El vehículo, situado a la salida de la sede situada en la calle Génova de Madrid, llevaba rotulado “Destrucción documentación confidencial”.

Una furgoneta ha llamado la atención a todos los medios la mañana del lunes frente a la sede del Partido Popular. El vehículo, situado a la salida de la sede situada en la calle Génova de Madrid, llevaba rotulado “Destrucción documentación confidencial”.

Llama la atención la presencia de esa furgoneta después de que Luis Bárcenas, extesorero del PP, tuviera un despacho en la sede y una sala en la que guardaba documentos.

Además, en la página web del PP ya no figura Luis Bárcenas como tesorero y senador, algo que sí aparecía hasta hoy.

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció que aplicará dos auditorías, una interna y otra externa, a las cuentas de la formación para verificar que están limpias tras la gestión del extesorero Luis Bárcenas.

Según informaron fuentes populares, Rajoy hizo este anuncio durante su intervención a puerta cerrada ante el Comitè Ejecutivo del PP, en la primera reunión celebrada tras el escándalo sobre las cuentas del partido.

La tesorera del PP será la encargada de la auditoría interna del partido

La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, será la encargada de realizar la auditoría interna sobre las cuentas del partido, según ha avanzado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El propio jefe del Ejecutivo ha informado a la cúpula del PP que la auditoría interna la llevará a cabo Carmen Navarro. Navarro fue nombrada tesorera del partido el pasado mes de mayo en sustitución de Jose Manuel Romay Beccaría, que fue nombrado presidente del Consejo de Estado.

Hacienda atribuye a Urdangarin y Torres un fraude fiscal de al menos 470.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado hoy que vuelvan a declarar ante el juzgado de Instrucción número 3 de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, basándose en nuevos datos aportados a la causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Nóos atribuye a Iñaki Urdangarin y Diego Torres un presunto fraude fiscal de al menos 470.000 euros en los impuestos de sociedades y del IRPF en 2007 y 2008. Según este informe, entregado ayer por la Agencia Tributaria, el Instituto Nóos no ha declarado a Hacienda en el ejercicio de 2007 un total de 230.979 euros correspondientes al Impuesto de Sociedades, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Por otro lado, el ministerio fiscal ha registrado hoy la petición ante el juzgado que instruye el llamado caso Nóos de forma que requiere que vuelvan a ser citados tanto Urdangarin como Torres, que ya han prestado declaración por esta causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). La Fiscalía estaba pendiente de recibir un informe adicional elaborado por la Agencia Tributaria acerca del supuesto desvío a paraísos fiscales de dinero cobrado por Torres y Urdangarin a través del entramado empresarial del Instituto Nóos.

El llamado caso Nóos investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007. Urdangarin declaró ante el juez José Castro el 26 de febrero de 2012 y señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las "relaciones institucionales a gran nivel".

En una maratoniana declaración que duró desde las 9 de la mañana hasta las 4.00 de la madrugada, el duque de Palma se hizo responsable de sus «acciones u omisiones» en Nóos, pero no de lo que hicieran sus subordinados. Respecto al periodo de 2003 en el que fue administrador de Nóos, Urdangarin dijo que no adoptó «ninguna decisión» y ha subrayado en numerosas ocasiones que desconocía los detalles del día a día de la gestión del instituto y de otras empresas relacionadas que están bajo sospecha.

Por su parte, Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio de 2011, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar los Illes Balears Forum, dos foros deportivos. El exsocio de Urdangarin fue citado de nuevo para el 11 de febrero de 2012, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar.

Posteriormente solicitó una declaración voluntaria, que fue fijada para el 22 de mayo de 2012, pero unos días antes de la fecha estipulada pidió que se cancelara alegando la presión mediática a la que se veía sometido. La petición de una nueva comparecencia de ambos por parte de la Fiscalía ha coincidido con las declaraciones que han realizado hoy en el juzgado tres testigos, entre ellos el sobrino del duque de Palma, Jan Gui Urdangarin, y un imputado en esta causa, el empresario catalán Joaquim Boixareu.

Está previsto que en los próximos días el juez Castro tome una decisión sobre la petición de una fianza de responsabilidad civil para Urdangarin y Torres, formulada tanto por la Fiscalía como por la acusación popular del Sindicato Manos Limpias y la acusación particular de la comunidad autónoma de Baleares. La Fiscalía y Manos Limpias coincidieron en reclamar 8.189.448 euros de fianza, mientras la comunidad autónoma balear solicitó 3.498.014 euros.

Malí, uno de los 25 países más pobres del mundo, nacido en 1960 como Federación de Malí a raíz de la independencia de Sudán y Senegal, era hasta hace apenas 12 meses un modelo de democracia africana. Con 15,5 millones de habitantes y una extensión vastísima, más del doble que Francia —con el Sáhara al norte, la sabana saheliana en el centro y los cultivos en el sur sudanés regado por el Níger—, el país donde Miquel Barceló pasaba varios meses cada año investigando con la arcilla y las termitas, y pintando sus acuarelas resonaba en los oídos occidentales como el último —o en fin, el penúltimo— paraíso perdido.

Músicos dotados de duende, talento y conciencia como Toumani y Mamadou Diabaté —los genios mandingas de la kora—, Ali Farka Tuoré y Salif Keita creaban marca Malí en todo el mundo; el gran Kanouté goleaba y ganaba títulos en España, los turistas fluían a millares hacia la milenaria Tombuctú para visitar los santuarios y las casas de adobe, y los musulmanes —el 90% de la población— acataban sin problemas el sistema constitucional laico moldeado en París para Alpha Konaré (ganador de las elecciones de 1992 y 1997) y prolongado luego por Amadou Touré, que fue investido presidente en unos comicios homologados por la comunidad internacional en 2002 y reelegido en 2007.

Todo cambió en 2011, cuando acabó la guerra de Libia. Los milicianos independentistas tuaregs de Ansar Dine, que habían permanecido marginados pero más o menos tranquilos durante décadas, lucharon como mercenarios para las tropas leales a Gaddafi, y regresaron a casa en sus veloces camionetas sin techo, armados hasta los dientes con trastos de todos los calibres y pesos posibles (metralletas, cañones, blindados, baterías antiaéreas…), adquiridos a buen precio en el enloquecido bazar libio.

Tras aliarse con los yihadistas de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), que controlan un círculo inmenso de arena que va desde el Atlántico hasta Chad y desde Níger al sur de Túnez, y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), los tuaregs lanzaron la rebelión en enero de 2012; en unas semanas conquistaron tres regiones del norte y declararon la sharía, la ley islámica. Enseguida empezaron las lapidaciones, las amputaciones y la destrucción del patrimonio histórico. Cientos de miles de malienses huyeron al sur y a los países vecinos, agudizando así la hambruna de millones de personas en el Sahel.

Descontentos con la débil respuesta del presidente, soldados del Ejército regular, que habían sido entrenados por Estados Unidos, que invirtió 500 millones de euros en su formación, se pasaron al enemigo con armas y bagajes, y depusieron a Touré. La mediación de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, consiguió en abril colocar al civil Dioncounda Traoré como presidente de un Gobierno de unidad nacional provisional. Pero una turba atacó al nuevo líder, que tuvo que volar hasta París y necesitó dos meses para recuperarse del susto y las heridas antes de volver a Bamako.

En septiembre, Traoré pidió ayuda a la comunidad internacional alegando que los rebeldes seguían ganando posiciones. La ejemplar democracia maliense no controlaba su territorio. Había sucumbido al terror.

Mientras todo esto pasaba, en Francia hubo elecciones. Y ganó François Hollande.

La doctrina de François Hollande sobre África es una especie de revolución que trata de sanear las muy corruptas y podridas alcantarillas del neocolonialismo francés. Consiste en afirmar que la Administración ha dejado atrás para siempre los hábitos de la Françafrique, ese término despectivo que describe la complicidad de Francia con los dictadores títere para esquilmar a conciencia las materias primas de la zona y financiar luego bajo cuerda las necesidades, personales o partidarias, del sistema político de París. El mensaje es que la larga fase histórica marcada por las maletas llenas de billetes llegando al Elíseo es cosa del pasado. Que África es adulta y debe gestionar y decidir su futuro. Y que las intervenciones más o menos caprichosas de las tropas francesas asentadas en las bases de Chad, Burkina Fasso, Níger o Costa de Marfil, por citar solo algunas, son cosa del pasado.

Siguiendo ese dogma, y tras retirar nada más llegar al poder a las tropas de Afganistán de forma anticipada, los asesores de Hollande en el Elíseo, Exteriores y Defensa elaboraron un plan para afrontar el espinoso dossier maliense. El proyecto fue ampliamente debatido, votado y rezagado en la ONU, aunque finalmente fue aprobado en diciembre pese a la oposición inicial de la embajadora estadounidense, Susan Rice, que lo calificó públicamente como —la cita es textual—, “un plan de merde”.

El “plan de mierda” consistía en ayudar al Gobierno de Malí a frenar el avance de la rebelión “terrorista” con tropas estrictamente africanas, reclutadas por la CEDEAO y puestas bajo el mando de un general nigeriano asesorado por un puñado de oficiales franceses. Estas tropas se unirían al desmoralizado y muy impopular Ejército regular maliense para reconquistar el norte, y en vez de ser instruidas por EE UU —visto el éxito obtenido— estarían formadas por 450 instructores europeos. La UE, la ONU, la Unión Africana, e incluso Rusia y China, consideraron que podía servir, y el Consejo de Seguridad aprobó en diciembre la resolución 2.085 autorizando el despliegue.

Pero todo se precipitó de nuevo el 10 de enero. Ese día, los grupos islamistas y otros parientes tomaron Konna. Situada en el centro del país y a escasos kilómetros de un aeropuerto, se trata de un lugar demasiado peligroso y estratégico como para haber sido elegido al azar. La ofensiva de los terroristas hacia Bamako había empezado.

Tras debatir con su Estado Mayor y los jefes de los servicios de inteligencia interior y exterior, Hollande reunió el día 11 al Consejo de Defensa en el Elíseo y dio la orden de ataque a los aviones Mirage aparcados en la base de Chad, muy cerca de la capital, Djamena. En ese momento, según ha escrito Christophe Barbier en L’Express, Hollande decidió “ser comandante en jefe para convertirse, finalmente, en jefe de Estado”.

En unas horas, la metamorfosis del presidente al que muchos apodan Flanby por su blandura asombra a los franceses. No solo rectifica su flamante política africana no intervencionista sobre la marcha para “asegurar la existencia del Estado de Malí”. También, explica con determinación ante las cámaras, ha dado la orden de enviar un comando de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) a Somalia.

Francia tiene allí a un espía (seudónimo Denis Allex) secuestrado por la milicia yihadista Al Shabab desde hace tres años y medio. El asalto de las fuerzas especiales, cinco helicópteros y 50 militares, fracasa en el intento de liberar al rehén. Mueren dos soldados franceses, otros seis resultan heridos, y Allex es asesinado por sus captores. Según París, el asalto acaba también con la vida de 17 terroristas. El mismo día, Francia sufre la primera baja en Malí, un piloto de helicóptero del regimiento de Pau.

Pese al desastre inicial, Hollande envía un doble o triple mensaje de firmeza. Al “islamogansterismo”, a los socios euroatlánticos que se permiten menospreciar a Francia en la ONU o la UE, y a sus asustados conciudadanos que temen haber elegido a un jefe de Estado incapaz de gestionar las crisis importantes. El recado dice: “No nos chantajearéis con los secuestros, no os dejaremos destruir las precarias democracias africanas, Francia sigue siendo mucha Francia”, y su Ejército, señala Barbier, “está preparado para adaptarse a los peligros contemporáneos y las nuevas amenazas”.

