron un gasto adicional en sanidad de nueve billones de euros en los países de la Unión Europea según un estudio que se presentó en Holanda.

Por ello, la Comisión Europea ha exigido a los estados miembros que programen y lleven a cabo una serie de actuaciones para reducir esta resistencia a los antimicrobianos en los próximos años.

En España, según ha indicado Muñoz, se está desarrollando un plan estratégico nacional para reducir la aparición de resistencias antimicrobianas que abarca desde el ámbito de la veterinaria hasta la atención médica a humanos, en la que también se ha detectado un mal uso de los antibióticos.

“Se está trabajando para que en 2014 se pongan en marcha unas medidas que afectan a todos, desde la granja al supermercado y desde casa al hospital, porque el objetivo fundamental es trabajar en conjunto veterinaria y medicina humana”, ha

Con esto, ha añadido, tampoco se quiere crear “alarma” entre los ciudadanos, ya que en España hay una regulación que controla el estado de cada uno de los alimentos para garantizar su consumo.

Sin embargo, las bacterias “son muy listas” y, una vez que se ha controlado una puede aparecer otra diferente, lo que obliga a médicos y veterinarios a trabajar de forma conjunta para “combatirlo” con las “mismas medidas” y a buscar “alternativas” a los antibióticos. “Hay que dejarlos para cuando solo sea imprescindible utilizarlos”, ha concluido.

Un modelo casi centenario en países más avanzados, más asequible, que permite heredar y que evita la especulación, lucha por abrirse paso en España

Por qué la cesión de uso es una alternativa real a la hipoteca

¿Se imaginan disfrutar de por vida de una vivienda en una buena zona de una gran ciudad española por sólo 2.000 euros de entrada y 225 de cuota mensual? Varios vecinos del barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona tienen su hogar por esas condiciones. La casa no les pertenece a ellos, pero tampoco a ningún banco. Es propiedad de una cooperativa que les cede el uso de por vida. Un derecho que, además, es heredable de padres a hijos y hasta permutable si uno necesita otro tipo de vivienda tiempo después.

"En España hay más de 3 millones de viviendas vacías, unos 300 desahucios al día [el 70% debido al desempleo] y una demanda actual de 260.000 viviendas sociales". Ese es el panorama al que iniciativas como la de Sostre Cívic ("techo cívico" en castellano) tratan de dar solución. Las palabras de arriba me las dice en entrevista Raül Robert, un ingeniero industrial metido a emprendedor social, Ashoka fellow (disclaimer: quien escribe también lo es) y presidente y socio fundador de esta organización cuyo principal modelo es la cesión de uso de viviendas.

La casa por los cimientos

Resumiendo su funcionamiento: una familia, o un grupo de personas o la propia organización buscan y encuentran viviendas cuyo propietario está dispuesto a ceder su uso a cambio de cánones anuales y mantenimiento "y reformas de las viviendas si hiciera falta, esto se negocia con el propietario", puntualiza Robert. Firman un acuerdo y esa vivienda pasa a formar parte del patrimonio de una cooperativa de cesión de uso que se crea a tal efecto o ya existente. Cualquier persona puede apuntarse como "socio expectante" por solo 100 euros ("reembolsables si decide abandonar", aclara Robert) y cuando le llega su turno, se le ofrece una de estas viviendas. Las condiciones para poder aceptarla: pagar una entrada y una cuota mensual, "y participar en su reforma y mantenimiento si fuera el caso", recuerda Robert. A cambio, puede permanecer en la vivienda de por vida y ceder el uso a sus hijos llegados el momento, y así consecutivamente. También contemplan la promoción y construcción de sus propias viviendas si es necesario, "pero es obvio que donde se pueda es preferible dar uso al stock existente".

Respecto a la opción más habitual del simple alquiler, las ventajas de cesión de uso radican sobre todo en "la seguridad de que el propietario no te va a echar de tu casa al no renovar tu contrato y que la vivienda va a estar siempre mucho mejor cuidada por toda la comunidad", según Robert. Y respecto a la compra-venta habitual de vivienda, "que en España supone un 85% del mercado", explica Robert, las ventajas de este sistema parecen más obvias: los precios de las entradas y de las cuotas son mucho menores que en las hipotecas, y además si no puedes pagar, obviamente no se aplica la ley hipotecaria porque la casa no es oficialmente tuya. Y el manido "es que así tengo algo que dejar en herencia" también se iguala, pues la cesión de uso es, como decíamos, heredable. Además, este modelo propicia la creación de una comunidad muy fuerte que sirve de base para otras experiencias sociales, como por ejemplo las finanzas compartidas o la creación de comunidades autofinanciadas, un apasionante tema del que hablaremos en un futuro post. Como corolario, con este sistema es imposible la especulación urbanística, germen de la crisis actual. 