Si hace diez años Jacques Chirac prefirió eximir a sus paisanos de la guerra de Irak, Hollande, asesorado ahora por el nuevo equipo de comunicación del Elíseo, fichado en diciembre para tratar de remontar la popularidad hundida en los primeros meses de su mandato —un 35%—, comparece ante el país solemne, firme, determinado. Los partidos, sin excepción, aprueban sus decisiones, se forma un raro clima de unidad nacional —durará apenas una semana—. Pero pronto queda claro que su nuevo traje no gusta en Europa. Alemania, Reino Unido y España prefieren mirar hacia otro lado ante la petición de colaboración francesa y se convierten en el enemigo en casa.

Dos medios conservadores, Financial Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, lideran la corriente de opinión. Al intervenir en solitario en Malí, afirman: Hollande ha cambiado sus principios sobre la marcha, resucita viejas actitudes colonialistas y defiende intereses económicos más o menos ocultos, además de lo obvio, intentar ganar popularidad con una intervención armada.

Hollande replica a las críticas. Afirma que Francia no tiene la menor intención “de quedarse” en su excolonia, y asegura que la operación en Malí, que solo busca defender a los ciudadanos franceses, será “una excepción” a la regla general. Ese nuevo Hollande, que parece menos sincero de lo habitual, desdeña incluso las afirmaciones que señalan que la intervención busca proteger a las compañías que, como el gigante nuclear Areva, extraen materias primas baratas en la zona, entre otras el uranio de la vecina Níger, tan útil para las centrales francesas.

“No estamos en Malí para defender a nuestras empresas”, afirma el presidente, que se pliega a la versión oficial de los tres objetivos: “Primero, frenar la agresión terrorista, que buscaba hacerse con el control de todo el país, incluida Bamako. Después proteger la capital, donde viven varios miles de ciudadanos franceses. Y finalmente, permitir a Malí recuperar la integridad territorial”.

El especialista en África occidental René Otayek, profesor de Science Po en Burdeos, cree que “no es absurdo decir que Francia ha actuado para defender a los miles de franceses que viven en Bamako, aunque no es menos cierto añadir que gran parte de esos ciudadanos trabaja para empresas francesas asentadas en la zona y que es lógico que Francia las defienda. Las minas de Areva en Níger suponen el mayor suministro de uranio para Francia, pero también hay explotaciones petroleras y muchas otras compañías que operan en Mauritania, Malí, Burkina Faso… El Sahel es un lugar estratégico para Francia, y es incontestable que intente impedir que los terroristas amenacen las minas de uranio y sus otros intereses”.

Aunque sea incontestable, esta realidad política, comercial y económica parece estar en la raíz de la escasa implicación de los socios naturales en la primera aventura bélica de Hollande. El eurodiputado ecologista franco-alemán Daniel Cohn-Bendit resumió con toda crudeza el malestar por la deserción europea al decirle a Catherine Ashton: “Madame Ashton, usted ha dicho que nos concierne a todos. Todos nos dicen lo mismo. Pero no hay más que soldados franceses allí. Y lo que se nos está diciendo es: "Nosotros os mandamos unas enfermeras, y a vosotros que os maten”.

Le Monde reveló que en la reunión de ministros de Exteriores celebrada el jueves en Bruselas, el francés Laurent Fabius se sintió también molesto porque sus homólogos español y alemán le preguntaron “qué busca exactamente Francia en Malí”. En cuanto a la Administración de Barack Obama, su lenguaraz embajadora Susan Rice ha dejado claro que París es el único responsable directo de la intervención al afirmar que la petición de ayuda enviada a Naciones Unidas por el presidente maliense se podía resumir con la expresión “¡socorro, Francia!”.

Así, a pesar de la oleada de apoyo moral que Francia ha recibido estos días, Hollande deberá conformarse, de momento, con formar una coalición eminentemente francófona y europea. Hoy por hoy, solo Bélgica entre los 27 países de la UE se ha comprometido a enviar tropas —unos 70 soldados que colaborarán en tareas de transporte y mantenimiento— a la zona. Los compañeros de viaje de Francia estarán en la fuerza multinacional de países africanos occidentales, la Misión Internacional de Apoyo a Malí (MISMA, en francés). Ese contingente de 3.300 soldados, de los que 2.200 deberían estar sobre el terreno hoy domingo, y los 2.000 soldados que enviará Chad serán por ahora el único consuelo a la soledad de los 2.500 militares franceses que lucharán contra un enemigo formado, según los cálculos del ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, por unos 3.000 yihadistas y tuaregs.

La MISMA estará liderará por la anglófona y no siempre eficaz Nigeria (la excepción a la regla francófona aportará 900 soldados y el general al mando), y en ella militan también Togo (540 soldados), Níger (500), Senegal (450), Burkina Faso y Benín (300 cada uno), Ghana (180) y Guinea, que enviará 145 militares.

Solo un miembro secundario del Gobierno, el ministro de Relaciones con el Parlamento, Alain Vidalies, se ha atrevido a deplorar en público “la mínima movilización de Europa”. Vidalies citó “algunas ausencias lamentables”, sin dar nombres, y enfatizó que “Francia no ha decidido actuar en solitario sino que han sido los acontecimientos los que han dictado la respuesta”. Pero el sabio profesor Gilles Kepel ha escrito esta semana en Le Monde que “la soledad de Francia no es sostenible salvo que se vacíe de sentido a la UE”.

Y el problema es que la actitud de sus principales socios, Alemania y Reino Unido, parece revelar que Europa todavía no es consciente de que este episodio de la guerra de las democracias contra el terrorismo es el más europeo de los que se han librado hasta ahora. Con Canarias a 1.800 kilómetros del teatro de operaciones y Argelia a tiro de piedra de España, las deserciones europeas del frente han causado estupor y escozor en Francia. Algunos diputados socialistas han criticado con dureza la negativa de Berlín a enviar tropas. “La crisis de Europa parecía financiera, pero es política”, afirmó Malek Boutih, que acusó a los alemanes de “debilitar la solidaridad europea”.

El profesor Otayek cree que no es momento de dramatizar sino de sumar. “Es verdad y mentira a la vez que Francia esté sola en el Sahel. Alemania solo envía tropas al exterior de forma excepcional, aunque es verdad que si lo hiciera ahora sería un apoyo político muy simbólico. España y Gran Bretaña también han dado apoyo moral y logístico, como Estados Unidos... De momento, la guerra de Malí es quizá la intervención francesa más consensuada de la historia, incluso en la opinión pública nacional. Pero eso puede cambiar si la operación terrestre causa muchas bajas, si el conflicto se alarga y se afganistaniza”, advierte.

Lo que todo el mundo parece tener claro es que la guerra de Malí será larga. El profesor René Otayek recuerda que “terminar la operación en el Sahel requerirá varios años y enormes medios humanos, logísticos y materiales, que exceden con mucho la capacidad de un solo país”.

El impresionante ataque terrorista a la planta de BP en el sur de Argelia, que ha conmocionado al mundo esta semana, ha resonado como un aviso palmario de que el Sahel y sus ramificaciones son demasiado grandes y peligrosas como para que Francia pueda ocuparse sola de todo. Otayek piensa que “el secuestro habrá convencido a algunos, al menos a Reino Unido, Noruega y Holanda, de que van a tener que ayudar mucho más a Francia de lo que querían”.

“El contexto de esta guerra es totalmente distinto del pasado”, dice el profesor de Science Po. “Francia tiene por primera vez el apoyo de toda la región, y también es la primera vez que se forma una coalición panafricana para luchar sobre el terreno, aunque la UE y la Unión Africana trabajaban en esta idea desde hace tiempo. Pero creo que Europa y Estados Unidos entenderán que Occidente se juega en el Sahel mucho más que una guerra y que la inestabilidad de esa zona no se puede conjurar solo con las armas. Para quitar el espacio a los traficantes de toda índole hace falta política, energía, dinero. Y también mano izquierda para integrar a las minorías tuaregs. Si no, nunca habrá paz”.

José Alfredo Dolz estaba pletórico. Tenía 25 años, estaba enamorado de su novia, la empresa familiar marchaba sobre ruedas, la vida le sonreía. “Me voy a Gandia a visitar a un cliente”, le dijo a su hermana Loreto en aquella tarde del 1 de diciembre de 2003, antes de partir.

Salió de Algemesí al volante de su Volkswagen Golf, acompañado de su novia Paula Catalina y enfiló la autopista de peaje AP-7. Eran las 19.15 cuando inició un adelantamiento en un tramo recto de la autopista, a la altura del término municipal de Polinyà de Xúquer. Había buena visibilidad. Cuando estaba en plena maniobra, vio cómo un Opel Magnum se aproximaba a gran velocidad en dirección contraria. Aceleró e intentó concluir el adelantamiento lo más rápido que pudo, dio un volantazo a la derecha, pero no pudo evitar el impacto. Su novia Paula Catalina salvó la vida. Él, no.

Hace diez años ya de aquel siniestro accidente. Pero el fallecimiento de José Alfredo Dolz ha vuelto a desgarrar nuevamente a su familia. Esta semana saltaba la noticia del indulto del Gobierno al conductor kamikaze. Un indulto que ha despertado un notable nivel de recelos: el martes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, daba el primer toque de atención —“tendremos que estar atentos a estas cuestiones”, dijo—; el jueves, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, declaraba: “A mí no me acaba de gustar [el indulto]. Eso se lo digo tranquilamente”.

Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze, fue condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás. Solo ha pasado diez meses entre rejas. Puso en riesgo la vida de muchas personas en aquella tarde aciaga.

Empezó acosando al conductor de un Hyundai Lantra, que estaba realizando un adelantamiento en la AP-7, a la altura de la salida Torrente-Calicanto. Le arrolló una primera vez. Sin disminuir la velocidad, continuó pegado él. Le volvió a impactar. Eran las 18.40 de la tarde.

El conductor del Hyundai se llevó el susto de su vida y se paró en el arcén para alertar a los servicios de emergencia.

Tras acceder al peaje de Silla de la AP-7, Ríos Salgado cogió un tique y, tras circular un tramo de autopista, paró en el arcén derecho, efectuó un giro de 180 grados y empezó una carrera suicida de cinco kilómetros en dirección contraria.

Nueve coches tuvieron que apartarse para evitar el impacto del kamikaze. Le mandaban ráfagas de luces, le pitaban, pero Ríos Salgado continuó firme hacia adelante. Hasta que se estampó contra José Alfredo y su novia Paula.

El proceso judicial fue largo. Gracias a un bufete de abogados que agotó todos los recursos posibles y al inquebrantable respaldo de su empresa, la Opel, Ríos Salgado consiguió librarse de la cárcel durante nueve años. Pero el 2 de febrero de 2012 ingresaba en el centro penitenciario de Alicante tras la ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo. Solo le quedaba recurrir al Tribunal Constitucional. Y pedir el indulto. Así procedió.

No es habitual conceder el perdón a un kamikaze condenado a 13 años de cárcel. Y más aún con la oposición de la Audiencia Provincial, la Fiscalía y las víctimas, estamentos a los que se consulta antes de ejecutar la medida de gracia. Solo el centro penitenciario emitió informes favorables a la excarcelación del preso.

No tardaron en alzarse voces contra el indulto. El secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, pedía una investigación para dilucidar si tras la medida de gracia se escondía un caso de tráfico de influencias. El abogado que defendió al conductor kamikaze, Esteban Astarloa, es hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue subsecretario de Justicia en el periodo 2000-2002.