Un modelo habitual en países desarrollados

"Pese a que somos un país no especialmente rico, un mercado tan insostenible macro y micro económicamente como la compra-venta domina aquí, con las consecuencias que ya sabemos, mientras que, paradójicamente, en países mucho más ricos que España, la cesión de uso está muy implantada. En Alemania es un modelo con más de 90 años de tradición y hay unos 2,5 millones de viviendas bajo esta fórmula; en Copenhague el 30% del parque de viviendas es cesión de uso”, contextualiza Robert. 

¿Por qué en España no ha sido así, quién se beneficia de ello? "En España las administraciones públicas se han empeñado siempre en la compra-venta de VPOs. 30 años después, este modelo sigue necesitando enormes cantidades de financiación anual para seguir rodando. Es dinero público que se pierde o va a parar a la especulación porque estas viviendas, pasado un tiempo, entran en el mercado libre, mientras que en sistemas de cesión de uso la inversión es cada vez menor y se generan excedentes que se pueden reinvertir en proyectos sociales o comunitarios de las propias cooperativas de vecinos, por ejemplo", explica Robert, y añade: "hasta el estallido de la burbuja, los beneficiarios del modelo español eran claramente las entidades financieras y los promotores". Quizá también los políticos que podían vender crecimiento económico sin tener que innovar lo más mínimo. "Pero hoy estos actores también están sufriendo las consecuencias de un modelo claramente insostenible para un país como España".

Siendo así, cabría esperar pues que la banca, hoy en día la mayor inmobiliaria del país, accediese a firmar acuerdos con entidades como Sostre Cívic. Al fin y al cabo, saben que el piso va a estar vacío y de esta manera se ahorran provisionar los fondos necesarios para cada desahucio y además reciben un canon anual y se mantienen las propiedades en perfecto estado. Pues, pese a estar siendo rescatadas estas entidades con dinero público, la respuesta ya la saben: no. Explica Robert: "Conseguimos firmar algo así un par de veces, pero hace ya dos años. Un banco hoy prefiere vender la propiedad a un particular, al que puede perseguir, echarle de casa y cobrarle la deuda restante, mientras que a una entidad jurídica, como lo es una cooperativa, no. De hecho a los promotores, también entidades jurídicas, les aplican grandes quitas". 

Dinero público, especulación y el 'banco malo'

Por otro lado, ya que el mercado está muy parado y vender a particular es muy difícil, "los bancos entonces prefieren empaquetar su deuda hipotecaria y venderla en el mercado con quitas para el comprador, que suelen ser fondos de inversión especulativos, de entre el 60 y el 80 por ciento". Lo peor es que con el advenimiento del 'banco malo', esta práctica antisocial la vamos a financiar entre todos: "El estado avala con dinero público al 'banco malo', quien absorbe esos paquetes de deuda hipotecaria de difícil cobro y los vende con grandes quitas en el mercado libre". Es decir, con dinero público se financia una enorme operación en la que las entidades financieras privadas se deshacen de sus hipotecas -impagadas por su mala gestión al concederlas- e inversores especulativos internacionales obtienen márgenes de beneficio en torno al 10-15 por ciento, mientras la desgarrada deuda pública española sufre el azote de la prima de riesgo y todo lo que ello conlleva, entre ello los recortes sociales.

Puntos de encuentro con la PAH

Llegados a este punto, es obvio que los miembros de Sostre Cívic tienen bastante en común con organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): "En su día pedimos conjunta y públicamente que este 'banco malo', ya que lo pagamos todos, debería asegurar el techo a las personas más vulnerables a cambio de un 30% de su renta". No obstante, no es fácil todavía la búsqueda de soluciones conjuntas porque "las personas a las que ayuda la PAH están en el tramo más delicado y angustioso del proceso, quizá no en el mejor momento de pensar a largo plazo". No obstante siguen intentándolo: "Hace poco empezamos a trabajar más en serio con la PAH de Málaga".

Diputaciones y ayuntamientos empiezan a mover ficha. Hasta la ONU

Pese a ese a la codicia sin límites de un sistema financiero desatado de normas y reglas y pese a la incompetencia de algunos políticos (¿o gestores?) de la mayoría de las administraciones públicas, algunos actores de estos dos ámbitos empiezan a moverse: "En el caso de las entidades financieras, la banca ética está empezando a tener músculo y a fijarse un poco en proyectos como estos y algunas administraciones, también". Por ejemplo, la Diputación de Barcelona. Hasta hace poco, la vivienda social que impulsaba esta administración se construía con la financiación de las cajas, ahora fallidas o en apuros, y se vendía como VPO. Ahora no hay financiación ni compra de VPO, "por lo que han visto claro que la apuesta debe ser el alquiler y la cesión de uso" y han firmado convenios con Sostre Cívic, "como algunos ayuntamientos también, que por ejemplo desgravan hasta el 90% del IBI al propietario que cede su vivienda al programa".