Juan Bravo, subsecretario de Justicia, intentó explicar esta semana los motivos del indulto. Aludió al largo tiempo transcurrido desde 2003. A las escasas probabilidades de reincidencia. Y desempolvó de nuevo el argumento de la defensa de Ríos Salgado: que el acusado sufrió aquella tarde un supuesto ataque epiléptico.

Todas las instancias han desechado este argumento. Un argumento que, según señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, plantearon los abogados de Ríos Salgado dos años después del suceso. “La única crisis que según se alega habría padecido sería precisamente la que según la defensa habría ocurrido el día de los hechos”, reza el dictamen de los jueces. Es decir, según la defensa, Ríos Salgado solo tuvo un ataque de epilepisa en su vida, y fue el día del accidente.

En las primeras fases de la investigación, recuerda el abogado de la familia Dolz, Agustín Ferrer, cuando se le preguntó a Ríos Salgado si padecía alguna enfermedad, dijo que estaba sano, que era un deportista.

El informe de los forenses no admitía la existencia de esta crisis epiléptica: “La cual”, dice la sentencia, “en cualquier caso no justificaría una conducta tan compleja y prolongada”.

A sus 58 años, Ríos Salgado está en libertad. Cuando ocurrieron los hechos, vivía en Almoradí. Durante el juicio, en Ciudad Real. En enero de 2011, en Guadalajara.

La sentencia refleja que en aquellos días de 2003 el homicida iba a ser trasladado a otro concesionario de Opel, por lo que atravesaba “una situación de estrés”. Este periódico intentó recabar su versión, poniéndose en contacto con su abogado, Esteban Astarloa, que declinó hacer declaraciones.

El abogado de la familia Dolz describe la actitud de Ríos Salgado durante el juicio: “Normalmente, la gente suele estar nerviosa en un caso como este. Él se mostró correcto, pero muy frío y distante, como si lo estuviera viendo todo desde fuera”.

La hermana de la víctima, Loreto Dolz, de 39 años, se muestra indignada. “El poder ejecutivo vuelve a ponerse por encima del judicial: esto es una burla a los jueces y fiscales de este país”, exclama en una cafetería del centro de Madrid. La familia ha convocado una manifestación para mañana lunes, a las 20.00, en la plaza del Carbó de Alzira. “Queremos que se revoque el indulto”, dice Loreto Dolz: “Nunca se ha revocado ninguno, pero alguna vez debe ser la primera”.

En las fichas de obtención de datos sobre el cliente, el extesorero incluyó entre las empresas en las que participaba la argentina La Moraleja SA, dedicada al negocio agrario y presidida por Ángel Sanchís

En la documentación remitida al magistrado Pablo Ruz hay una nota interna que relata un episodio sobre Sanchís. Fechada el 20 de febrero de 2009, dice lo siguiente: "Nos anuncia [Bárcenas] la visita para hoy de uno de sus amigos, el señor Ángel Sanchis Perales que es una persona de toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él, para consultar la posición actual y plantear algunas preguntas sobre su cuenta".

En esa visita al banco suizo Dredsner , Sanchís ya anunció que "el cliente" había decidido "liquidar una parte de su cartera de valores" y que daría las órdenes correspondiente de transferencia. Es decir, ya el 20 de febrero, tres semanas después del estallido del caso Gürtel, Bárcenas tenía claro que cerraría esa cuenta, abierta a nombre de la fundación panameña Sinequanon. El propietario formal de esa fundación es una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Bermudas.

Bárcenas aseguró con reiteración al banco que el dinero no guardaba ninguna relación con el PP. Hasta ahora, el sumario no permite extraer conclusioens sobre la presencia de dos extesoreros del PP en un mismo negocio. Ni de que ambos tuvieran relación con la multimillonaria cuenta suiza.

El exdiputado Álvaro de Lapuerta, un histórico político conservador que durante quince años fue el máximo responsable de la gestión de las cuentas del Partido Popular, ha presentado una denuncia esta mañana en la Comisaría de Chamartín de Madrid. En el atestado, asegura haber recibido dos llamadas telefónicas anónimas en su móvil durante la tarde de ayer. En la primera, a las 17:15, una mujer que no se identificó le "advirtió" sobre una información publicada en la prensa donde se le nombraba en relación al presidente en funciones de Madrid, Ignacio González. Una hora después, Lapuerta recibió una segunda llamada, también anónima, donde un hombre le dijo: "Tú ya tienes 95 años y te vas a morir pronto, pero piensa en tus hijos y en tus nietos. Ten cuidado con lo que haces".

La información a la que refería la primera llamada que recibió Alvaro De Lapuerta , según el atestado al que ha tenido acceso eldiario.es, apareció publicada en la página 13 de El País de ayer, 18 de septiembre. Es un perfil de Ignacio González firmado por José Manuel Romero, subdirector del periódico, que se titula " Un heredero todopoderoso bajo sospecha". El artículo se adjunta en la denuncia. El párrafo o en el que se cita a Lapuerta es el siguiente:

(…) En el juego de las amenazas, cuenta un exconsejero, Ignacio González es un “tahúr casi invencible”. Cuando desde la dirección nacional del PP, a través de su extesorero Álvaro Lapuerta, insinuaron prácticas de espionaje por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre y se abrieron investigaciones internas para depurar responsabilidades, González respondió con una jugada cargada de riesgos, según explicaron a este periódico dirigentes del PP conocedores de la maniobra. González difundió informaciones que implicaban a dirigentes nacionales del PP en supuestas presiones para que la Comunidad de Madrid adjudicase varios contratos a empresas que simpatizaban con el PP o eran propiedad de cargos del partido. En Génova entendieron el mensaje, cerraron la investigación interna y olvidaron el caso. González ganó esa partida.

La segunda llamada llegó "una hora después". "Era un hombre que me amenazó a mí y a mi familia", asegura De Lapuerta en el atestado. "Tú ya tienes 95 años y te vas a morir pronto, pero piensa en tus hijos y en tus nietos. Ten cuidado con lo que haces".

Alvaro de Lapuerta es una de las personas supuestamente espiadas por personal contratado por la Comunidad de Madrid, ese escándalo al que otro de los afectados, el exvicealcalde Manuel Cobo, bautizó como " la gestapillo". Aquel episodio no fue el único enfrentamiento entre el extesorero del PP y Esperanza Aguirre e Ignacio González.

En noviembre de 2004, De Lapuerta avisó a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre de una operación inmobiliaria en Arganda del Rey sobre la que existían sospechas de corrupción: la adjudicación de una enorme parcela municipal, la 124 del plan de urbanismo, a un precio inferior al de mercado. A pesar de las advertencias del tesorero del PP, la parcela se la llevó Martinsa. Dicha operación inmobiliaria está hoy judicializada, dentro del sumario de la Gürtel.

Según fuentes del PP, Álvaro de Lapuerta se ha comunicado personalmente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha puesto en conocimiento de lo ocurrido.

Leo en VG247 lo que ellos leen en Bloomberg: al parecer Sony podría haber vendido sus headquarters estadounidenses, un señor edificio de 37 plantas en el 550 de Madison Avenue, Nueva York. El comprador sería la compañía inmobiliaria Cherit Group, que habría soltado cerca de 1.100 millones de dólares sobre una mesa, esperamos, bien reforzada.

Al parecer con este movimiento —que la presidenta de Sony corp. of America, Nicole Seligman, ha tildado de «estratégicamente lógico y adecuado»— Sony espera embolsarse 770 millones de dólares netos y en efectivo después de una buena ronda de pagos de deuda. Sobre la nueva sede, la multinacional está mirando instalaciones la propia Manhattan, donde planean seguir trabajando.

Gran susto en el congreso del Movimiento para los Derechos y las Libertades, el partido que representa a la minoría turca de Bulgaria. Su líder, Ahmed Dogan hablaba en el estrado de una sala de conferencias en Sofía cuando un hombre ha subido al escenario y le ha puesto una pistola junto a la sien. El arma no ha disparado y, en unos confusos segundos, los guardias de seguridad se han abalanzado sobre el atacante. Ya en el suelo y desarmado, ha recibido numerosos golpes y patadas de otros asistentes al congreso.

De momento no ha trascendido la identidad del atacante ni está claro el motivo por el que apuntó con el arma a Dogan. La policía búlgara ha señalado que se trata de un varón de 25 años procedente de Burgas, una ciudad junto al mar negro en la que el pasado verano se registró un atentado contra un autobús con turistas israelíes. También ha trascendido que, además del arma, portaba dos cuchillos. El ministro de Interior, Tsvetan Tsvetanov, ha asegurado que intentó disparar dos veces "pero lo más probable es que la pistola fallara".

El liberal MRF representa a la minoría turca y también a otros musulmanes, que suponen alrededor de un 12% de los siete millones de habitantes que tiene Bulgaría y mayoritariamente llevan viviendo en el país generaciones, desde la época del Imperio Otomano. "La sociedad búlgara es tradicionalmente conocida por su tolerancia, por la aceptación mutua y por el respeto entre diferentes grupos étnicos y religiosos", ha expresado el presidente, Rosen Plevneliev, en un comunicado que tilda lo sucedido de "inaceptable en un estado democrático".

Dogan, que ha sus 58 años lleva casi un cuarto de siglo como líder del partido, ha vuelto al congreso pocas horas después del ataque y ha sido recibido con una gran ovación. Los ataques contra políticos en Bulgaria son poco frecuentes en Bulgaria, aunque en 1996 el entonces primer ministro Andrei Lukanov apareció muerto de un disparo.

Ni una explicación sobre el último capítulo del caso Gürtel ni una referencia a una comisión de investigación interna. Mariano Rajoy ha intentado disipar hoy ante los suyos las sospechas sobre prácticas corruptas habituales en el PP que sobrevuelan el parido desde que el miércoles se conociera que Luis Bárcenas, el extesorero más defendido por el presidente, tuvo hasta 22 millones en cuentas en Suiza. Pero lo ha hecho sin ofrecer ninguna aclaración en torno a los sobresueldos en dinero negro que, según el entorno de Bárcenas, cobraron durante años los dirigentes del partido. Tampoco ha explicado por qué si Bárcenas lleva desvinculado del partido, al menos sobre papel, desde abril de 2010, seguía conservando una sala de trabajo en Génova, 13, con sus documentos.

En cualquier caso, Rajoy ha lanzado algunas advertencias claras en su intervención en el cónclave intermunicipal que se celebra en Almería. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que no le “temblará la mano" para atajar cualquier "irregularidad o conducta impropia” de los militantes populares. “Porque una de mis responsabilidades es que el partido se vea como honrado”, ha agregado. Además, ha insistido en el argumento habitual desde el miércoles: Bárcenas ni otros como él "ya no están en el partido".

Sin embargo, el presidente no ha negado directamente los sobresueldos, aunque si lo ha hecho a su llegada, donde ha ironizado ante los periodistas sobre su existencia: “Sí, hombre”, ha dicho esbozando una sonrisa. Rajoy se ha escudado en la negativa sobre su existencia que han hecho los últimos tres secretarios generales, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ángel Acebes. Es significativa, en este sentido, la omisión del anterior número dos del PP, Francisco Álvarez Cascos, y sus predecesores en el cargo. Nadie, en el partido, parece querer mojarse demasiado. Prácticamente todos los dirigentes hablan de sus casos particulares y hasta la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que ella solo pondría la mano en el fuego por su propia conducta. Tampoco ha mencionado Rajoy, que el lunes reunirá a la Ejecutiva nacional en Génova, la posibilidad de que se ponga en marcha una comisión de investigación interna para esclarecer cómo se aprovechó el extesorero de su actividad en el partido, lo que reclaman algunos destacados barones como Esperanza Aguirre, Alberto Fabra y José Antonio Monago.

Rajoy ha tardado en arrancar. Tras una glosa al trabajo municipal -de hecho era la intermunicipal del PP-, una enorme tanda de agradecimientos y reconocimientos, una mirada a Galicia -donde el partido celebra su congreso regional- finalmente ha entrado en harina. Primero con una loa a la honradez de los políticos y a todos los que trabajan sin cobrar por la política, como los concejales y alcaldes de pequeños pueblos. "No es aceptable que se diga que en política todo es sucio. No es cierto y es injusto, porque he visto a mucha gente que han trabajado mucho y bien en la política, que lo han hecho honradamente, que se hayan podido equivocar", ha subrayado: "En España la inmensa mayoría de las personas que con sus aciertos y sus errores cumplen su obligación honrada y decentemente".

Rajoy ha reclamado, en todo caso, un esfuerzo de ejemplaridad al partido, especialmente ahora que se le están exigiendo grandes sacrificios a los ciudadanos: "Debemos ser más ejemplares en nuestras conductas. Muchos españoles lo están pasando muy mal y solo les podemos pedir esfuerzos si ven que nuestros comportamientos están fuera de toda sospecha".

Ha sido entonces cuando el presidente endureció el tono, refiriéndose, al meollo del caso Bárcenas, nombre que en ningún momento citó, como tampoco habló de sobresueldos o cuentas en Suiza. "Hoy, lamentablemente, nuestro partido es objeto de polémica; estad tranquilos", ha dicho a los suyos: "El PP siempre ha reaccionado con transparencia y rigor cuando ha estado en cuestión".

"Ayer tres secretarios generales han dicho claramente que las cuentas se han ajustado a la ilegalidad y que se han ajustado a la legalidad y los tres son garantías para todos nosotros", ha insistido en referencia a Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal, que puso como escudo de la legalidad de la actuación del partido.

Entre los asistentes a esa cita, los tres vicesecretarios generales del partido, Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la ministra de Fomento, Ana Pastor; el secretario de Política Autonómica del PP, Juan José Matarí; el secretario de Política Local, Manuel Cobo; o el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Lee el discurso íntegro de Rajoy

La polémica generada en torno a los supuestos sobresueldos que el extesorero del PP Luis Bárcenas habría pagado a dirigentes del partido salpica a Mariano Rajoy y a José María Aznar. Según fuente de su entorno que cita este sábado el diario El País, el extesorero pagó a la cúpula del PP durante los últimos años sobresueldos "opacos a la Hacienda Pública", entre los que se incluyen el expresidente del Gobierno Aznar y el actual presidente del Ejecutivo.

Aunque no existen pruebas documentales que avalen dicha información, las mismas fuentes sostienen que tanto Álvaro Lapuerta, anterior tesorero del partido, y el propio Bárcenas dejaron constancia por escrito de dichos pagos.

Para más 'inri', el entorno de Bárcenas ha indicado a El País que este sistema de sobresueldos no declarados al fisco fue ideado por el propio Aznar para que no pareciese que cobraba tanto como presidente del PP.

Fue a partir de entonces cuando se optó por complementar el sueldo oficial de los principales dirigentes con una cantidad mensual, que rondaba los 3.000 euros, una cifra que por aquel entonces era el límite para pagar en efectivo —y que en la actualidad se ha rebajado—. El perceptor, prosiguen las fuentes próximas a extesoreros, tampoco estaba obligado a declarar ese sobresueldo.

Según fuentes próximas a los extesoreros que cita El País, Rajoy heredó el sistema creado por Aznar, pero le disgustaba y, después de cobrarlo "unos meses", renunció a ello.

La cúpula directiva lo niega

Mientras tanto, la directiva del PP ha negado rotundamente haber recibido sobresueldos 'en negro' y ha mostrado su indignación ante el escándalo.

"El que la hace la paga", ha dicho Cospedal en la inauguración de la intermunicipal del PP en Almería, mientras los demás dirigentes han reclamado en los pasillos que todo el peso de la Justicia caiga sobre su extesorero.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que en el Ejecutivo están "sorprendidos e indignados" con esta noticia —"si fuera" cierta, ha matizado—. "Que se aplique la ley con todas sus consecuencias", añadió este viernes. Además, se mostró tajante en cuanto a la percepción de sobresueldos opacos al fisco: "Ni se me ofreció ni se me dio un sobre con dinero y no lo hubiera aceptado".

Rajoy, por su parte, está "extraordinariamente tranquilo", según ha apuntado un miembro de la cúpula del PP.

Los líderes deben atajar la desigualdad global al menos a los niveles existentes en 1990.

La explosión de la riqueza y los ingresos extremos está exacerbando la desigualdad y dificultando la capacidad mundial para atajar la pobreza, según advierte hoy la organización internacional Oxfam en un comunicado hecho público a pocos días del Foro Económico de Davos, que tendrá lugar la semana que viene.

Los 240.000 millones de dólares de ingresos netos de las 100 personas más ricas del planeta bastarían para acabar cuatro veces con la pobreza extrema, según el informe ‘The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all’. (El coste de la inequidad: cómo la riqueza y los ingresos extremos nos dañan a todos). El informe hace un llamamiento a los líderes mundiales para contener los ingresos extremos y que se comprometan a la reducción de la desigualdad, al menos hasta los niveles existentes en 1990.

El 1% de las personas más ricas del planeta han incrementado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años y la crisis financiera no ha hecho más que acelerar esta tendencia, en lugar de ralentizarla.

Oxfam advierte de que la riqueza y los ingresos extremos no solo no son éticos, sino que además son económicamente ineficientes, políticamente corrosivos, socialmente divisores y medioambientalmente destructivos.

Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam afirma: “No podemos seguir fingiendo que la generación de riqueza por unos pocos beneficiará inevitablemente a muchos – muchas veces la realidad es al contrario.”

“La concentración de recursos en las manos del 1% más rico debilita la actividad económica y hace la vida más difícil para el resto – particularmente los que están el los peldaños más bajos de la escalera económica.”

“En un mundo en el que incluso los recursos más básicos, como la tierra y el agua son cada día más escasos, no podemos permitirnos concentrar activos en las manos de unos pocos y dejar a la mayoría pelear por lo que queda”.

Se estima que quienes conforman el 1% más rico utilizan unas 10.000 veces más carbono que un ciudadano norteamericano medio.

Necesitamos un New Deal

Oxfam afirma que los líderes deben aprender de los éxitos actuales de países como Brasil, que ha crecido rápidamente al tiempo que reducía la desigualdad – así como el éxito histórico de los Estados Unidos en los años 30 cuando se implantó del New Deal de Roosevelt que ayudó a reducir la desigualdad y acabar con intereses creados.

Según Hobbs “necesitamos un New Deal global para revertir décadas de incremento de la desigualdad. Como primer paso los líderes mundiales deberían comprometerse formalmente a reducir la desigualdad a los niveles existentes en 1990”.

“Desde paraísos fiscales hasta débiles leyes de empleo, los más ricos se benefician de un sistema económico global que está amañado a su favor. Es hora de que nuestros líderes cambien el sistema para que funcione en el interés de toda la humanidad en lugar de hacerlo para una élite mundial”.

Acabar con los paraísos fiscales – que albergan cerca de 32 billones de dólares (o una tercera parte de la riqueza global) podría generar 189.000 millones de dólares adicionales en recaudación impositiva. Además, el New Deal debería incluir elementos como:

    Revertir la tendencia hacia una forma impositiva regresiva
    Aplicar un tipo mínimo global a las empresas
    Medidas que incrementen los salarios en comparación con los rendimiento del capital
    Incrementar las inversiones en los servicios públicos universales y en redes de protección

Informe en Inglés: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cost-of-inequality-oxfam-mb180113.pdf

La Comisión Europea nunca desbloqueó los fondos para los cursos que destaparon la financiación ilegal de Unió. El Gobierno, que adelantó el dinero a la Generalitat, renunció en abril de 2012 a presentar las facturas correspondientes para recuperar dicha cantidad

Cerrar el caso Pallerols 13 años después le ha costado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC)  poco más de 380.000 euros. El acuerdo al que llegaron la semana pasada con la Fiscalía los cuatro acusados de la trama de financiación ilegal del partido democristiano y el Ministerio Público les permitirá incluso evitar la cárcel. Para el bolsillo del contribuyente, sin embargo, los tejemanejes que se produjeron en el Departament de Treball de la Generalitat entre 1994 y 1999 con los cursos de formación para desempleados tuvieron un coste muy superior. En concreto 5,1 millones de euros, que es lo que la Unión Europea (UE) comprometió del Fondo Social Europeo para cofinanciar el proyecto. El Gobierno central adelantó la cantidad esperando poder recuperarlo más tarde pero Bruselas, ante el proceso judicial abierto, nunca desbloqueó los fondos.

Según fuentes comunitarias consultadas por Público, en abril de 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy "envió una carta a la Comisión Europea comunicando que no presentaría las facturas pertinentes" a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, por lo que renunciaba oficialmente a ese dinero. No es muy difícil comprender por qué teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el caso.

El proceso contra el partido de Josep Antoni Duran i Lleida por financiación ilegal se abrió en 1999. La Fiscalía acusó al exdirector general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y a su hermano, Vicenç Gavaldà, ambos de UDC, de haber adjudicado unos ciclos de formación para desempleados a tres empresas (Ceifsa, Andsa y Teosa) del andorrano Fidel Pallerols. Los tres, junto al militante de UDC, Santiago Vallvé, organizaron un sistema por el cual el 10% de los 8,8 millones de dinero público que se le iba a dedicar a los cursos de manera oficial, retornaría a las arcas de la formación democristiana.   

La idea más extendida es que UDC se financió de esta manera con fondos provenientes de la UE, aunque las fuentes consultadas niegan que fuera así ya que, técnicamente, el dinero nunca llegó a España. De hecho, "en 2001 la Comisión suspendió la reserva de los fondos", explican. El caso Pallerols también fue seguido de cerca por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE (OLAF) que explicó a Público que no abrió ninguna investigación por su cuenta "ya que las autoridades españolas competentes estaban lidiando con el problema".

De no haberse abierto una instrucción judicial y si las autoridades comunitarias hubieran liberado los fondos y después descubierto el fraude, España habría tenido que devolver los cinco millones a la UE. El Gobierno no ha tenido que pasar ese mal trago porque los fondos europeos no llegaron a entrar en las arcas del Estado, de donde salieron en concepto de anticipo.

Trece años de proceso y un final sin cárcel

Las pesquisas contra UDC siguieron su curso y en 2002 un informe de la Guardia Civil detectó irregularidades en más de 230 cursos, desveló que ocho de los que el grupo Pallerols decía que estaba impartiendo no existían y que los precios de algunos estaban exageradamente inflados. La instrucción finalizó en diciembre de 2004 y un año después el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cerró el caso por falta de pruebas.

La Audiencia Provincial de Barcelona, sin embargó, atendió los recursos presentados y reabrió todo en 2006. Entre medias se llegó a meter hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la imputación de un aforado. Por fin, en 2010, comenzó el juicio oral.

Las conclusiones del fiscal, Fernando Rodríguez Rey, en febrero de ese año no podían ser más claras: los hermanos Gavaldà y Vallvè "a cambio de su participación decisiva en el otorgamiento de las subvenciones, obtenían del empresario favores económicos para el partido, ellos mismos y otros responsables del Departament" de Treball.