Sostre Cívic lo conforman actualmente 80 unidades de convivencia (no necesariamente familias, pueden ser compañeros de piso o casa) repartidas en 9 proyectos diferentes entre Manresa, Barcelona, Figaró, Andalucía y País Vasco, y tienen más de 1.000 "socios expectantes", que pueden ser de cualquier edad (aunque para llegar a usuarios finales deberán ser ya mayores de 18). Si el proyecto sigue asentándose, si los políticos realmente quieren algún día legislar para paliar el drama de la vivienda en este país y si cada vez hay más propietarios dispuestos a la cesión de uso, esos 1.000 irán corriendo en la lista y obteniendo hogares para vivir toda la vida en unas condiciones socialmente justas y asequibles. Y a ellos, inicialmente les habrá costado 'solo' 100 euros (recuperables si desisten). 

"En un país en el que aún mucha gente aún paga ‘los muertos’ [el entierro de uno] desde que se nace, o donde muchos padres hacen socios de un club de fútbol a sus hijos, quizá no sea mala inversión para el futuro de un niño o un joven el registrarse como ‘socio expectante’ y que, al llegar a los 18 o 20 años se le pueda ofrecer una vivienda en las condiciones que manejamos". La Relatora Especial de Naciones Unidas para una vivienda digna, Raquel Rolnik, ya dijo en su informe de agosto pasado que en España se hace ya imprescindible un mercado que abarque muchos más modelos colectivos de acceso a la vivienda.

Actualmente, en Sostre Cívic las entradas oscilan entre los 1.000 y los 35.000 euros y las cuotas mensuales entre los 175 y los 475, dependiendo del tipo de vivienda, su estado, si el usuario trabajará reformándola y la zona en la que esté. Sin hipotecas. Sin bancos. Sin especulación. Con comunidad. Con asesoramiento. ¿Con recorrido?

En su plan para externalizarlos asegura que gastan más de 600 euros por paciente y año mientras que al hacer el balance de su funcionamiento en 2011 les atribuyó un gasto de 441

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha inflado en 21 meses un 40% el coste por habitante y año que, asegura, paga en los seis hospitales que pretende privatizar para justificar su cesión a empresas privadas por su supuesto menor gasto. En el único documento con el que argumenta su decisión, llamado Plan de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, la Consejería de Sanidad dice: “De media, el coste total de la asistencia sanitaria especializada de la población de los hospitales de gestión mixta es de unos 600 euros por habitante, mientras que en los hospitales con modelo capitativo más recientes, este coste medio anual es de 441”. Sin embargo, en febrero de 2011, el consejero Javier Fernández Lasquetty situaba ese coste per capita en 428 euros. Un salto de 128 euros y un 40% en los hospitales mixtos en algo más de un año.

El primer cálculo lo presentó Lasquetty en el hospital del Henares al hacer el balance de actividad de los tres primeros años de esos seis centros. Según ese balance, los hospitales que ahora planea sacar a concurso realizan casi “el 20% de la actividad” asistencial en la región ya que al evaluar se añadían el Puerta de Hierro (que trabaja con la fórmula mixta que los que privatizarán la gestión sanitaria: Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo) y el totalmente externalizado Infanta Elena de Valdemoro.

El Gobierno de Ignacio González expone que “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes”. Con el recálculo de los costes que convierte, según el documento, a los centros mixtos de gestión médica pública en un 40% más caros de lo que eran en su tercer aniversario y esta frase se despacha el plan de privatización de asistencia hospitalaria.

Eficiencia por cama y paciente

Respecto a la mayor eficiencia, los números de los presupuestos de la Comunidad de Madrid arrojan las siguientes aclaraciones. En 2012, la gestión privadas de hospitales supuso 553.820.728 euros para una población asignada de 820.000 ciudadanos. Los hospitales Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Torrejón de Ardoz y Rey Juan Carlos 914 camas. A este respecto, el sindicato CSIT, en un informe, añade que esas son las camas “funcionantes”, es decir, “las habilitadas para su uso”. Eso da un gasto medio por habitante de 675 euros al año y de 605.930 euros por cama. Los hospitales totalmente públicos (La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico, La Princesa, Puerta de Hierro, Getafe, Móstoles, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias y Gregorio Marañón) suponen una partida 2.792 millones dedicados a 4,2 millones de personas y con 8.010 camas. Los gastos medios son de 664 euros por cartilla y 348.631 euros por cama al año, según los cruces de datos llevados a cabo por CSIT en un estudio comparativo.

El Plan de Medidas ideado por el Gobierno regional pretende pasar a manos privadas la gestión médica de seis hospitales. Los presupuestos de esos seis centros para este año suman 461.646.974 euros que engrosarían el volumen de negocio del sector privado a cargo de centros públicos. La financiación final de los hospitales dependerá de la cuota por persona asignada que ofrezcan los contratistas. Pero, además, en esos hospitales se debe seguir abonando el canon por su construcción y gestión administrativa que detentas las empresas que levantaron el edificio. Las concesiones varían entre 25 a 30 años y suponen algo más de 700 millones anuales, según recuenta el Observatorio de la Sanidad de Madrid. En 2010, le Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una revisión al alza del canon anual de 1,9 millones de euros, según reflejó la Cámara de Cuentas regional ya que el acuerdo no tuvo publicidad.