Rodríguez calculó que UDC consiguió desviar 595.000 euros que utilizó para pagar nóminas del partido, mobiliario y productos informáticos. El dinero entraba en caja con facturas falsas. Además del pago del desfalco, solicitó penas de 11 años de prisión para Vicenç Gavaldà y Pallarols, nueve para Lluís Gavaldà y siete para Vallvé. En la acusación aparecían también los nombres de Dolors Llorens, que trabajaba en el Departament en la época del fraude, y María Cruz Guerrero, la mujer del empresario andorrano. Para ellas el fiscal pidió nueve y ocho años de cárcel respectivamente.

Con la firma del acuerdo la semana pasada UDC ha pagado finalmente 388.000 euros. 200.000 de ellos por ser "partícipe a título lucrativo" y 188.000 como "responsable civil subsidiario". Asimismo, asumirá los 260.000 euros de multa para sus miembros envueltos en el Pallerols. Las penas de cárcel se han visto reducidas a la nada. Un año y medio para Lluís Gavaldà, siete meses para Pallerols y Vicenç Gavaldà y una multa económica para Vallvé. Al no tener antecedentes, ninguno acabará entre rejas. Guerrero y Llorens quedaron exentas de cualquier responsabilidad.

La Fiscalía justificó la rebaja de las penas porque los acusados han accedido a devolver el dinero y por los 13 años que ha durado el proceso. El partido evitó el juicio, aún así, nadie se librará de la sentencia, que se publicará en breve. Ni siquiera Duran i Lleida, que en el año 2000 prometió dimitir si se demostraba que UDC se había financiado de manera ilegal pero que ya ha dejado ver que no tiene muy buena memoria. Él sigue negando que fuera así y asegura que UDC ya depuró responsabilidades políticas. 

El magistrado defendió inútilmente que se controló a abogados de la trama por si movían dinero de forma irregular, una medida que tiene base legal y unas sospechas que se han demostrado fundadas

Este jueves 17 de enero se cumplió exactamente un año desde que Baltasar Garzón compareciera en el Tribunal Supremo (TS) para defenderse en el juicio por prevaricación por haber intervenido las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El magistrado alegó que había ordenado las escuchas para “evitar la continuación de la acción delictiva” relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España.

Ley española y europea amparan escuchas contra blanqueo
Las escuchas fueron ordenadas de hecho a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que la investigación alertara de que se estaban produciendo movimientos en las cuentas que Francisco Correa y Pablo Crespo tenían en Suiza cuando ya habían sido encarcelados. Entonces se argumentó que la legislación española justifica la intervención de las comunicaciones para investigar el delito cometido, mientras que la legislación europea advierte de que el derecho de defensa no es absoluto cuando se trata de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Testigos que avalaron derecho de defensa
Además, policías de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera) que trabajaron en la operación antiblanqueo contra la trama Gürtel testificaron en el Tribunal Supremo que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa en las grabaciones que se obtuviesen de los implicados, ya que el objetivo era el control del dinero para evitar nuevos delitos. Todos estos argumentos fueron inútiles y los cabecillas de la trama se salieron con la suya: Garzón fue condenado por el Supremo a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial.

Datos que confirman la necesidad de tomar medidas
Entonces se trataba de escuchas relacionadas con Correa, Crespo y otro de los imputados en la trama, el empresario José Luis Ulibarri. Pero los datos aportados por Suiza en relación al juicio por la Gürtel demuestran que otro de los imputados en la trama, el extesorero del PP Luis Bárcenas, tuvo cuentas en Suiza por valor de hasta 22 millones de euros y transfirió dinero de ellas después de que estallara el caso. El actual juez de la Audiencia Nacional que instruye la Gürtel, Pablo Ruz, ha solicitado por ejemplo a Estados Unidos información adicional sobre dos cuentas del HSBC descubiertas en Nueva York y cuyo titular es Bárcenas a las que se transfirieron 2,5 millones de euros procedentes de sus cuentas en Suiza. ¿No suponen todos estos nuevos datos una corroboración de que Garzón tenía elementos suficientes para actuar como actuó?

Diez años. Ese es el tiempo que ha tardado un equipo mixto de científicos de la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad Wake Forest en hacer realidad lo que en los 80 se planteaba sólo como ficción en películas como Johnny Mnemonic y libros como Neuromante. El descubrimiento, publicado en la revista Journal of Neural Engineering, no es otro que un chip de memoria que permite implantar recuerdos en un cerebro vivo. El chip ha sido testeado con éxito, de momento, en una rata de laboratorio.

El experimento funciona como sigue. Se implanta un chip que registra las ondas cerebrales que llegan al hipocampo, porción del cerebro encargada de la memoria a largo plazo. El chip mide los estímulos que llegan a dos regiones denominadas CA1 y CA3 y que son las que controlan el proceso de aprendizaje y memorización de nuevos conocimientos.

Con el chip registrando datos, los equipos dirigidos por el Doctor Theodore Berger enseñaron a la rata a pulsar una determinada palanca para obtener agua.

Una vez la rata se hizo con el mecanismo. Los científicos anestesiaron la región CA1 con fármacos e hicieron al chip realizar el proceso inverso, o sea, enviar al hipocampo las ondas cerebrales grabadas durante el aprendizaje. La rata, aún con esa parte de su cerebro dormida, era capaz entonces de recordar lo aprendido gracias a los datos contenidos en el chip.

El Doctor Berger señala que si somos capaces de decodificar conocimientos complejos para traducirlos en sus correspondientes ondas cerebrales sería teóricamente posible implantar conocimientos en el cerebro al más puro estilo Matrix.

El límite parece estar en los recuerdos que son más experiencias personales que conocimientos en estado puro. Originalmente, el diseño del cerebro de cada persona es el mismo, pero su estructura de conocimientos posterior depende mucho de las reconexiones que este maravilloso ordenador que llevamos dentro hace con el tiempo.

El descubrimiento, eso sí, abre las puertas a un nuevo y fascinante campo de investigación sobre la curación de enfermedades relacionadas con la pérdida de memoria debido a deterioro cerebral, como el Alzheimer. Con todo, aún tendrán que pasar unos cuantos años antes de que podamos abrir los ojos y decir ‘Ya se Kung Fu’.

Los acompañantes de los enfermos del hospital de l’Esperança pagan desde esta semana por dormir en butacas abatibles. Es una prueba piloto que se podría extender al resto de centros concertados de Barcelona, pero que ya se está llevando a término en ocho hospitales de toda Cataluña y en la maternidad del hospital Clínic.

Se piden 10 euros por dormir 20 horas. Las flamantes butacas que ha estrenado el hospital de l’Esperança son punteras en muchos sentidos y permiten que la persona quede estirada completamente. Dado el elevado precio de estas sillas, ahora se pide a los acompañantes que paguen 10 euros por usar la opción de abatir la butaca durante una noche (hasta 20 horas).

Por el momento, se trata de una prueba piloto que se ha puesto en marcha con 35 sillas. En caso de éxito, se extenderá este nuevo pago aotras centros del Consorcio Sanitario. Según indicaron fuentes del hospital del Mar, esto no pasará en caso de que los acompañantes no usen la opción abatible.

Actualmente, según las mismas fuentes, ya hay ocho centros hospitalarios de Cataluña que cobran por dormir en asientos reclinables. En la maternidad del Clínic también se ha aplicado este pago. Desde la Coordinadora de Usuarios de la Salud Pública, Carme Sabater, pedía este jueves que se tenga en cuenta la situación económica de la familia y denunciaba que cada vez se aplica el pago a más servicios, como, por ejemplo, las comidas o el agua.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la secretaria de Bárcenas que hoy sigue atendiendo sus asuntos desde la sede central del PP

El partido sigue pagando a Bárcenas secretaria, teléfono, coche oficial y parking

Cospedal ha afirmado tras el escándalo del banco en Suiza que "Bárcenas no tiene nada que ver con el PP"

Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, "pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP", según asegura el diario El Mundo este viernes, en una información que atribuye a "cinco fuentes solventes de las sucesivas direcciones del partido".

El diario dice que Bárcenas "distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato", con dinero B procedente "de constructoras, empresas de seguridad y donaciones". Los sobresueldos que percibían suponen un ingreso extra anual de entre 60.000 y 180.000 euros.

"Rajoy, que según fuentes del PP no cobró nunca esos complementos -agrega El Mundo-, instruyó a Cospedal en 2009 para acabar con esta práctica". Y fue la actual secretaria general la que puso fin "a más de 20 años de salarios en negro".

Sin embargo, Luis Bárcenas seguía siendo habitual en Génova, incluso después de que el PP rompiera formalmente con él en 2010 tras su imputación en la trama Gürtel, según informa El País. "Bárcenas ha seguido durante todos estos meses entrando y saliendo con absoluta normalidad y mucha frecuencia (...) de la sede nacional del PP. (...) El extesorero, lejos de haber sido declarado persona nongrata en esa sede, la visitaba con toda la frecuencia que él quería. Además, el citado diario asegura que el extesorero tenía una sala de trabajo con sus documentos. Según El País, muchos comentaban en privado que la presencia de Bárcenas les sorprendía, pero nadie le dijo que no fuera más, "ni siquiera el único con autoridad para hacerlo: Rajoy".

20minutos.es ha confirmado que en la sede de Génova "se le siguen atendiendo las llamadas", como ha explicado una de las personas que trabaja allí, aunque niega "que tenga una secretaria". 

Lo cierto es que, según la información de El Mundo, el extesorero del PP había amenazado "con revelar estos pagos si el partido no le ayudaba a eludir las consecuencias penales del caso Gurtel". Las amenazas de Luis Bárcenas de identificar a los perceptores de los sobresueldos se haría efectiva en caso de que el partido no le librara de "comerse el marrón judicial", según El Mundo. "O le buscan un atajo para sortear la cárcel, o arrojaría "las bombas atómicas" en su poder, dicen que les dijo.

Luis Bárcenas empezó a controlar la contabilidad del Partido Popular desde 1987. En ese tiempo no era extraño que los partidos manejasen dinero en efectivo para gastos corrientes. Las fuentes consultadas por El Mundo dicen que los sobres mensuales llevaban entre 5.000 euros los de los secretarios de área, a los 15.000 que percibían las más altas instancias.

Veinte años de pagos en dinero negro

No fue hasta 2009 que María Dolores de Cospedal, a instancias de Mariano Rajoy, dijo "basta ya" al reparto de sueldos en B que se realizaba desde hacía veinte años en el partido. Los pagos en negro se hicieron con Hernández Mancha, Fraga, Aznar y Rajoy al frente del partido.

Según El Mundo, el dinero salía del pago de comisiones por parte de constructoras tras recibir contratos públicos o de adjudicarles obras en las sedes del PP. Las empresas de seguridad también proveían de dinero negro a la formación política.

La información llega horas después de que se supiera que Bárcenas, que dejó su cargo de senador por el PP en 2009 por su imputación en la Trama Gürtel, tuvo en un banco suizo 22 millones de euros que según justificó procedían de la venta de "cuadros valiosos", que vendía tras restaurarlos, y del negocio inmobiliario, como una promoción de chalés en Baqueira.

Hacienda niega la regularización de Bárcenas

El abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, confirmó este viernes en la Cadena Ser que su cliente había accedido a la amnistía fiscal a través de una sociedad de la que, sorprendentemente, "aún" no conoce el nombre.

El abogado ha asegurado que no sabe "todavía" el nombre de la sociedad titular, "porque estamos explicando la operación para la investigación penal".

Sin embargo, la Agencia Tributaria, en un nuevo y segundo comunicado, ha negado que Luis Bárcenas regularizara diez millones ni a nombre propio ni a través de ninguna sociedad.

"La Agencia Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, interviene de oficio siempre que hay indicios de acciones fiscales irregulares, impulsando las actuaciones administrativas o judiciales que, en cada caso, correspondan. En todas estas actuaciones se analiza toda la información de que dispone la Agencia Tributaria relativa al contribuyente, personas o entidades con él relacionadas o de terceros, incluyendo sus declaraciones", dice el comunicado.

“Hemos llegado a la conclusión de que los chimpancés no sólo se ponen muy cerca del sentido humano de la justicia, sino que los animales pueden tener exactamente las mismas preferencias que nuestra propia especie”, afirma Frans de Waal, uno de los investigadores del Centro Nacional de Investigación Primate Yerkes, de la Universidad de Emory (Estados Unidos), que ha demostrado que los chimpancés poseen un sentido de la justicia que hasta ahora sólo se ha sido atribuido únicamente al ser humano.

Junto a colegas de la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos), los científicos practicaron un juego de ultimátum con los chimpancés para determinar su sensibilidad a la distribución de la recompensa entre dos personas si ambos tienen que estar de acuerdo en el resultado.

Los investigadores dicen que los resultados, disponibles en la edición online de ‘Proceedings of National Academy of Science’ (PNAS), sugieren una larga historia evolutiva de la aversión a la desigualdad humana, así como una preferencia compartida de resultados justos por el ancestro común de humanos y simios.

Según explica el principal autor, Proctor Darby, los seres humanos se caracterizan por ofrecer porciones generosas, como el 50 por ciento de la recompensa, a sus socios, y eso es lo que hicieron en su estudio con los chimpancés.

Para propósitos de comparación directa, el estudio se llevó a cabo también por separado con niños humanos, por lo que lo investigadores analizaron a seis chimpancés adultos (Pan troglodytes) y 20 niños humanos (de 2 a 7 años) en un juego de ultimátum. Un individuo elige entre dos fichas de diferentes colores que, con su colaboración o con la de su pareja, pueden ser canjeadas por recompensas (recompensas pequeñas de alimentos para los chimpancés y pegatinas para los niños).

A una muestra se le ofreció recompensas iguales a ambos jugadores, mientras que en otra se favoreció a la persona que hace la elección a costa de su pareja. El seleccionador necesitaba entregar el testigo a la pareja, algo indispensable para intercambiar con el experimentador para obtener la alimentación, por lo que los individuos necesitan estar de acuerdo.

CHIMPANCÉS Y NIÑOS, COMO ADULTOS

Tanto los chimpancés como los niños respondieron como suelen hacer los seres humanos adultos: si la cooperación de la pareja era necesaria, los chimpancés y los niños dividían la recompensa por igual, pero con un socio pasivo, que no tenía ninguna posibilidad de rechazar la oferta, los chimpancés y los niños eligieron la opción egoísta.

Los chimpancés, que son altamente cooperativos en la vida salvaje, probablemente tienen la sensibilidad de distribuir la recompensa con el fin de aprovechar los beneficios en la cooperación, por lo que, según los autores, este estudio abre la puerta a nuevas exploraciones de los mecanismos detrás de este comportamiento similar al humano.

Ningún socio de Francia se ha declarado aparentemente tan concernido como el Gobierno español por la amenaza terrorista que emana del Sahel donde hubo, desde 2009, cinco rehenes españoles y desde donde Al Qaeda ha lanzado múltiples anatemas contra España. Pero a la hora de arrimar el hombro en la guerra emprendida por París en Malí, el Ministerio de Defensa español solo ha ofrecido un avión de transporte, lo mismo que Dinamarca y la mitad que Bélgica.

Esta aparente contradicción ha suscitado malestar en el Gobierno francés no solo por su modestia, sino por “la tardanza y falta de espontaneidad” con la que Pedro Morenés, el titular de Defensa español, hizo finalmente el miércoles su ofrecimiento, según fuentes diplomáticas francesas en París.

Tras mantener, el miércoles, una tercera conversación telefónica con su homólogo francés, Jean Yves le Drian, Morenés anunció por fin que España pondría un avión de transporte, probablemente un Hércules C-130, a disposición de Francia para trasladar tropas africanas desde sus respectivos países a Malí.

A diferencia de otros aliados, que ofrecieron espontáneamente su ayuda logística, España tuvo que ser solicitada, señalan las mismas fuentes. La aportación española es además escasa con tan solo un avión, lo mismo que Dinamarca, país de Europa del norte con una población nueve veces inferior a la española. Bélgica ha ofrecido dos aviones. Reino Unido ha sido el más generoso.

La segunda queja francesa concierne al sobrevuelo del espacio aéreo español por aviones militares. En tiempos de paz, unos 15 aparatos franceses penetran a diario en los cielos españoles, pero desde que el Ejército francés se lanzó al ataque, su número aumentó a unos 60. Según establecen los acuerdos bilaterales de defensa, París solicitó, el lunes, a Madrid “barra libre” para los sobrevuelos, para no tener que pedir los permisos uno a uno. El jueves por la tarde seguía sin recibir una contestación que, cuando llegue, será seguramente positiva, prevén las mismas fuentes.

El avión Hércules es la contribución española a la ofensiva desencadenada por Francia el viernes en Malí. Defensa también participará en la misión de la Unión Europea para entrenar al maltrecho Ejército de Malí que fue aprobada este jueves por los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete. Defensa enviará a Malí a entre 40 y 50 instructores militares españoles, la décima parte de los efectivos de la misión. París tiene previsto trasladar a Malí a unos 200.

El Ejército argelino ha lanzado un ataque militar para poner fin al secuestro masivo de empleados en una planta gasística en Argelia. Los detalles de la operación son aún muy confusos, pero Argelia da por terminada el asalto, según la agencia estatal de noticias argelina APS, que cita a una fuente oficial sin identificar. Seis rehenes y ocho yihadistas han muerto este jueves, según informa Reuters citando una fuente propia, en el asalto militar a la planta de gas del desierto. La agencia ANI y Al Yazira sostienen, sin embargo, que las víctimas son 34 rehenes y 15 secuestradores. La operación militar "todavía prosigue", según el Gobierno argelino, que asegura que "un número importante de terroristas ha sido neutralizado" y ha reconocido que hay víctimas entre los rehenes.

El grupo afín a Al Qaeda ha dicho a la agencia mauritana ANI que aún mantiene a siete occidentales cautivos: tres belgas, dos estadounidenses, un británico y un japonés. Y Reuters, citando una fuente de seguridad argelina, que otros 25 retenidos habían escapado antes del asalto. La agencia oficial argelina APS asegura que al menos cuatro occidentales (dos británicos, un keniano y un francés) han sido liberados por el Ejército argelino. Argelia sostiene que otros 600 empleados de la planta fueron liberados.

El Ejército argelino ha bombardeado desde el aire con helicópteros al menos un vehículo en el que los yihadistas pretendían trasladar a los cautivos a "un lugar más seguro", según explicaron a la agencia mauritana con la que han estado en contacto desde que empezó el secuestro. El ministerio de Exteriores británico confirmó que se desarrollaba una operación militar contra los secuestradores de la planta de In Amenas, en una remota zona desértica del este de Argelia, cerca de la frontera de Libia.

Reino Unido no fue informado de antemano de la operación por Argelia. El primer ministro británico, David Cameron, ha suspendido el discurso que tenía previsto dar mañana viernes en Holanda sobre la relación de Londres con la UE, y ha afirmado que Reino Unido debe prepararse para escuchar "malas noticias" respecto a los rehenes en Argelia. Además, Cameron telefoneó a su homólogo argelino, Abdelmalek Sellal, en torno a la hora del ataque. "Los argelinos son conscientes de que hubiéramos preferido ser avisados con antelación", aseguró un portavoz de Exteriores británico. El presidente francés, François Hollande, ha declarado este jueves por la tarde que la crisis se está desarrollando en "condiciones terribles, dramáticas. Aún no tengo suficiente información para evaluarlo".  Sí que ha recalcado que este suceso "justifica más la decisión de ir en ayuda de Mali". Japón exige el fin de la operación. Noruega ha expresado su malestar ante la falta de noticias, aunque el primer ministro ha declarado que "aún es pronto para evaluar la operación", informa France Presse. La Casa Blanca ha asegurado: "La operación sigue abierta, estamos pendientes de que se aclaren los hechos".

La planta es operada conjuntamente por la argelina Sonatrach, la británica BP y la noruega Statoil. BP ha ordenado a todo su personal "no esencial" en Argelia que salga del país. Y ha asegurado que carece de "información fiable" sobre el desenlace del ataque militar a las instalaciones gasísticas. 

El grupo, denominado Los que firman con su sangre, secuestró el miércoles a 41 extranjeros y 150 argelinos. Asaltó la planta con la exigencia de que concluya la operación militar lanzada por Francia y varios países africanos para acabar con los islamistas radicales que se han hecho fuertes en el norte de Malí.

La planta gasística de la localidad argelina de In Amenas, en pleno desierto del Sáhara, ha amanecido este jueves rodeada por las fuerzas de seguridad de Argelia mientras en sus instalaciones fueron retenidos unos 40 ciudadanos extranjeros y unos 150 trabajadores argelinos a manos de un grupo de Al Qaeda como represalia por la intervención militar francesa en Malí. Un día después del suceso, los datos todavía eran confusos sobre el número de personas secuestradas y sus nacionalidades.

Dos horas antes de que empezara a llegar información sobre el asalto al lugar, el canal Al Shoroun, citado por la noruega RNK, aseguró que 30 rehenes había logrado escapar, entre ellos 17 extranjeros y 13 argelinos. La cifra de 30 personas fue confirmada por fuentes oficiales a la agencia estatal, pero sin detallar las nacionalidades.

Los secuestradores habían pedido que se retire el Ejército para negociar y han amenazado con hacer volar el lugar. Un portavoz de los yihadistas ha asegurado a la agencia mauritana ANI que habían instalado explosivos alrededor de la planta.

El ministro del Interior argelino, Dahou Ould Kablia, había descartado cualquier tipo de negociación con los terroristas. Sin embrago, el diario digital TSA, citando a un líder local, asegura que el Gobierno argelino estaba dispuesto a dejar marchar a los terroristas sin los rehenes.

En medio de esta situación de tensión, la agencia mauritana ANI informó sobre las 13.30 de que, según los terroristas, un helicóptero militar había bombardeado la planta de gas y ha herido a dos ciudadanos japoneses. La agencia ANI tiene buenos contactos entre los grupos islamistas. El terrorista que dio la información reiteró su amenaza de matar a todos los rehenes se la situación degenera en un enfrentamiento.

En una entrevista telefónica para la televisión francesa France 24, uno de los rehenes relató el miércoles por la noche que los islamistas han obligado a algunos de los secuestrados a llevar cinturones cargados de explosivos. La cadena advirtió que no podía confirmar si los secuestradores le habían obligado a hacer estas declaraciones. El hombre explicó que los secuestradores están fuertemente armados y han amenazado con hacer volar el yacimiento de gas natural si el Ejército argelino intenta liberar a los rehenes.

"Atacaron por dos sitios al mismo tiempo. Accedieron al interior y una vez que se hizo de día se reunieron todos juntos", relató el hombre, con tono tranquilo, en la única parte de la entrevista que ha sido emitida.

El grupo ultrarradical afín a Al Qaeda, dirigido por un histórico terrorista, perpetró el miércoles su mayor secuestro colectivo apresando a unos 40 rehenes occidentales, aunque fuentes oficiales argelinas rebajan a “más de veinte” el número de cautivos. Este secuestro masivo en una planta energética del sureste del país es el mayor desafío terrorista al que se enfrenta el Gobierno argelino desde que en 2003 el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), del que nació Al Qaeda en el Magreb, capturó a 32 turistas en el Sáhara.

Armados hasta los dientes, 60 terroristas atacaron de madrugada un centro de extracción de gas en Amenas, cerca de la frontera libia, al sureste del país. En el asalto murieron dos británicos y un argelino y tres personas (dos británicos y un noruego) resultaron heridas, según las primeras informaciones, aunque aún son confusas. En la planta quedaron secuestrados 41 occidentales, entre los que figuran noruegos, siete estadounidenses y ciudadanos de Francia, Canadá, Japón e Irlanda, entre otros países.

La situación ha puesto en tensión a los Gobiernos occidentales, que hasta ahora estaban de perfil en la crisis maliense. El secretario de Defensa de EE UU, León Panetta, prometió que tomará "todas las medidas necesarias" para rescatar a los rehenes estadounidenses de este "ataque terrorista". El canciller japonés, Fumio Kishida, acordó colaborar con EE UU en torno al secuestro.

Los terroristas obedecen a Mojtar Belmojtar, el responsable del secuestro de tres catalanes en Mauritania en 2009, que a finales del año pasado se escindió de la rama magrebí de Al Qaeda (AQMI) para fundar su propia célula que bautizó “Aquellos que firman con su sangre”.

Aunque se haya separado de Al Qaeda, Belmojtar convive con sus jefes en el norte de Malí y comparte sus objetivos. Llevaba días diciendo que devolverá “ojo por ojo, diente por diente” los golpes que reciban los islamistas en el norte de Malí.

En su último comunicado exigió anoche “el fin inmediato de la agresión contra nuestros hermanos en Malí”. De eso depende la vida de los rehenes. Pero a esa réplica a la intervención francesa se añade otro objetivo: conseguir la excarcelación de varias decenas de islamistas en Argelia.

Los occidentales estaban encerrados en una fábrica del recinto y en sus alojamientos, según Jaled Abu el Abass, que actúa como portavoz de los terroristas. Para dar su versión suele contactar con dos pequeñas agencias de prensa privadas mauritanas, Sahara Media y ANI.

Las instalaciones petroleras y gasísticas suelen estar muy protegidas por seguridad privada y por la Gendarmería. Conseguir introducirse en ellas es una hazaña. BP ha anunciado que la extracción de gas ha quedado paralizada mientras. Por su parte, la española Cepsa ha anunciado que va a evacuar de forma preventiva a todo su personal extranjero de dos campos de crudo que gestiona en el país.

A menos que se ejerzan fuertes presiones, especialmente de EE UU, sobre el Gobierno argelino, “es seguro que se ordenará el asalto a la instalación gasística”, asegura un periodista argelino experto en terrorismo.

En 2003 Argel ya lo hizo para liberar a los turistas apresados, pero solo consiguió rescatar a la mitad y los demás fueron trasladados al norte de Malí. Más recientemente Argel se negó a negociar con el MUYAO, un pequeño grupo asociado a Al Qaeda que secuestró en marzo al vicecónsul argelino en Gao (Malí), Tahir Tuati, al que asesinó en septiembre.

Este lunes una historia surrealista asombró a medio mundo: una mujer de 67 años, llamada Sabine Moreau, partió en su coche desde la pequeña localidad belga de Erquelinnes dirección Bruselas. Allí recogería a un amigo en la Estación del Norte. Era un trayecto corto, de entre 85 y 95 kilómetros, dependiendo de la ruta. Aproximadamente, una hora y cuarto. Pero algo salió mal.

Moreau conectó el GPS del coche para guiarla pero un supuesto error del aparato, unido a otro supuesto descomunal despiste suyo, hizo que en lugar de Bruselas acabara en Zagreb, que en lugar de 85 kilómetros recorriera 1.330, y que en vez de pasar hora y cuarto en el coche pasara dos días. Su hijo, alertado por la desaparición de su madre, avisó a la policía local. Moreau finalmente logró regresar y contó toda la batalla a la policía.

De sus declaraciones se hicieron eco medios locales belgas, parece que inicialmente el Nieuwsblad. De ahí, la noticia-anécdota saltó a medio mundo. Era irresistible: la abuelita que se pierde con el GPS, no se da cuenta, y acaba a casi miles de kilómetros de distancia porque, simplemente, "estaba distraída".

Todo era tan rocambolesco que costaba creerlo. Normal. Sobre todo porque nadie parecía haber hablado ni con Moreau, ni con la policía belga ni con nadie, solo supuestamente los medios belgas. Por aquí lo publicamos también. El hecho de que viniera de corresponsales locales y que hubiera declaraciones a la policía, la hacía creíble. ¿Lo era? ¿Es la historia realmente cierta o es uno más de esos titulares demasiado jugosos que nadie se molesta en comprobar? La historia es cierta... más o menos.

Esta mañana hemos podido hablar directamente por teléfono con la pequeña comisaría local de Erquelinnes que llevó el caso. El jefe de la comisaría (que nos ha pedido no identificarle por su nombre) ha confirmado que sí, es cierta, aunque hay detalles muy importantes que cambian por completo el sentido de la historia. Ahí van:

• El más revelador: Moreau, de 67 años, padece demencia senil leve, confirma la policía. Por lo visto no le impide hacer una vida relativamente normal, pero ella es conocida en el pequeño pueblo de Erquelinnes por sufrir este problema.
• No hubo "fallo" del GPS: según el jefe de comisaría, Moreau simplemente se equivocó al incluir el destino final en el aparato. La edad y su fragilidad mental hizo el resto.
• No llegó al mismo Zagreb, sino a las inmediaciones de la ciudad: no está claro exactamente a qué punto, la policía no lo sabe con certeza, pero es posible incluso que no llegara a entrar en Croacia. 
• Un familiar de Moreau (no nos han podido confirmar si fue su hijo u otro), dio la voz de alarma a la policía local, que pensó que se trataba de una desaparición. 
• La policía local comenzó a investigar y rastreó el itinerario de Moreau mediante las compras que había hecho con su tarjeta de crédito. 
• Al final, Moreau regresó de nuevo a Erquelinnes en coche por su propia cuenta y declaro a la policía, tal y como confirma el jefe de la comisaría del pueblo.

Esa es la historia. Ni más ni menos. 

Real, pero ni fallo de GPS, ni despiste descomunal. Simplemente una señora mayor, con leves problemas mentales a la que la tecnología, y los medios de comunicación, le jugaron una mala pasada.

Los agentes de la Guardia Civil han recibido la orden de identificar a todos los usuarios que acuden a las consultas médicas, en una orden inexplicable.

María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, ha mantenido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la denuncia que realizó ante la Policía en diciembre sobre supuestas cuentas en el extranjero de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, según han informado fuentes jurídicas

Tras la declaración, que ha durado más de hora y media, el juez instructor Pablo Ruz ha dictado una providencia que da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción a fin de que informe sobre la competencia de su juzgado para "el conocimiento de los hechos denunciados".

De igual modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha preguntado al Ministerio Público —representado en la declaración por la fiscal Belén Suárez— por las "ulteriores diligencias" que considera necesario practicar en caso de que defienda la apertura de un procedimiento penal y el "curso que deba darse a las actuaciones".

Mochilas con dinero

Álvarez había denunciado en dependencias policiales la existencia de viajes realizados por Pujol Ferrusola a Andorra portando una mochila con gran cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como a la realización viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.

En esta última ciudad, según la exnovia de Pujol Ferrusola, su entonces compañero mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que "les llevaba muchos negocios a su familia". La mujer también relató ante la Policia que Jordi Pujol Ferrusola realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el que rechazó investigar, por falta de competencia, tanto la denuncia de Álvarez como la del financiero Javier de la Rosa, que aseguró estar sufriendo amenazas por disponer de información sobre el patrimonio de los Pujol.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama de corrupción desarticulada con la 'operación Gürtel', ha localizado otros 2,5 millones de euros en sendas cuentas bancarias en Estados Unidos que estarían vinculadas al extesorero del Partido Popular (PP) y exsenador Luis Bárcenas, informaron fuentes jurídicas. 

Así consta en la comisión rogatoria que las autoridades de Suiza remitieron al juez instructor el pasado 3 de diciembre y en la que se revelaba que el extesorero 'popular' llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta de un banco de Ginebra (Suiza), informaron fuentes jurídicas.

Según la investigación, Bárcenas retiró en 2009 de las cuentas que tenía en el Dresdner Bank, a nombre de la fundación panameña Sinequanon, 2,5 millones de euros que ingresó en otras dos cuentas del HSBC en Nueva York en las que figuraban como titulares dos sociedades llamadas Brixco S.A. y Lindmel International.

La información remitida por Suiza en respuesta a una comisión rogatoria cursada en mayo de 2009 revelaba también que Bárcenas es el verdadero beneficiario de cuatro cuentas en la entidad Dresdner Bank que estaban a nombre de la citada fundación panameña.

Bárcenas, que habría trasladado una parte de estos fondos al banco Lombard Odier Darier en julio de 2009, después de declarar como imputado en el Tribunal Supremo, estaría vinculado a estas cuentas porque los trabajadores de la entidad le identificaron en sus apuntes con "las iniciales L.B., Mister L.B. o L.B.G.". En otra documentación se adjuntaba copia de su DNI.

En la comisión rogatoria, que llegó a la Audiencia Nacional el 3 de diciembre pasado, también consta que los empleados del Dresdner Bank ayudaron a revelar la identidad de Bárcenas, al reconocer que conocían que era miembro del Senado de España e incluso tesosero del Partido Popular.

Las cuentas investigadas habrían sido abiertas en 2001, fecha en la que se habrían iniciado las actividades presuntamente delictivas del exsenador popular. Los fondos vinculados a Bárcenas en Suiza ascendieron a 14.885.976 euros a finales de 2005; 19.757.330 euros en 2006; 22.144.832 al término del ejercicio 2007; 13.673.661 en 2008 y 11.853.921 euros en octubre de 2009.

En ese año todos los fondos se habrían transferido a una cuenta bancaria del Lombard Odier que estaba a nombre de la sociedad mercantil Tesedul S.A.

Información complementaria

El juez Ruz investiga estos hechos en una pieza separada del caso Gürtel, en el que Bárcenas está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales. En su auto traslada toda esta documentación a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nadcional para que elaboren sus correspondientes informes.

También reclama ampliar la comisión rogatoria a Suiza para rastrear los movimientos bancarios anteriores a 2005 de las cuatro cuentas vinculadas a Bárcenas y de otra que estaba a nombre de Eduardo Éraso Campuzano, imputado en la causa y sobre el que existen indicios de su presunta participación en la recepción y transferencia al extranjero de fondos del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que provendrían de intermediaciones ilegales en numerosas adjudicaciones de contratos públicos.

De igual modo, pide la información relativa a titulares, apoderados y beneficiarios últimos de estas cuentas, el extracto de sus movimientos bancarios y la correspondencia que pudieron mantener entre ellos. En el mismo auto pregunta si los investigados podrían tener productos financieros como préstamos, hipotecas, cajas de seguridad, bonos del tesoro, certificados de depósitos y mercado de dinero, tarjetas de crédito y débito o cheques bancarios.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha anunciado este jueves que se suma a la prohibición de todos los vuelos programados con aparatos del tipo Boeing 787 Dreamliner ante los problemas presentados por el nuevo avión de producción estadounidense. En particular, los fallos afectan a las baterías de iones de litio que equipan estos aparatos, pero la empresa que las fabrica, la japonesa GS Yuasa Corp, ya ha anunciado que tardarán "semanas" en cerrar la investigación, lo que augura que la estancia en tierra de los aviones puede prolongarse más de lo esperado.

Un portavoz de la AESA, con sede en Colonia, oeste de Alemania, señaló que la agencia europea se suma así a la decisión tomada ayer por la Agencia Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Al igual que la FAA, la AESA quiere revisar el potencial riesgo de fuego asociado a las baterías del 787 y requiere a los operadores que temporalmente cesen las actividades con estas aeronaves, la gran apuesta de Boeing por competir frente a Airbus. También las autoridades de Japón e India han abierto investigaciones sobre los fallos detectados en los aparatos.

La única compañía aérea europea que dispone de ese tipo de aviones es la polaca LOT, que precisamente ayer realizó su viaje inaugural con uno de sus dos Dreamliner en la ruta entre Varsovia y Chicago. Esta mañana, sin embargo, ha confirmado que dejará en tierra este avión y, además, se ha convertido en la primera que ha anunciado que pedirá compensaciones a Boeing por lo ocurrido. Otras aerolíneas que cuentan con el 787 en su flota y que también han dejado de operar con él además de las japonesas han sido la estadounidense United, que tiene seis, Air India, que opera otros seis de estos aparatos, Qatar Airlines, que dispone de cinco, Ethiopian Airlines, cuatro, y la chilena LAN, que cuenta con tres.

Hasta el momento se han registrado dos incidentes por problemas de sobrecalentamiento de unas baterías de litio situadas en el morro del avión y que ayer mismo obligaron a un avión de All Nippon Airways (ANA) a realizar un aterrizaje de emergencia. Los pilotos de ANA, que es la que dispone de más unidades del 787 con 17 aviones, detectaron en pleno vuelo un olor extraño y humo en la cabina pocos minutos después de despegar de Tokio con destino a Ube. La pasada semana un Dreamliner de Japan Airlines (JAL), que opera otros siete de estos aparatos, sufrió un pequeño incendio en el aeropuerto de Boston por un problema similar.

Expertos del sector de la industria aeronáutica consultados por Reuters explican que el proceso que seguirá a la apertura de una investigación por parte de la FAA será largo y no se atreven a aventurar cuándo finalizará. Ahora, añaden, las autoridades estadounidenses de seguridad aérea y Boeing discutirán los criterios que se seguirán en las inspecciones. Después, una vez identificados los fallos, se establecerá un calendario sobre los cambios a realizar.

Por este motivo, destacan que los problemas acarrearán costes para Boeing, al tiempo que advierten de que el calendario de entregas podría sufrir nuevos retrasos en su fabricación. Su objetivo es acelerar el ritmo para alcanzar las 10 unidades al mes a finales de año. En este punto, el gigante de Everett, cuyas acciones cayeron ayer un 3,4%, afronta nuevas turbulencias tras un proceso de producción controvertido por las externalizaciones, los gastos excesivos y la demora en la puesta en marcha de los primeros aparatos, que llegaron con tres años de retraso.

Ante estas dudas, las principales casas de análisis financiero han optado por reducir el precio objetivo de las acciones de Boeing, que pese a todo superó en 2012 a su rival, Airbus, tras una década como segundo. Una de las más destacadas, Moody's, ha resumido su postura al afirmar que la prohibición de volvar "podría plantear la necesidad de un operativo nuevo, lo que provocará tensiones financieras y forzar retrasos con el riesgo que ello conlleva en la reputación  presiones financieras de Boeing, incluyendo retrasos en los plazos de entrega". Eso sí, fuentes de la industria descartan que haya cancelaciones en los pedidos, tal y como sostiene Hamilton Leeham, que argumenta que las líneas aéreas no tienen otra alternativa ya que los modelos similares de Airbus están agotados y sufren largas listas de espera.

En Japón, los investigadores se centran en el examen de la batería, que aunque está fabricada por GS Yuasa sigue un modelo diseñado por la francesa Thales. "No sabemos si el problema es la propia batería o el sistema eléctrico en el que se integra ", que también puede provocar el sobrecalentamiento que causa los problemas, según un portavoz de la subcontrata. Responsables de la empresa, de hecho, ya habían viajado la semana pasada a EE UU tras el incendio de uno de estos dispositivos en el avión de JAL en Boston. Los problemas del nuevo Dreamliner se han multiplicado en los últimos días con dos incidentes vinculados a las baterías y otros cuatro relacionados con otros problemas aún por determinar.

"Tomaremos todas las medidas necesarias en los próximos días para asegurar a nuestros clientes y viajeros la seguridad del 787 y que puedan reanudar su servicio", dijo el consejero delegado de Boeing, Jim McNerney, ayer por la noche. "Estamos seguros de que el 787 es seguro", aseguró.

Mariano Rajoy aparece vinculado a Luis Bárcenas en la documentación interna del Dresdner Bank, el banco suizo donde el extesorero del PP controló al menos 22 millones de euros mientras ocupaba puesto de máxima responsabilidad sobre el dinero del partido, según la Audiencia Nacional.

En la documentacion del banco suizo sobre Bárcenas a la que ha tenido acceso eldiario.es y que data de noviembre de 2005, se glosan sus relaciones personales y profesionales que puedan tener interés para la entidad financiera. El primero de la lista es Mariano Rajoy, definido en aquel momento como "presidente del PP y jefe de la oposición del Congreso español" y destaca su candidatura en 2004 a la presidencia del Gobierno.

También consta en esa relación de personas muy relacionadas con Bárcenas el exsenador Luis Fraga, sobrino del histórico dirigente popular Manuel Fraga y definido en la documentación de 2005 como responsable de "la comisión del Senado para Iberoamérica". Es amigo íntimo de Bárcenas, con el que ha compartido estudios y aficiones deportivas. Este bilbaíno fue senador por Cuenca en la anterior legislatura.

El tercer nombre es el de José Ramón Varela como "presidente de la sociedad Internet Saludigital", que puso en marcha el portal saludigital.com sobre actualidad médica, hoy inactivo.

Junto al listado de empresas directamente relacionadas con Bárcenas, Dresdner Bank hace referencia a varias sociedades como la concesionaria de autopistas del atlántico, AUDASA, una empresa inmobiliaria citada como "La Moraleja" o una sociedad limitada llamada Padel Set. 

Bárcenas, senador por Cantabria, declaró al Senado en 2008 que sus únicas actividades extraparlamentarias eran su condición de tesorero del partido al que pertenecía y la de presidente del sindicato de obligacionistas de Autopistas del Atlántico (Audasa).

La aerolínea Emirates llevará a Barcelona el primer vuelo regular de un A380, el avión comercial más grande del mundo, los días 24 de febrero y 1 de marzo de 2013, coincidiendo con el Mobile World Congress.

Estos vuelos se operarán como vuelos comerciales regulares y los billetes para viajar a bordo ya pueden ser reservados en su web.

Por primera vez los pasajeros con salida desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat tendrán la oportunidad de viajar en un vuelo regular del A380 desde España. Una vez en Dubai, los viajeros pueden continuar su viaje en este avión, buque insignia de Emirates, a otros destinos de la aerolínea operados con el A380, como Sidney, Melbourne, Auckland, Pekín, Hong Kong, Shanghai, Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur, Seúl, Tokio o Johannesburgo.

A pesar de estos dos vuelos puntuales, Fernando Suárez de Góngora, director de Emirates para España y Portugal, ha descartado que la aerolínea vaya a operar de forma regular con el A380 desde España. "No tenemos planes a corto plazo de operar en España con un A380 de forma continuada, aunque estamos comprometidos con el mercado y con ofrecer el mejor servicio a través de nuestros tres vuelos diarios desde Madrid y Barcelona", ha declarado.

El A380 de Emirates tiene una configuración de tres clases: 14 suites privadas en First Class, 76 asientos-cama en Business Class y 427 asientos en Economy Class, que suman un total de 517 plazas. Dotado de un equipamiento de lujo, el A380 de Emirates cuenta también con dos Onboard Shower Spa para los pasajeros de First Class.

Emirates es el mayor operador del A380 a nivel mundial, habiendo transportado a más de 11,5 millones de pasajeros a bordo desde que introdujo este avión de dos pisos en su flota, en agosto de 2008. La aerolínea ampliará en 2013 sus instalaciones en el Aeropuerto de Dubái con una nueva terminal diseñada específicamente para aviones A380.

El secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, considera que la Fiscalía debe investigar si ha habido tráfico de influencias en el indulto del Gobierno al conductor kamikaze que provocó la muerte de una persona. Además, estima que el ministro de Justicia se debería haber abstenido en esta decisión ya que su hijo trabaja en el bufete que defendió al condenado. 

El dirigente socialista ha instado a la Fiscalía a "investigar de oficio" y "averiguar qué ha pasado con este indulto". "Hay que estudiar e investigar en profundidad ese atisbo claro de tráfico de influencias", apostilló.

Ximo Puig argumentó que la decisión del Gobierno al indultar a una persona condenada a 13 años de prisión por haber conducido durante 5 kilómetros en dirección contraria por la A-7 y que ha matado a una persona "no es racional". "Por esa regla de tres, hay una multitud de condenados que se sentirán agraviados por falta de equidad", exclamó.

Además, el secretario general del PSPV se refirió a la información que este miércoleds publica el diario Levante y que desvela que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el bufete que defendió al conductor kamikaze indultado, el despacho de Uría y Menéndez y que el abogado que le defendió fue Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP.

En opinión de Ximo Puig, "el ministro se debería haber abstenido" en la toma de esta decisión, que la aprobó el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre, teniendo en cuenta además, que el Ministerio de Justicia es el que tramita los expedientes de indulto.

El dirigente socialista también se refirió a la declaración realizada este martes por Gallardón al ser preguntado por este indulto, ya que dijo que no recordaba en ese momento el expediente al que se referían los periodistas.

"Me parece increíble que diga que no sabe nada"

"Me parece increíble que diga que no sabe nada del expediente de un indulto de esas características, de una persona que ha producido un daño enorme y ha podido producir aún más", afirmó. En opinión de Puig, "si el ministro no sabe nada es un irresponsable porque es un tema suficientemente importante para saberlo". "Yo no me creo que no sepa nada, lo razonable para cualquier observador es pensar que sabe demasiado", apostilló.

El Ministerio de Justicia, por su parte, ha reconocido que el hijo de Gallardón trabaja en dicho bufete, pero argumenta que se trata de un despacho muy grande, donde trabajan más de 500 abogados y que tiene 15 oficinas en todo el mundo. Y en relación con el indulto, aunque admite que cuenta con el informe en contra del tribunal y la Fiscalía, señala que el Gobierno tuvo en cuenta otros informes favorables al indulto como el de la prisión y otros informes médicos.

"Un indulto inaceptable"

El dirigente socialista valenciano dejó claro que su partido va a pedir que se revise este indulto porque es, dijo, "a todas luces inaceptable" y demuestra una "gran falta de equidad" que se conceda a una "persona que ha cometido un delito de estas características". Sobre todo, añadió, "es un agravio muy grande a la familia afectada y a toda la sociedad".

En su opinión, las decisiones que está adoptando al Gobierno en este sentido suponen un "relajamiento" en materia de seguridad vial y puedan dar al traste con una política exitosa de tráfico y de prevención de la siniestralidad.

Añadió, en este sentido, que el PSOE estará siempre al lado de las víctimas y defenderá que no haya ninguna política de relajación en uno de los "ámbitos en los que afortunadamente en los últimos años se han conseguido éxitos importantes", aunque constata que "aún es terrible el número de accidentes que se siguen produciendo".